Dionisio de la Cerda
El Estado necesita ser reformado en profundidad en la nueva Constitución .
Quizás uno de los mayores engaños del aparato del Estado es la creación de “súper ricos” a su amparo, la peor de todas las formas de ganar dinero y, además, el trampolín ideal para la corrupción.
Ni decir que esta categoría de súper ricos desde el Estado la encabezan muchos parlamentarios que, con ingresos que bordean los U$ 350.000.- ( si, trescientos cincuenta mil dólares anuales), se transforman desde el día de su elección en súper ricos. Muchachos recién salidos de la Universidad, pingüinos en su tiempo, que merced a su discurso populista, alcanzaron puestos en el congreso que les significan casi un millón y medio de dólares en su periodo parlamentario. Uno de ellos, muy destacado, argumentó que donaba parte de sus ingresos, lo que en definitiva se descubrió sólo eran aportes a su colectividad política, lo cual le valió ser sancionado por sus pares. El mismo, a pocos meses de ser elegido, tomó descanso en un paraíso tropical invitando a toda su familia. Un auténtico súper/nuevo rico, no de los que emprenden y alcanzan el éxito en el mundo privado asumiendo riesgos y desvelos, sino los de la categoría de colocarse bajo el paraguas del Estado, con los impuestos suyos y los míos.
¿Quiere saber de otros súper ricos desde el Estado? Le propongo piense en Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, pertenecientes al Escalafón Secundario del Poder Judicial, pero los hay desde los que ganan modestos U$ 300.000.- anuales, hasta algunos que bordean los U$ 3.000.000.- Con ese dinero manejan redes de influencias inimaginables, desde ya les permite bloquear toda iniciativa parlamentaria que vaya en detrimento de su negocio, porque muchos, posiblemente, han financiado campañas políticas y otros han puesto a familiares cercanos en cargos públicos o políticos, merced a su influencia.
Ahora tocaré un caso emblemático, un matrimonio súper, súper rico al amparo del Estado. El Honorable Senador de la República por la Región de la Araucanía, capital Temuco, don Francisco Huenchumilla, casado con la Notario de la misma ciudad doña Maria Antonieta Suarez Castro. Ambos deben sumar ingresos anuales por no menos de unos U$ 600.000.-
Obviamente, el Senador es un acérrimo defensor del actual sistema notarial y, desde su cargo, argumentó en contra del Proyecto de Firma Electrónica que permite reemplazar la firma ante notario por la firma electrónica. Es decir, que usted señora o señor, no tenga que hacer fila en la calle por horas para legalizar una simple firma aquí, en el centro de Rancagua, y pueda hacerlo cómodamente desde su computador y, obviamente, a un costo ínfimo.
El Senador argumentó: “el proyecto es para una élite, pues en muchas partes de Chile no hay internet para firmar digitalmente. “. ¿Usted cree eso?
Otro argumento del Senador “el proyecto es un negocio para empresas que certifican la firma electrónica.“. ¿Usted cree eso?
Obviamente, el Senador de los ingresos al cuadrado no dijo que su señora es notario y tiene ingresos de súper rico merced a su nombramiento por parte de Estado, y él no tuvo reparos (con los enormes ingresos que personalmente percibe del mismo Estado) en defender los cuantiosos ingresos que su cónyuge también recibe al amparo del mismo Estado. Ellos son súper ricos al cuadrado.
No quiero aburrir a los lectores, pero les planteo el desafío de descubrir en nuestra Región otros súper ricos al amparo del Estado. Les sugiero busquen entre alcaldes y parlamentarios y comparen lo que eran cuando se iniciaron en la actividad y lo que ahora son en materia económica.
La nueva Constitución debe tener los mecanismos necesarios para hacer transparente la acción del Estado. Desde ya, obligar a abstenerse, o sea no intervenir y no votar, a los que tengan intereses vinculantes en la materia que se legisla; terminar con los nombramientos para privilegiados e influyentes; terminar con las parcelas de ingresos reservados a los mismos, y poner la eficiencia y el beneficio de los ciudadanos como primer y único objetivo por parte de quienes desempeñan funciones o cargos públicos. Estos principios elementales y de sentido común, deben quedar plasmados en la Nueva Constitución.
