- A ninguno de los 14 sacerdotes investigados se les comprobó algún delito, ya que si bien se acreditó conductas homosexuales, estas no son constitutivas de delito.
Gisella Abarca
Llegó a su fin uno de los casos más bullados de la Iglesia católica chilena conocido como “La Cofradía”, donde se involucró a 14 sacerdotes de la región en supuestos abusos deshonestos y actos reñidos a la formación moral sacerdotal en el momento que este jueves el Ministerio Público decidiera no perseverar en los últimos dos casos investigados al desvincular de la causa al presbítero Cristian Catalán y al ex sacerdote Luis Rubio.
Recordemos que el 18 de mayo de 2018 se reveló uno de los casos más fuertes que remeció a la Iglesia Católica en Chile, cuando se dio a conocer una denuncia que sacudió a nuestra región en la que el sacerdote de Paredones, Luis Rubio era denunciado por abusos a menores de edad.
La denuncia que se emitió por Canal 13, fue encabezada por Elisa Fernández, una ex colaboradora de la Iglesia durante cerca de 14 años y quien se había reunido con el Obispo Diocesano Alejandro Goic, a quien entregó una denuncia escrita y firmada con un listado de 13 sacerdotes, entre los cuales existían algunos que habrían mostrado abiertamente su preferencia sexual por menores de edad.
De acuerdo al reportaje de Canal 13, el sacerdote denunciado pertenecía a una “Cofradía” de gente de la iglesia que se hacían llamar “La Familia” que tenía una estructura piramidal y, para identificar su jerarquía, usaba parentescos femeninos. La organización era liderada por un cura que se hacía llamar “La Abuela” y en la escala luego le seguían “las tías”, “las hijas” y “las nietas”.
LA CAÍDA DE LOS 14
El Ministerio Público hizo eco del reportaje y comenzó a investigar a 14 párrocos de la región. Solicitó, entonces al Tribunal de Garantía de Pichilemu la orden amplia de investigar y el uso de todas las medidas más intrusivas que otorga la legislación: agentes encubiertos, interceptación telefónica y alzamiento de secretos bancarios.
Por estos hechos, el 22 de mayo de 2018, la Diócesis de Rancagua suspendía a 14 sacerdotes de la curia por denuncias de presuntos abusos sexuales y conductas impropias, los que quedaron suspendidos de ejercer el ministerio, sacramentos y pastoral mientras se extendiera la investigación que desarrollaba, además, la Iglesia por parte del Tribunal Diocesano de Prevención de Abusos.
Así, comenzó a desmoronarse una Diócesis comandada hace 14 años por Monseñor Alejandro Goic quien en paralelo era presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos Sexuales a Menores de Edad de la Conferencia Episcopal Chilena, cargo al que tres días después -25 de mayo de 2018- renunciaría de manera indeclinable.
PEREGRINACIÓN POR EL TRIBUNAL DE GARANTÍA
Este terremoto en la iglesia católica local producía sus réplicas cada vez que un sacerdote llegaba hasta el Tribunal de Garantía de Rancagua o Pichilemu para presentar su declaración, pues una bataola de periodistas nacionales y locales se daban cita en las afueras del edificio de justicia para captar las mejores imágenes o contar con alguna declaración de los acusados.
El párroco de Peumo, Héctor Fuentes, fue uno de los primeros en entregar declaración ante Fiscalía de Rancagua a fines de mayo de 2018. Los primeros días de junio, hicieron lo propio los sacerdotes Pichilemu, Pablo Donoso y de El Manzano, Freddy Gorigoitia.
Mientras tanto, el 13 de junio del mismo año, la Fiscalía Regional ordenaba el allanamiento de Obispado de Rancagua hasta donde llegó el OS9 de Carabineros para decomisar diversos antecedentes vinculados a los casos de presuntos abusos sexuales sufridos por menores. La misma diligencia se realizaba en la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago, en la Región Metropolitana.
La madrugada del 28 de junio de 2018, el Papa Francisco le aceptaba la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Rancagua a Monseñor Goic y la Nunciatura Apostólica comunicaba además el nombramiento de Monseñor Fernando Ramos como Administrador Apostólico de la Diócesis en cuestión.
Goic había presentado su renuncia el 2015 luego de haber cumplido 75 años, edad que se establece la obligación de obispos y otros cargos de la curia a presentar su renuncia al pontífice, siendo la potestad de éste aceptar o prorrogar su cargo; no obstante, fueron estos tristes hechos los que lo separaron de su querida Diócesis de La Santa Cruz. Así, el viernes 7 de julio del año pasado, ante una Catedral de Rancagua con gran cantidad de fieles, el ahora obispo emérito de la ciudad, monseñor Alejandro Goic, ofició su misa de despedida.
LOS SOBRESEÍDOS Y UNA TEORÍA QUE FUE SEPULTADA
Seis meses duró la investigación sin que el Ministerio Público hallara víctimas o delitos que le permitieran formalizar a los sacerdotes. Y en septiembre del 2018, el bullado caso de “La Cofradía” comienza a tener un revés, pues aparecen los primeros sacerdotes sobreseídos. El jueves 27 de ese mes, el Tribunal de Garantía de Pichilemu determinó sobreseer a tres sacerdotes que fueron declarados inocentes de la investigación pues se determinó que su actuar no era constitutivo de delito, así Gino Bonomo de la comuna de Pumanque, Aquiles Correa de La Compañía en Graneros y Fernando Armijo de San Vicente, fueron sobreseídos totalmente en la causa.
En el caso del último sacerdote, quien era sindicado como el líder de “La Cofradía”, se descartó alguna conducta especifica que afectara la integridad de un menor. Así, la propia Fiscalía Regional reconocía que La Cofradía jamás existió, desestimándose la figura de asociación ilícita criminal.
Dos meses más tarde -25 de noviembre de 2018- el Obispado de Rancagua informaba del fallecimiento del sacerdote Fernando Armijo de San Vicente, quien había perdido la vida luego de haber sufrido un accidente en su domicilio el día sábado 24.
Llegó el año 2019 y el jueves 31 de enero, en el Juzgado de Garantía de Pichilemu se realizó la audiencia de sobreseimiento definitivo para cinco sacerdotes más que fueron vinculados en la investigación.
Se trataba del padre Héctor Pulgar de la parroquia Santo Cura de Ars de Rancagua, el sacerdote Ernesto Castro de la parroquia San Nicodemo de Coinco, el Padre Robinson Piña de la parroquia San José de Chimbarongo, el padre Hugo Yáñez de la parroquia San Agustín de Rancagua y el padre Miguel Ángel Riveros, párroco de San Enrique de Chimbarongo, para este último los primeros días de mayo el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación, situación que lo desvinculó de esta causa al igual que ha ocurrido con otros 7 sacerdotes.
El 20 de junio de este año, el Juzgado de Garantía de Pichilemu decretó el sobreseimiento de dos sacerdotes: Óscar Zúñiga de Las Cabras y el ex párroco Freddy Gorigoitía de la Parroquia San José de El Manzano. En la audiencia, el Ministerio Público también comunicó su decisión de no perseverar la investigación contra el párroco Pablo Donoso de Pichilemu y el ex sacerdote Héctor Fuentes de Peumo.
DE LOS 14 CURAS, TODOS ERAN INOCENTES
De los 14 sacerdotes vinculados al caso Cofradía, 9 sacerdotes fueron sobreseídos definitivamente, se trata de Héctor Pulgar, Ernesto Castro, Robinson Piña, Hugo Yáñez, Óscar Zúñiga, Gino Bonomo, Aquiles Correa, Fernando Armijo (fallecido) y el ex sacerdote Freddy Gorigoitía.
En tanto, el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación de los presbíteros Miguel Ángel Riveros, Pablo Donoso y el ex sacerdote Héctor Fuentes.
En junio de este año, el tribunal estimó necesario mantener la investigación respecto al cura Cristian Catalán y al ex sacerdote Luis Rubio, imputados que fueron notificados de la solicitud de no perseverar en la investigación por parte del Ministerio Público al no encontrar hechos vinculados a delitos, audiencia que se llevó a cabo este jueves 12 de diciembre en el Tribunal de Garantía de Pichilemu con la que se pone fin a esta historia que afectó la vida de 14 personas inocentes por más de un año y medio.
INVESTIGACIONES BAJO LA CUSTODIA DE LA IGLESIA
En cuanto a las investigaciones realizadas por parte del Tribunal Diocesano de Prevención de Abusos de la Iglesia, existen tres investigaciones de los presbíteros Pablo Donoso de Pichilemu; Óscar Zúñiga de Las Cabras y Cristian Catalán de San Fernando, donde sus investigaciones previas aún no han concluido.
En tanto, Héctor Fuentes, Fredy Gorigoitia y Luis Rubio, estos tres casos fueron a Roma, a los que el Papa les concedió la dimisión que habían solicitado, perdiendo así el estado clerical, dejaron de ser sacerdotes.
