Dra. Paz Irarrázabal González
Académica Instituto de Ciencias Sociales
Universidad de O´Higgins
Durante la revuelta social del 18/O y la pandemia de Covid-19 hemos visto un amplio despliegue policial en las calles que ha sido justificado por necesidades de orden público (OP). La frecuente invocación al OP por las autoridades asume esta noción como autoevidente, neutral o técnica y que tiene como objeto la protección del interés de todos los ciudadanos. Sin embargo, este es un concepto político controvertido cuyo contenido depende de las relaciones de poder existente en una sociedad. En Chile se puede identificar dos nociones de OP que han sido influenciadas por ideas desarrolladas en los Estados Unidos.
Una primera noción se vincula al contexto de excepción que se iniciara el 18/O. Al observar las prácticas policiales y los discursos de autoridades es posible reconocer ideas que permiten justificar el uso de medidas de extraordinaria fuerza represiva para la mantención del orden. Como respuesta al estallido social se declaró estado de emergencia constitucional lo que transfirió parte del poder de control del orden a un jefe militar. Esto fue acompañado con toque de queda y respuestas de carácter militar por parte de Carabineros como el uso de carros lanza aguas, lacrimógenas y la intervención de unidades COP. Las facultades habituales de control se consideraron insuficientes contra una violencia que parecía amenazar un orden de carácter más constitutivo de la integridad nacional. Este tipo de amenaza y la reacción militarizada evoca ideas propias de la doctrina de la seguridad nacional importada a Chile desde EEUU en los 70.
Una segunda forma de entender OP es desarrollada en contexto de “normalidad” para la mayoría de los chilenos, a través de una serie de regulaciones y prácticas policiales que determinan las conductas inadmisibles en nuestras calles, tales como, el consumo de alcohol y la venta ambulante no autorizada. Entre las facultades policiales desataca el control de identidad y la práctica de vigilar “incivilidades”. En esta esfera la noción de OP ha sido influenciada por ideas sobre orden urbano propias del punitivismo de EEUU de los años 80: la doctrina de law-and-order o “mano dura” – con su teoría justificadora de las “ventanas rotas” y su práctica policial de “tolerancia cero”. Desde fines de los 90, estas ideas han predominado en el debate político en Chile.
Estas distintas formas en que las autoridades entienden OP tienen impacto en las prácticas policiales y en los niveles de violencia. Además en ocasiones se producen peligrosas continuidades entre ellas. Algunos grupos sufren los dos tipos de control policial en su vida cotidiana, como es el caso de comuneros Mapuche y vecinos de barrios marginalizados sujetos a fuerte intervención policial. En segundo lugar, al tratamiento abusivo de la policía a grupos marginalizados en tiempos de normalidad parece haber funcionado como entrenamiento de represión política, lo que explicaría la existencia de patrones de violencia a lo largo del país. Son ejemplo de esto, los disparos de bombas lacrimógenas a las caras, las “retenciones”, la carencia de registros de las personas detenidas en las comisarías, desnudamientos y sentadillas.
Un aspecto adicional de la vinculación entre las prácticas policiales dice relación con la transferencia de mecanismos de control diseñados bajo los supuestos de los distintos conceptos de OP. Por ejemplo, el toque de queda es una medida distintiva de estados de excepción que ha sido sugerida también como instrumento de control de “incivilidades” realizadas por jóvenes. Por otro lado, la estrategia municipal del “copamiento” para el control de incivilidades fue utilizada para permitir un agresivo control de carabineros de las actividades en Plaza Dignidad en el contexto del 18/O.
Resulta fundamental entonces, que juntos con discutir la pendiente reforma a Carabineros, nos preguntemos cómo la noción de orden urbano usado por autoridades o demandado por la ciudadanía puede repercutir en las prácticas policiales en nuestras calles.
