Por Alicia Albornoz, directora social de Fundación Luz

A dos años desde que entró en vigencia la Ley de Inclusión laboral, que establece que los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores deben contratar al menos el 1% de personas con discapacidad, podemos decir que hemos visto muchos avances, pero también es claro señalar que, si bien siempre hay desafíos por delante, existen aristas que se deben mejorar ya que hay problemas de fondo importantes como lo es la educación, que es la base de toda sociedad.

El espíritu de esta ley está enfocado en generar más oportunidades de empleo para personas con discapacidad (PcD), sin embargo, hay una brecha muy grande entre la formación de estas personas y los cargos disponibles.

En la actualidad las ofertas de trabajo que existen son enfocadas para cargos junior, que requieren poca preparación y experiencia, lo que por un lado le da acceso al trabajo a personas menos preparadas, pero evidencia un problema aún mayor: gran parte de la población con discapacidad visual se encuentra en los quintiles más bajos, por lo tanto, las barreras de entrada a una educación inclusiva en todos los niveles (básico, media, técnico y/o universitario) son aún mayores. Dada esta realidad, la preparación y capacitación de estas personas es una realidad que nos exige aún más a las instituciones que trabajamos con esta población.

Sin duda la capacitación y formación del empleo tienen que ir acompañados de una rehabilitación psicológica y funcional. En el caso de la rehabilitación psicológica es fundamental que las PcD asuman sin problemas su nueva realidad, por ejemplo, como lo es en el caso de las personas con discapacidad visual, ya que la mayoría de ellas pierde la visión en el transcurso de la vida siendo muy pocos los que nacen ciegos. En ese sentido es fundamental que se sepan mover solos en la ciudad, que puedan hacer sus compras, que tengan autonomía a la hora de vestirse y arreglarse, pero por sobre todo, que ellos mismos dejen de discriminarse por tener discapacidad, y se sientan capaces de lograr grandes cosas y ocupar cargos de trabajo con mayores exigencias, al igual que una persona sin problemas de visión.

Esta ley tiene que ser analizada y aplicada con otras políticas de Estado. Si no hay Programas de Inclusión Escolar de calidad en todos los establecimientos educacionales públicos y subvencionados, las PcD no podrán potenciar ni desarrollar de manera óptima sus capacidades, dejándolos en desventaja con sus pares sin discapacidad. Lo mismo ocurre con la educación superior. Actualmente pocas instituciones, ya sea técnico, profesional o universitario, se han declarado institucionalmente inclusivas. En este sentido, desde Fundación Luz estamos dando apoyo a algunas instituciones para realizar adecuaciones curriculares para que personas con discapacidad visual, puedan ingresar a la educación superior y así mejorar su empleabilidad e ingresar a puestos de trabajo con mayores remuneraciones.

Finalmente, es importante que todos quienes somos parte de esto sigamos trabajando en una cultura inclusiva, donde la sociedad no mire con lástima a las personas con discapacidad, sino que las reconozca como sujetos de derecho ya que pueden alcanzar los mismos conocimientos y competencias para desarrollarse profesionalmente en cualquier tipo de trabajo o emprendimiento.