- La solicitud la realizó el sacerdote Juan Carlos Urrea con el fin de acceder legalmente a la carpeta de la Investigación Previa.
Gisella Abarca
Este lunes 10 de febrero, el abogado del ex párroco de Santa Cruz, Juan Carlos Urrea, Abelardo Meza, recibió la copia de la Investigación Previa, un texto de 80 páginas, de parte del Obispado de Rancagua, esto luego que la Corte de Apelaciones de Rancagua -el 3 de febrero- acogiera parcialmente el Recurso de Protección, presentado en contra del Obispo Fernando Ramos, Administrador Apostólico de la Diócesis de Rancagua, esto con el fin de acceder legalmente a la carpeta de la Investigación Previa.
“Este documento nos permitirá conocer todo lo obrado en esta Investigación Previa (denuncia, declaraciones de testigos, testimonios, etc.), que permitirá tener todos los elementos necesarios para estructurar una defensa civil y canónica de acuerdo a las normas del debido proceso. Lo mismo en cuanto a preparar, como lo exigen las leyes de mi país, una adecuada defensa letrada en todos los foros e instancias que sean necesarios”, expuso en una carta el presbítero Juan Carlos Urrea.
En el escrito, la Corte de Apelaciones de Rancagua señala que “al no entregarse la información de la Investigación Previa al recurrente, se establece una discriminación arbitraria, garantía comprendida en el numeral dos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, protegida por el presente recurso, en el entendido de que tal afectación se encontraría vulnerado el derecho a defensa que posee toda persona que es una manifestación mínima y básica del debido proceso”, considerando que el proceso canónico y penal se encuentra vigente.
Respecto al proceso que le ha tocad vivir, el ex párroco de Santa Cruz expuso en un comunicado “Quiero señalar que en este difícil momento que me ha tocado vivir, he ido consolidando en mi ser y actuar que la búsqueda de la verdad y la justicia serán un camino que habrá que recorrer de manera incansable”, argumentó el presbítero.
Cabe destacar que el 8 de enero, el sacerdote Juan Carlos Urrea presentó ante la Corte de Apelaciones de Rancagua un Recurso de Protección en contra del Obispo Luis Fernando Ramos, con el fin de acceder legalmente a la carpeta de la Investigación Previa y así poder estructurar una adecuada defensa legal y canónica.
En el papel, el presbítero denunciaba que el acceso al documento había sido denegado a su abogado por parte del Obispado de Rancagua, señalándose que ‘la copia de las actas de una investigación no pueden ser proporcionadas, excepto por un mandato expreso del Juez’.
Y es que a juicio del sacerdote Urrea, el Proceso Canónico realizado desde la toma de la denuncia y la realización de la Investigación Previa, “se han incurrido en graves faltas que han afectado los principios del debido proceso”, copia que fue enviada a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el pasado 3 de octubre del 2019, expresaba.
En ese entonces el sacerdote dio a conocer que el 10 de enero, por medio de terceros, se enteró del inicio del Proceso Penal Administrativo en su contra, mientras que días antes -26 de diciembre de 2019- le solicitó al Vicario Judicial de la Diócesis de Rancagua tener conocimiento previo de la totalidad del documento, antes de firmar la notificación del Proceso Penal Administrativo.
LA DENUNCIA
En mayo de 2019, el Obispado de Rancagua recibió una denuncia de un hombre que en la década del ‘90, siendo menor de edad, acusaba haber sufrido de abuso sexual por parte del presbítero Juan Carlos Urrea.
A raíz de esta acusación, el Obispado de Rancagua decretó el inicio de una Investigación Previa conforme lo establece el Código del Derecho Canónico y el Protocolo de la Conferencia Episcopal de Chile. Además, como medida cautelar, al sacerdote se le restringió del ejercicio público del ministerio sacerdotal. Mientras que los antecedentes entregados por el denunciante fueron derivados al Ministerio Público.
A fines de agosto de 2019, el Obispado de Rancagua informaba a la comunidad de la finalización de la Investigación Previa, la que determinó que la denuncia era verosímil; es decir, se trata de una acusación que tiene antecedentes suficientes para hacer un juicio canónico al cura, por lo que los antecedentes fueron enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, entidad competente en la materia. Mientras que el sacerdote continuaba con las medidas cautelares dispuestas.
El proceso continuó su curso, y los primeros días de enero, el Obispado de Rancagua informó que la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó iniciar un Proceso Administrativo Penal contra el presbítero Juan Carlos Urrea después de haber recibido las actas de Investigación Previa enviadas precedentemente del obispado, proceso que fue instruido por el Arzobispo de Santiago. Mientras que el presbítero continúa con el ministerio sacerdotal restringido.
