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Editorial

¿Espíritu Navideño?…

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Cuando se habla de algo espiritual se pueden lograr muchas definiciones y formas de afrontar este término, pero nadie duda que lo espiritual se contrapone a lo material.


La ida de regalar en navidad es la de demostrar aprecio por los seres queridos y más cercanos y para ello se recurre a obsequiar algo material que simbolice las buenas intenciones.


Desgraciadamente el espíritu de la navidad, la paz tranquilidad y las demostraciones de amor se pierden en un mar de objetos que nos sentimos obligados a comprar aunque no tengamos el dinero suficiente y por lo tanto terminamos endeudándonos.


Le llaman “consumismo” a lo que tiene caracteres de enfermedad colectiva o de epidemia mundial.
Es difícil vivir en un mundo en el que todos orientan sus vidas hacia el “Tener” más que al “Ser” y al demostrar cariño demostrando también poder por lo que el regalo se mide más por su valor material que por lo que simboliza.


El tiempo de navidad es para todos, el 25 de diciembre es feriado para todos, y por lo tanto es independientes de sus creencias religiosas, un tiempo de reflexión porque de algún modo nuestras vidas se ven enfrentadas a reconocer que vivimos junto a otros con los que tenemos que sumar esfuerzos para hacer nuestras respectivas vidas algo más llevadero y feliz.


Y finalmente esto es lo importante. El regalo navideño debe ser gratificante tanto para el que lo recibe como para quien lo otorga y quien hace un regalo para quedar luego endeudado por muchas cuotas generalmente no es alguien feliz.


Regalar parte de tu tiempo, regalar una sonrisa, regalar palabras, ayudar a los más necesitados no cuestan dinero y reflejan el verdadero espíritu de navidad y justifica perder todo un día de producir bienes materiales. Más aún en tiempos de inquietud como los actuales donde la paz, el amor, el escucharse y respetarse son más necesarios que nunca.

Alejandro González Pino
Director

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Columnas

El necesitado fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas

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Una de las demandas sociales que se han visualizado en los últimos cincuenta días, es la falta de justicia en la aplicación de penas efectivas a la hora de condenar a altos ejecutivos por comisión de grotescos delitos económicos. En el orden de preferencia de las reivindicaciones exigidas por la ciudadanía, figuraba en la posición número tres «Cárcel efectiva para delitos de colusión», en la número cinco de esta priorización se señalaba «cárcel efectiva para delitos de soborno y cohecho» y en la número trece «cárcel efectiva para delitos tributarios», apareciendo recién en el número veinte el aumento del sueldo mínimo.

Solo basta con rememorar casos como La Polar, Penta, SQM o más recientemente las colusiones de «confort», farmacias y precios en los pollos frescos, para entender que delitos de millones de pesos no pueden ser simplemente reparados -a los ojos de la ciudadanía- con clases de ética en una Universidad.

Ante esto, el Gobierno anunció una agenda contra abusos y delitos económicos al inicio de esta semana, pero, al igual que otras demandas sociales, tardará un tiempo en tomar forma.

En nuestro país, ya existe una normativa penal con altas penas para gerentes y directores, que bien podría ser reforzada, considerando que el marco regulatorio está avanzado, con causas en desarrollo pero aún sin sentencias ejemplificadoras por parte de los tribunales de justicia.

Esta ley data de hace 10 años. Con fecha 02 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Con esta norma, Chile cumplía con uno de los requisitos para su ingreso a la OCDE.


Hoy esta ley cuenta con un catálogo de doce delitos, entre ellos cohecho, administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre privados y negociación incompatible.

Casos recientes como el conflicto de interés de Nelson Pizarro, ex- presidente de Codelco por la adjudicación de un millonario contrato en la División Salvador a un ex-socio de su hijo; la formalización de Gerardo Varela, ex-ministro de Educación, en su rol de Presidente del Directorio de Soprole como imputado por administración desleal; la querella de Eduardo Frei contra su propio hermano por apropiación indebida y administración desleal, o la formalización de ejecutivos de ENAP por contaminación de aguas, dan cuenta de la vigencia de esta ley, por pocos conocida y por escasas empresas correctamente aplicada a través de modelos de prevención de delitos.

La máxima administración de la empresa (sin distinción de tamaño), que históricamente estaba protegida de las consecuencias de actuaciones irresponsables de gerentes y directores, cambia radicalmente con esta legislación que impone un deber de dirección y supervisión superior y que es totalitaria en cuanto a su aplicación. El establecimiento de un sistema de prevención de delitos al interior de las empresas debe ser una norma incorporada a reglamentos internos, contratos de trabajo y contratos comerciales, para todos los trabajadores de la empresa, máximos ejecutivos, contratistas y proveedores.

La obligatoriedad de esta norma es alarmantemente desconocida y disminuida, considerando los posibles efectos penales para aquellos socios, directores y gerentes que, por su posición dentro de la organización, pueden comprometer penalmente a la empresa -y comprometerse individualmente- a través de sus actos y decisiones.

Tal vez el descontento social no sería tal, si nuestros Tribunales de Justicia emplearan de manera rigurosa esta normativa legal, aplicando las penas altas y efectivas ante la presencia de los denominados delitos de cuello y corbata.

El Gobierno ahorraría bastante tiempo si esta ley fuera fortalecida en sus penas, aumentando el catálogo de delitos (varios en tramitación como accidentes del trabajo, abuso sexual de menores, actos de discriminación y otros delitos ambientales), y con una apropiada difusión.

Isabel Avilés & Mariangela Pontigo
Abogados
compliance@avilesypontigo.cl

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Editorial

EDITORIAL: Empleo y la incertidumbre

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El INE dio a conocer la tasa de desocupación para la región de O’Higgins, entre los meses de agosto y octubre el indicador alcanzó un 7,4%, disminuyendo 0,9 puntos porcentuales en los últimos 12 meses, estas cifras solo reflejan algunos días tras el estallido social que en nuestra zona comenzó un día después que en Santiago, es decir el 19 de octubre.


Pero ya existen otros números que hablan de que el efecto en el empleo va ser complejo, los despidos en noviembre -por necesidades de la empresa- aumentaron en un 26% , comparado con el mismo mes del año pasado. Mientras que durante los dos primeros días de diciembre ya se contabilizan 930 notificaciones de despidos.


Por lo anterior, no debiera sorprender que en las próximas mediciones del empleo se observe una pérdida neta de puestos de trabajo en sectores como el comercio y los servicios, principalmente pymes, que están entre los más afectados por la crisis.


Sin embargo, tampoco se puede subestimar el impulso que el trabajo temporal en faenas de cosecha pudiera tener en los próximos meses, compensando una posible alza de los desocupados en otros sectores, el problema mayormente se verá entonces en los meses de invierno.
En un contexto donde aún no es posible calcular la magnitud del impacto de la crisis en el mercado laboral regional, la incertidumbre asoma como el principal factor que amenaza el empleo, y en la medida que ese elemento no se despeje, será muy difícil reactivar la economía. Es necesario un urgente impulso a los golpeados sectores de comercia y servicios.

Luis Fernando González V
Sub Director

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Columnas

OPINION: Inversionistas, este es el momento

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Por Gonzalo Kirberg CEO de Cumplo.

Los hechos ocurridos las últimas semanas en Chile han impactado en todos los sectores de la sociedad, generando turbulencias en los ámbitos económico, laboral, legislativo y social. Sin duda, uno de los más afectados han sido nuestras pequeñas y medianas empresas, que como sabemos son un importante motor de la economía.

Sin embargo y más allá de las dificultades que estamos enfrentando, creemos que este momento es crucial para seguir fortaleciendo una cultura empresarial que promueva el emprendimiento, el desarrollo sustentable y el apoyo a pymes locales. Como empresas B, hace tiempo entendimos las dificultades a las que se enfrentan y ese ha sido nuestro propósito facilitando el acceso a capital para que puedan seguir creciendo.

Creemos que iniciativas como flexibilizar los plazos de pago de las Pymes, favorecer el pago al contado u oportuno por parte de las grandes empresas, agilizar el cobro de seguros, como también invertir en pymes, son sólo algunas de las tareas que debemos empujar desde el sector público y el mundo privado.

La situación actual puede representar inseguridad, pero es también la oportunidad de reafirmar el compromiso que tenemos como sociedad para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, abriendo las puertas a inversiones que hoy tienen el doble impacto de potenciar a las pymes y levantar al país. En esta tarea, todos son bienvenidos.

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