Fernando Ávila F.
El martes 16 de junio, sin aviso previo, según la Defensoría Regional, 99 internos fueron trasladados desde Santiago 1 al Complejo Penitenciario de Rancagua y pese a que -de acuerdo al protocolo – se les hizo un procedimiento sanitario que consistió en una Encuesta de Síntomas y Signos Covid-19 y aislarlos en cuarentena por 11 días, fue recién al llegar a La Gonzalina cuando se les tomó el examen para detectar la presencia de Covid 19.
A raíz de esto, se dio aviso que 78 de los trasladados están contagiados con coronavirus, situación que alertó a las autoridades y, por cierto, a los internos y sus familias de la unidad penal rancagüina.
Ante esta situación, el Defensor Regional de O’Higgins, Claudio Aspe, señaló que, si bien entiende la política de descongestionar las cárceles más hacinadas para evitar contagios masivos, no es menos importante que los internos cuenten con el resultado del PCR antes de salir del penal de origen, pues en este caso se ha puesto en riesgo la salud de funcionarios, internos y otros actores del sistema que pudieron participar del operativo.
Asimismo, existe un tema de derechos que puede ser vulnerado, pues si bien los mismos internos de todo el país han coincidido en evitar las visitas, sí se ha dispuesto la entrega de encomiendas, vale decir, los artículos de primera necesidad que sus familiares van a dejar a las unidades penales. Entonces, cabe preguntarse cómo lo harán muchos de los internos trasladados para resolver este tema.
De parte de la Defensoría, señaló Aspe, “hemos oficiado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que – en un trabajo conjunto – permanezcamos atentos al cumplimiento de los estándares mínimos de dignidad y sanitarios que esta situación amerita, no obstante, insistió en que se debe mejorar los protocolos previos a los traslados para evitar contagios masivos en las unidades penales del país.
