Ya cumpliéndose 40 días desde crisis, es preciso compartir algunas reflexiones sobre lo que –a nuestro juicio– ha sucedido en Chile.
A la movilización de casi dos millones de personas subyace un clamor profundo que cuestiona nuestro modelo de desarrollo. Si bien Chile ha avanzado mucho los últimos 30 años, existe un sentir bastante fuerte de que muchos chilenos no han sido parte de ese desarrollo. Así, todavía hay muchos compatriotas que no cuentan con los ingresos necesarios para tener certeza sobre su porvenir. Existe una desproporción demasiado grande entre lo que pueden hacer las elites (políticas, empresariales, animadores de televisión, ciertos líderes sindicales, etc.) y lo que pueden hacer los chilenos. Y ha emergido una clase media que exige participación real, seguridades en temas sociales básicos y un cese efectivo de los abusos y la impunidad. Todo esto nos invita a cuestionar las premisas en que descansa nuestro modelo, estando dispuestos a hacer reformas profundas –por lo pronto– en el ámbito previsional, de salud y del sector público. En lo personal, soy un convencido de que necesitamos mayores dosis de descentralización, solidaridad, fiscalización y competencia, de manera de transitar a una economía social de mercado de verdad.
Lamentablemente los últimos días esa demanda legítima y pacífica ha ido siendo opacada progresivamente por manifestaciones ideológicas y por violencia irreflexiva e instigada.
En ese contexto, la persistencia de ciertos colectivos de mantener las movilizaciones sabiendo que éstas terminarán en actos violentos resulta bastante discutible. Es tiempo de reflexionar sobre la complicidad pasiva de esos dirigentes con los hechos de violencia que venimos presenciando. Que quede claro: nadie dice que ellos están detrás. Pero ¿cuál es su responsabilidad, cuando saben que autoconvocarse sin autorización deriva inevitablemente en destrucción vandálica? .
Por otra parte, es preciso dejar de lado la ingenuidad al momento de abordar la violencia que se ha venido suscitando. El Estado de Derecho y la democracia no tolera que ciertas personas se sientan con la posibilidad de vulnerar los derechos de los demás impunemente. Por eso delega a las policías el uso de la fuerza, sometiéndolas por cierto a estrictos protocolos, validados internacionalmente. ¿Qué pasa si alguien vulnera esas normas y abusa de la fuerza? Tendrá que responder ante la justicia, como cualquier ciudadano. Pero no nos perdamos: la inmensa mayoría de los 20.000 carabineros que día a día salen a resguardar el orden público actúan dentro de los protocolos.
Es tiempo de enfrentar la violencia con decisión y coraje. Para eso, instamos a la oposición a apoyar decididamente la agenda de seguridad propuesta por el Presidente Sebastián Piñera. Y de paso, que tengamos todos una conducta más decidida de condena a la violencia. Ya no hay espacio a vacilaciones temerosas. Es tiempo de actuar.
Diego Schalper, Diputado RN Distrito 15
