Durante la audiencia se conoció que aún está pendiente una pericia que ratifique que el detenido tiene serios problemas de control de impulso. Esto debido a que por delitos similares anteriores se ordenaron estos peritajes en el Servicio Médico Legal, a los que el imputado no ha acudido.
Fernando Ávila Figueroa
Foto: Héctor Vargas
La Policía de Investigaciones la mañana de este lunes entregó detalles de la detención de Michael Alejandro Contreras Rodríguez, que fue detenido por el delito de incendio bajo el contexto de los disturbios por el estallido social del país.
La particularidad del detenido es que se trata de un sujeto que era voluntario del Cuerpo de Bomberos de Rancagua hasta el año 2015 cuando fue expulsado de la institución, quien ya fue detenido por delitos de incendios anteriores, incluso cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total por delito de incendio en la comuna de Rengo. Según el comisario, Carlos Alegría, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI Rancagua se le investiga por daños a la Fiscalía, así como se analiza su vinculación en delitos de incendio en la vía pública.
Según señaló el comisario, el ahora imputado fue identificado luego de análisis de cámaras, logrando la orden de detención, características fiscas y cronología de hechos, antecedentes que aportaron a la Fiscalía.
Por su parte, el Fiscal, Carlos Fuentes, explicó que se le imputan cuatro delitos, dos de desórdenes públicos, un delito de incendio y un delito de daño calificado en el edifico de la Fiscalía de Rancagua. Agregó que sobre el delito de incendios hay variedad de formas de comisión de este tipo de hechos, ya que para que sea delito de incendio, se le debe prender fuego a algo que no es de la persona.
En este caso, asegura que Contreras prendió fuego a unas planchas de madera que fueron sustraídas desde la Fiscalía, con un elemento acelerante, obstaculizando el tránsito con una barricada, lo que jurídicamente -según el fiscal- es un delito de incendio.
Además, el detenido tiene una causa vigente en la comuna de Rengo, donde fue formalizado por cuatro delitos de incendio en una empresa y en una Iglesia evangélica, con una medida cautelar vigente de arresto domiciliario total, la que ha incumplido al menos en cinco oportunidades.
EXTENSA FORMALIZACIÓN
Durante la audiencia de control de detención y formalización, la defensa del imputado pidió que se investigara quién filtró la identidad y datos del imputado a los medios de comunicación, lo que concedió el juez, así como pidió que la detención fuese declarada ilegal , ya que aseguro el defensor las vestimentas con las que circulaba el sujeto en los videos mostrados por el Fiscal, no eran suficientes pruebas como para probar que se trate de su defendido. Adujo que no estaban los supuestos para decretar una orden de detención y que no refleja que estaría participando de una quema en la vía pública.
La Fiscalía por su parte pedía la legalidad de la detención, ya que se levantaron imágenes y su identidad no sale por un análisis comparativo de fotos, debido a que la PDI, al hacer controles, comprueba su identidad, haciéndose frecuente en las marchas a rostro descubierto, pero cuando retrocede en estas mismas marchas, se cubre el rostro, donde se le aprecia con un escudo rojo, incluso se investiga que portaba guantes especiales para fuego.
Finalmente el ex bombero fue formalizado por hechos ocurrido el 25 de noviembre, donde se le acusa de participar en la preparación de una barricada en la Alameda quemando cartones y otras especies, desordenes públicos ocurridos también el 25 de noviembre junto otros daños en la Fiscalía, donde se le imputa desprender una baranda y sacar planchas de madera, daños avaluados en 1 millón 900 mil. Según el fiscal, el imputado prende barricadas con estas planchas, provocando cortes de tránsito y el delito de desórdenes.
Durante la audiencia, el Ministerio Público mostró una serie de videos que asegura muestran al imputado en los hechos delictuales. El fiscal en su alegato también señaló que en su momento el imputado solicitó su reincorporación a la Séptima Compañía de Bomberos Rancagua (había sido expulsado el 2015), solicitud que fue negada por la institución voluntaria.
Incluso el fiscal relató que cuando el imputado era bombero activo llegaba a la Compañía diciendo a sus compañeros que se prepararan, ya que los llamarían a una emergencia, situación que el mismo había generado previamente. También se recordó que cuando trabajaba como guardia de la empresa Rucaray de Los Lirios habría provocado al menos tres incendios intencionales, sumado al incendio de una Iglesia Evangélica que también se vio siniestrada. Esto provocó que estuviera con arresto domiciliario total emanado desde el tribunal de la comuna de Rengo, medida cautelar que rompió.
¿INIMPUTABLE?
Tras la audiencia, el abogado defensor, Cristian Godoy, señaló que se opusieron a la prisión preventiva debido a que existe un problema con los tipos penales. Agregó que de ser considerado responsable, la pena probable puede ser de 61 días, la que puede ser reemplazada con una pena sustitutiva, lo que hace a su juicio que una prisión preventiva es absolutamente desproporcionada, al estar hablando de desórdenes públicos y no del delito de incendios que según el abogado tiene otra finalidad.
Según el abogado el imputado dice que no participó y que sólo andaba protestando pacíficamente. Pese a ello reconoció que el sujeto tiene un problema, con una causa en Rengo donde se está discutiendo su inimputabilidad, por lo que pedirá que se informe el problema que tiene. Es así como no se descarta una posible inimputabilidad disminuida, donde la pena probable podría bajar incluso más, ya que el informe que posee la Fiscalía indicaría que se está en presencia de un pirómano, y de alguien que posee problemas de control de impulso, informe que debe ser confirmado. No descarta el abogado apelar a la determinación.
Por su parte el Fiscal, Carlos Fuentes, adujo que el Juzgado de Garantía había ordenado una pericia psiquiátrica para el imputado, la que se efectuó, y donde se señalaba que el sufría piromanía y un trastorno grave de control de impulso. El Juez de Garantía determinó oficiar para ahondar en el problema de control de impulso, tema que aún debe entregar el Servicio Médico Legal, teniendo en cuenta que el imputado no ha asistido a los peritajes cuando se le ha citado. Cabe destacar que estas pericias dicen relación con hechos ocurridos anteriormente cuando imputado efectuó incendios en la Iglesia y en la empresa Rucaray.
Este informe no influiría en nada en la formalización actual, aseguró el Fiscal, recalcando que no habrá salidas alternativas, ya que no es la primera vez que el imputado está en un tribunal, así como por el número de delitos hace que no pueda optar a salidas alternativas, sumado a que puede ser reformalizado por otros delitos.
El Fiscal añadió que, si el informe del que están a la espera indica que posee un problema grave de control de impulso, sería imposible que permaneciera en libertad, ya que estando libre sencillamente no se va a controlar. Esto implica que deba estar en la cárcel, o en un recinto psiquiátrico, creyendo que es un peligro para la sociedad.
Según el persecutor, el imputado arriesgaría penas por el delito desórdenes públicos que parte en los 61 días a los 540 días, la pena por el delito de daño calificado parte en los 541 días a 3 años, mientras que por el delito de incendio arriesga una pena de 541 días a los 5 años.
Finalmente se decretó la prisión preventiva siendo formalizado por los ilícitos de incendio, desórdenes públicos, daño calificado, con un plazo de 60 días de investigación
