• Se informó que un sujeto dedicado a le venta del ilícito, específicamente en la población, Manuel Rodríguez, tenía contactos en el norte del país, los que luego de adquirir una embarcación, pretendían concretar el millonario negocio.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas

Durante la tarde de este miércoles se realizó la audiencia de control de detención contra los seis colombianos y un chileno que fueron detenidos en las costas de Caldera, norte del país, cuando al interior de una embarcación, a mar abierto, transportaban más de 4 toneladas de marihuana del tipo cripy.

Durante la audiencia se conoció que cinco de los detenidos  no tienen ningún arraigo y vinculación con Chile, no poseen ni domicilio ni cédula de identidad nacional, por lo que según el Fiscal, Jorge Mena, conocían plenamente el contenido de la embarcación. Sólo uno de los detenidos colombianos posee cédula de identidad de Chile, así como se dio a conocer un domicilio en Santiago.

Fueron detenidos el día 17 de noviembre a mar abierto, cuando la embarcación se encontraba a la deriva en las costas de Caldera, esto por personal de la PDI y la Armada quienes logran interceptar el barco. El Fiscal, Jorge Mena, adujo que no se descarta estar en presencia de una asociación ilícita

Datos entregados en la formalización indican que la embarcación mantenía bandera chilena por lo que se procede a fiscalizar. Tras ello el debate se centró en la legalidad, o no, de uno de los detenidos, el ciudadano chileno,  quien previamente al resto de los colombianos ya había sido requerido por la PDI. La defensa adujo ilegalidad de la detención, ya que se le fiscaliza una lancha en Coquimbo y se lo traslada al cuartel policial donde es mantenido hasta las 11 de la mañana del día siguiente, dejándolo libre, alegando la defensa  que el Fiscal, Jorge Mena, ordena que se le incauten tres teléfonos sin la orden judicial. 

Por su parte, el Fiscal Jorge Mena, adujo que desde el 16 de noviembre se contaba con la autorización judicial de entrada y registro, ya que existían antecedentes de la internación de la droga. Esto hizo que el tribunal finamente desestimara  la ilegalidad de la detención.

Este tráfico de drogas tenía como uno de los destinos  Rancagua, esto debido a que el sujeto individualizado con las iniciales L.A.G.P, de la población Manuel Rodríguez, toma contacto con un sujeto en la ciudad de La Serena, esto para concretar tráfico de droga cuyo destino era Rancagua. Se estableció que los contactos del norte del país gestionan el arriendo de una lancha, pero luego deciden comprar una que adaptarían para el transporte de droga en altamar y luego hacerla llegar a tierra.

Se indicó que hay imputados que aún no han sido detenidos, quienes apoyaban el transporte de droga, en tanto, sobre los siete detenidos, el Fiscal Mena solicitó su prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.  Tras la audiencia la magistrada determinó la prisión preventiva de todos los detenidos, con un plazo de investigación de cinco meses. 

SE DISCUTIRÁ COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Según el abogado particular del ciudadano chileno, Carlos Silva, estudiarán esta resolución, ya que alegan la ilegalidad de la detención, la que ocurrió antes de la orden emanada por el tribunal, donde a su cliente se le incautaron celulares sin la orden y sin voluntad del detenido, desde donde se obtuvo información para fundamentar la solicitud de orden judicial de detención.

Además adujo que solicitaron que se hagan por parte de peritos particulares de la defensa algunos peritajes a los teléfonos, con el fin de determinar si los aparatos fueron manipulados por la policía antes de la orden de detención, sumado a que indica que los hechos ocurren en la zona jurisdiccional de la cuarta región, por lo que solicitarán que se declare la incompetencia del tribunal rancagüino.

Por su parte, el Fiscal Jorge Mena, sostuvo que la Fiscalía tiene clara la teoría del caso, creyendo que sí existe una competencia del tribunal de Rancagua, ya que uno de los tipos penales, en este caso la adquisición de droga, se iba realizar precisamente en la ciudad rancagüina.

Sobre el hecho que la defensa de los colombianos adujera que no tenían conocimiento de la droga y que sólo fueron contactados por sus conocimientos como marinos, el Fiscal adujo que ellos tienen una participación fundamental como lo es su transporte, eslabón importante en esta investigación. Agregó que hay órdenes de detención ya despechadas de las que no aportó mayores antecedentes, pero si precisó que la droga habría salido desde un puerto de Colombia.

En tanto, el defensor público y quien representó a los detenidos colombianos, Leonardo Díaz, dio a conocer que sus representados no fueron formalizados por pertenecer a una organización criminal, puesto que se les investiga por el transporte de la droga, para lo cual fueron contactados. De este modo indicó que no son financistas, dueños, y no conocían quien recibiría el cargamento.

Añadió que aún no han declarado ante Fiscalía, creyendo también que el Tribunal de Garantía de Rancagua es incompetente, debido a que los hechos están vinculados en la Región de Coquimbo, situación que debe ser resuelta.

• Se unirán a las cerca de 30 que ya existen en diferentes puntos del principal balneario de la región.

Fernando Ávila F.

En ediciones anteriores les contamos que la comuna de Pichilemu contará con dispositivos para detectar vehículos que tengan encargo por robo. Se trata de una herramienta que estará a disposición de las policías con el objeto de que se pueda investigar un hecho de este tipo, así como que se sepa cuando alguna persona llega en un vehículo que tenga encargo por robo, o que no sea de su propiedad.

Estarán ubicados a la entrada y salida del balneario, y  el sistema estará conectado a un monitor que se ubicará en el municipio, donde se recibe el aviso que una determinada patente tiene el encargo por robo. Será una persona que opere este sistema quien luego trasmitirá el mensaje a las policías.

Pero, las noticias no terminan ahí, ya que el alcalde de la comuna, Roberto Córdova, informó que en el Concejo Municipal se aprobaron más de 45 millones de pesos para la instalación de 12 nuevas cámaras de vigilancia comunitaria, noticia que también ya había adelantado el edil.

Esto con el fin el fin de mejorar la sensación de seguridad de los vecinos y turistas, además de ser una herramienta para las policías comunales. Las nuevas cámaras se unirán a las cerca de 30 que ya existen en diferentes puntos de Pichilemu, convirtiéndose así en una herramienta muy útil, en especial para la época estival, donde la cantidad de población aumenta de manera considerable en el principal balneario de la región.

No se encontraba apta para el consumo humano, por lo cual dispusieron su eliminación en un relleno sanitario.

Fernando Ávila F.

Inspectoresde la Dirección Regional de Sernapesca O’Higgins, en conjunto con efectivos del Retén de Carabineros de Lolol, detectaron en esta localidad un furgón proveniente de la zona sur y que transportaba recursos pesqueros con dirección al Terminal Pesquero Metropolitano de Santiago.

Al inspeccionar el vehículo, hallaron una tonelada de merluza distribuida en 40 cajas, las que eran trasladadas sin sus documentos tributarios ni acreditación de origen legal. El conductor del vehículo quedó citado al 1° Juzgado de Letras de Santa Cruz por infracción al Artículo 65 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en tanto que el vehículo y su cargamento fueron incautados por Carabineros y Sernapesca.

La merluza fue inspeccionada por el personal de la Oficina de Acción Sanitaria de Santa Cruz, determinaron que la pesca no se encontraba apta para el consumo humano, por lo cual dispusieron su eliminación en un relleno sanitario. El furgón utilizado para cometer la infracción, en tanto, quedó custodiado en el aparcadero municipal a disposición del juzgado.

La Encargada Regional de Fiscalización de Sernapesca O’Higgins, María Inés Alcaíno, destacó el buen resultado de este operativo, “el cual fue fruto del trabajo conjunto que se viene realizando con Carabineros de esa jurisdicción”.

 Respecto del hallazgo, Alcaíno señaló que “esto da cuenta de una realidad mayor en cuanto a la pesca ilegal de la Merluza Común. Terminar con este flagelo es responsabilidad de todos, desde la extracción hasta el consumidor final. Como Sernapesca O’Higgins, seguiremos realizando estos controles con el objetivo de desalentar la pesca ilegal en torno a este recurso el cual se encuentra en un estado crítico de conservación”.