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Columnas

Ley “Chao Cables”

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De un tiempo a la fecha, la gran cantidad de cables que conviven en la infraestructura existente en la vía pública (postes, cámaras subterráneas, otros), se ha convertido en un problema para los municipios, organizaciones ciudadanas y el público en general. La instalación de cables para distintos usos, principalmente aéreo, y con un marco fiscalizador poco claro, ha permitido que muchos de estos elementos mencionados que quedan fuera de servicio o en desuso, no sean retirados, generando un impacto visual y daños en otras instalaciones que las soportan. Si bien, los entes fiscalizadores como lo son la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), establecen responsabilidades para aquellos servicios que comparten las mencionadas estructuras, en lo particular empresas de distribución de energía eléctrica y empresas de corrientes débiles (TV cable, telefonía, datos, otros); no existía la obligación de mantener y retirar instalaciones en desuso, principalmente en el sector de Telecomunicaciones. Esta Ley obliga a las empresas a remover estos “escombros aéreos” en un plazo máximo de cinco meses, una vez que el municipio los califique como desechos, y busca aumentar la seguridad, evitar accidentes en eventos climáticos y mantener los cielos despejados. Si la empresa no responde, las municipalidades podrán quitar los cables por su cuenta y el costo será traspasado a la empresa respectiva. Con esta modificación a la normativa, se establecen claramente los responsables, plazos y quienes ejecutarán los trabajos. Las concesionarias y permisionarias de telecomunicaciones, así como las de energía eléctrica, deberán cumplir con los estándares de respuesta ante las emergencias que establezca la normativa técnica de telecomunicaciones y eléctrica a que se refiere la presente disposición, la que considerará plazos máximos de respuesta para distintos tipos de eventos. Todo lo anterior, permitirá despejar considerablemente las calles de estos “escombros o chatarra” aéreas que existen a todo el largo del país y creo que será lo mejor para tener una ciudad más limpia, más hermosa, más amigable y con una mejor calidad vida.

Guillermo Campos Faúndez
Académico Facultad e Ingeniería
Universidad Andrés Bello

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Chile en Crisis

Derrota política

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El viernes 18 de octubre, sin lugar a dudas, quedará en la historia como el antes, el durante y el después de nuestra sociedad en democracia. Es tremendamente interesante de analizar el fenómeno social que se está dando. La gente, la ciudadanía, ha cambiado la resignación por la movilización, por la manifestación social. Una que va más allá del alza de $30 pesos en hora punta del metro. La sensación mayoritaria apunta a años de abusos, de una clase política incompetente que no supo estar a la altura de los desafíos, incapaz de valorar la importancia de la palabra empeñada y de responder a las urgencias ciudadanas con visión de país. El mensaje de la gente hacia los políticos es claro: no les creen nada, no hay confianza en ellos, sean del sector político que sean. Pero, en este escenario, no todo es negativo. Porque ha quedado en evidencia que las personas si confían en las personas, en sus vecinos, en sus comunidades. Lo anterior genera que estemos ante un escenario donde comunitarismo, sociedad y cohesión cobren relevancia, dando una señal clara de que cuando la gente se organiza los cambios sociales se producen. Lo anterior, se pasó, es un KO rotundo para políticos egoístas y ambiciosos, que pudieron haber servido a las personas, pero optaron por servirse a sí mismos. Ojalá, algún día, entiendan que todo esto es solo producto de la irresponsabilidad de ellos, no de la ciudadanía.

Rodrigo Duran Guzmán

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Chile en Crisis

DDHH y restricciones al estado de emergencia

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A raíz de las protestas del 18 de octubre en la capital, el Presidente de la República Sebastián Piñera ha decretado el estado de emergencia en algunas zonas territoriales de la Región Metropolitana. La facultad de decretar un estado de excepción está reconocida al Presidente por la Constitución. Lo más delicado en estas situaciones es la restricción o suspensión de algunos derechos fundamentales. En el estado de excepción se autoriza la limitación de la libertad de desplazamiento y del derecho de reunión. Sin embargo, la titularidad de estos derechos no se pierde, sino que sólo se limita su ejercicio. Respecto de la libertad de desplazamiento, sólo se autoriza a controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella. La interpretación estricta de esta facultad obliga a concluir que los militares no pueden detener a una persona, sino en cumplimiento de las garantías constitucionales, esto es, en una situación de comisión de delito flagrante. Además, se faculta a la autoridad militar a autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público. La práctica de estas restricciones está sujeta al cumplimiento de varios estándares consagrados en tratados internacionales de derechos humanos del sistema interamericano y universal, además de haber sido desarrollados por la jurisprudencia y práctica internacional. Entre otras medidas de salvaguarda, la puesta en marcha de una limitación en concreto debe cumplir con los principios de legitimidad en relación con el fin perseguido, necesidad, idoneidad y proporcionalidad estricta. Es indispensable que se realice un control judicial sobre toda limitación al ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente, respecto de las personas que han sido detenidas en las manifestaciones, quienes tienen derecho al respeto de todas las garantías de las personas privadas de libertad. Finalmente, debe subrayarse que todas personas pueden ejercer legítimamente el resto de derechos humanos que no ha sido limitado por el estado de excepción, entre los que se puede mencionar a modo de ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y a la prohibición de la tortura, el derecho a un debido proceso y tutela judicial efectiva y la libertad de expresión.

Dr. Pietro Sferraza
Académico Facultad de Derecho
Universidad Andrés Bello

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Columnas

Una señal para las empresas

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Como resultado del Procedimiento Voluntario Colectivo liderado por el SERNAC la empresa ESSAL presentó una propuesta de compensación a raíz de los cortes de agua producidos en la ciudad de Osorno.


En términos generales, esta nueva propuesta adicional de la empresa implica en promedio cerca de tres meses de facturación residencial sin cobro para los consumidores. Unos $2.300 millones, que serán distribuidos entre los más de 47 mil clientes afectados.


El paso siguiente es que la propia ciudadanía, en un plazo de 10 días, pueda manifestar sus observaciones a través de un formulario que desde este lunes se encontrará disponible en el portal del consumidor www.sernac.cl


Sabemos que este caso afectó gravemente la vida cotidiana de la comunidad de Osorno durante el extenso período que estuvieron sin agua, especialmente aquellas familias que tienen niños pequeños y adultos mayores.


Por eso el SERNAC exigió que la propuesta cumpliera con máximos estándares técnicos, que tenga alcance para todos los afectados, que sea oportuna y adecuada. Así como hemos estado verificando el íntegro cumplimiento de las compensaciones automáticas que exige la Nueva Ley del Consumidor.


En caso que la propuesta sea considerada adecuada por la comunidad y sea aprobada por el Tribunal, el SERNAC velará porque se materialice y monitoreará su cumplimiento.
En caso contrario, el SERNAC presentará una demanda colectiva para que sean los tribunales quienes determinen las compensaciones.


Este grave hecho es una señal a todas las empresas sanitarias del país, respecto al deber de entregar un servicio continuo y de calidad, especialmente cuando estamos hablando de algo tan vital como el agua potable.


La nueva ley del Consumidor que entró en vigencia en marzo pasado, establece que las empresas sanitarias deben descontar obligatoria, directa y automáticamente el tiempo que los consumidores estuvieron sin servicio según una fórmula que la misma normativa establece.


Este es un derecho nuevo en la ley que ha demostrado su importancia con este tipo de casos y lo ocurrido con Osorno. La nueva Ley exige estos descuentos sin mediar trámite alguno por parte del consumidor.


La normativa, en su artículo 25 A, señala que, por cada día sin suministro por causas imputables a la empresa, ésta debe descontar un monto equivalente a diez veces el valor promedio diario de lo facturado en el estado de cuenta anterior al de la respectiva suspensión, paralización o no prestación del servicio. Dicho monto deberá descontarse del siguiente estado de cuenta. Descuento que ya ocurrió en Osorno.


Esto es una señal a todas las empresas sanitarias del país, respecto al deber de entregar un servicio continuo y de calidad, y en caso de ocurrir un corte injustificado, deben ser proactivas para superar la emergencia y también para compensar a todos los consumidores bajo los parámetros que establece la Ley del Consumidor.


EFRAÍN CONTRERAS
DIRECTOR REGIONAL (S) DEL SERNAC

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