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Columnas

Las redes cambian la comunicación, pero no suprimen la política.

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Gran repercusión tuvo el discurso de Nayib Bukele, nuevo presidente de El Salvador, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bukele, a quien se le ha llamado “el primer millenial en acceder al poder”, hizo una apasionada defensa de las redes sociales sociales como instrumento de comunicación política.


En opinión del joven mandatario, “el mundo ya no está en esta Asamblea, sino en la red”. Instituciones y formatos como el de la Asamblea General de la ONU están obsoletos a su juicio. Si no cambian, pueden correr el mismo destino que “Blockbuster, Kodak y los dinosaurios”, ejemplificó Bukele.


“Todos los discursos pronunciados esta semana en esta Asamblea tienen menos audiencia que el video de un youtuber famoso”, recalcó el líder salvadoreño. Bukele hizo hincapié en los recursos que se ahorrarían en viajes y conferencias si la comunicación política entre los mandatarios, y entre éstos y la ciudadanía, se hiciera a través de las redes.


Las redes sociales permiten efectivamente una “nueva forma democrática de comunicación”, según el presidente salvadoreño. Masifican la comunicación y permiten que cada ciudadano del mundo pueda hacer llegar su voz y su opinión en torno a los más variados temas.


Pero esta virtud encierra un peligro: el que se confunda la democratización de las comunicaciones y el mayor control social que permiten las redes con la desaparición de la política. Esto no va a suceder. Siempre van a existir instancias, instituciones y grupos de poder que tomen decisiones políticas. Las redes los pueden controlar y fiscalizar mejor, pero nunca reemplazar y menos eliminar. Es algo que debe ser tomado en cuenta por la ciudadanía.

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Chile en Crisis

Derrota política

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El viernes 18 de octubre, sin lugar a dudas, quedará en la historia como el antes, el durante y el después de nuestra sociedad en democracia. Es tremendamente interesante de analizar el fenómeno social que se está dando. La gente, la ciudadanía, ha cambiado la resignación por la movilización, por la manifestación social. Una que va más allá del alza de $30 pesos en hora punta del metro. La sensación mayoritaria apunta a años de abusos, de una clase política incompetente que no supo estar a la altura de los desafíos, incapaz de valorar la importancia de la palabra empeñada y de responder a las urgencias ciudadanas con visión de país. El mensaje de la gente hacia los políticos es claro: no les creen nada, no hay confianza en ellos, sean del sector político que sean. Pero, en este escenario, no todo es negativo. Porque ha quedado en evidencia que las personas si confían en las personas, en sus vecinos, en sus comunidades. Lo anterior genera que estemos ante un escenario donde comunitarismo, sociedad y cohesión cobren relevancia, dando una señal clara de que cuando la gente se organiza los cambios sociales se producen. Lo anterior, se pasó, es un KO rotundo para políticos egoístas y ambiciosos, que pudieron haber servido a las personas, pero optaron por servirse a sí mismos. Ojalá, algún día, entiendan que todo esto es solo producto de la irresponsabilidad de ellos, no de la ciudadanía.

Rodrigo Duran Guzmán

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Chile en Crisis

DDHH y restricciones al estado de emergencia

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A raíz de las protestas del 18 de octubre en la capital, el Presidente de la República Sebastián Piñera ha decretado el estado de emergencia en algunas zonas territoriales de la Región Metropolitana. La facultad de decretar un estado de excepción está reconocida al Presidente por la Constitución. Lo más delicado en estas situaciones es la restricción o suspensión de algunos derechos fundamentales. En el estado de excepción se autoriza la limitación de la libertad de desplazamiento y del derecho de reunión. Sin embargo, la titularidad de estos derechos no se pierde, sino que sólo se limita su ejercicio. Respecto de la libertad de desplazamiento, sólo se autoriza a controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella. La interpretación estricta de esta facultad obliga a concluir que los militares no pueden detener a una persona, sino en cumplimiento de las garantías constitucionales, esto es, en una situación de comisión de delito flagrante. Además, se faculta a la autoridad militar a autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público. La práctica de estas restricciones está sujeta al cumplimiento de varios estándares consagrados en tratados internacionales de derechos humanos del sistema interamericano y universal, además de haber sido desarrollados por la jurisprudencia y práctica internacional. Entre otras medidas de salvaguarda, la puesta en marcha de una limitación en concreto debe cumplir con los principios de legitimidad en relación con el fin perseguido, necesidad, idoneidad y proporcionalidad estricta. Es indispensable que se realice un control judicial sobre toda limitación al ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente, respecto de las personas que han sido detenidas en las manifestaciones, quienes tienen derecho al respeto de todas las garantías de las personas privadas de libertad. Finalmente, debe subrayarse que todas personas pueden ejercer legítimamente el resto de derechos humanos que no ha sido limitado por el estado de excepción, entre los que se puede mencionar a modo de ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y a la prohibición de la tortura, el derecho a un debido proceso y tutela judicial efectiva y la libertad de expresión.

Dr. Pietro Sferraza
Académico Facultad de Derecho
Universidad Andrés Bello

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Columnas

Una señal para las empresas

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Como resultado del Procedimiento Voluntario Colectivo liderado por el SERNAC la empresa ESSAL presentó una propuesta de compensación a raíz de los cortes de agua producidos en la ciudad de Osorno.


En términos generales, esta nueva propuesta adicional de la empresa implica en promedio cerca de tres meses de facturación residencial sin cobro para los consumidores. Unos $2.300 millones, que serán distribuidos entre los más de 47 mil clientes afectados.


El paso siguiente es que la propia ciudadanía, en un plazo de 10 días, pueda manifestar sus observaciones a través de un formulario que desde este lunes se encontrará disponible en el portal del consumidor www.sernac.cl


Sabemos que este caso afectó gravemente la vida cotidiana de la comunidad de Osorno durante el extenso período que estuvieron sin agua, especialmente aquellas familias que tienen niños pequeños y adultos mayores.


Por eso el SERNAC exigió que la propuesta cumpliera con máximos estándares técnicos, que tenga alcance para todos los afectados, que sea oportuna y adecuada. Así como hemos estado verificando el íntegro cumplimiento de las compensaciones automáticas que exige la Nueva Ley del Consumidor.


En caso que la propuesta sea considerada adecuada por la comunidad y sea aprobada por el Tribunal, el SERNAC velará porque se materialice y monitoreará su cumplimiento.
En caso contrario, el SERNAC presentará una demanda colectiva para que sean los tribunales quienes determinen las compensaciones.


Este grave hecho es una señal a todas las empresas sanitarias del país, respecto al deber de entregar un servicio continuo y de calidad, especialmente cuando estamos hablando de algo tan vital como el agua potable.


La nueva ley del Consumidor que entró en vigencia en marzo pasado, establece que las empresas sanitarias deben descontar obligatoria, directa y automáticamente el tiempo que los consumidores estuvieron sin servicio según una fórmula que la misma normativa establece.


Este es un derecho nuevo en la ley que ha demostrado su importancia con este tipo de casos y lo ocurrido con Osorno. La nueva Ley exige estos descuentos sin mediar trámite alguno por parte del consumidor.


La normativa, en su artículo 25 A, señala que, por cada día sin suministro por causas imputables a la empresa, ésta debe descontar un monto equivalente a diez veces el valor promedio diario de lo facturado en el estado de cuenta anterior al de la respectiva suspensión, paralización o no prestación del servicio. Dicho monto deberá descontarse del siguiente estado de cuenta. Descuento que ya ocurrió en Osorno.


Esto es una señal a todas las empresas sanitarias del país, respecto al deber de entregar un servicio continuo y de calidad, y en caso de ocurrir un corte injustificado, deben ser proactivas para superar la emergencia y también para compensar a todos los consumidores bajo los parámetros que establece la Ley del Consumidor.


EFRAÍN CONTRERAS
DIRECTOR REGIONAL (S) DEL SERNAC

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