Por Patricio Miranda H.

Al mediodía del jueves, Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, visitó junto a la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, el Centro de la Mujer de Santa Cruz.
Allí, conoció el relato de mujeres que habían sido maltratadas por sus parejas y que lograron denunciar la situación.

“Qué me vas a denunciar tú, si no tienes donde caerte muerta”, fue una de las frases que recuerda la subsecretaria Recabarren que escuchó de la boca de una mujer que había sufrido violencia intrafamiliar por parte de su marido.

“Las mujeres están en situaciones muy complejas, muy difíciles, el proceso de decidirse a denunciar puede demorar hasta 7 años”, relata la abogada. La crisis sanitaria, además, tampoco ha facilitado el proceso.

“Las medidas de restricción de movilidad hacen que las mujeres se hayan visto en la imposibilidad o mayor dificultad  de salir de sus casas, buscar apoyo en sus redes cercanas y sigan viviendo con el agresor. Eso es una situación muy delicada. Por eso esta campaña va apuntando en ese sentido”, comenta Recabarren.

Y es que desde tanto desde la subsecretaría como del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género han visto que las denuncias hechas por mujeres en contextos de violencia intrafamiliar han disminuido, pero que los llamados para recibir consejos y orientación frente al tema aumentaron.

En esa línea, Recabarren apunta a que es importante que las mujeres que están en esta situación conozcan la existencia de los Centros de la Mujer, “que les permiten sentirse apoyadas. Hay coordinaciones con Sercotec, con Fosis, para que las mujeres una vez que el agresor o ellas mismas deciden irse de la casa, puedan sustentarse”.

Con todo, Recabarren es cauta al señalar que la denuncia es solo el inicio de un largo proceso, en el que el Estado “es responsable de entregar esa red de apoyo, con elementos ya sea materiales como una casa de acogida, o nuevas capacitaciones y formaciones para que esa mujer se pueda reinventar, reencontrar con sus hijos, con su familia que muchas veces terminan quebradas porque no entienden la decisión de las mujeres de salir de la casa, por ejemplo”.

Así, los Centros de la Mujer buscan ser un pilar donde equipos multidisciplinarios integrados por asistentes sociales, sicólogos, abogados y otros terapeutas buscan brindar apoyo integral.

– Subsecretaria, hay cierta sensación de impunidad, en varios casos de violencia contra la mujer el agresor ya tenía denuncias o se había dado avisos anteriores…

“Hay un proceso que tiene que ver con una respuesta que no es solo multisistémica, sino que también intersectorial, cuando se terminó por formalizar el ingreso del Ministerio Público al Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF). Eso es muy relevante, porque es el Ministerio Público el que lleva las investigaciones y ahí depende de los fiscales, con cuánta acuciosidad, rigurosidad y rapidez puedan llevar adelante las investigaciones y también por parte del Poder Judicial, a través de los Tribunales de Familia con las medidas de protección”.

Así, la subsecretaria plantea que “no puede seguir ocurriendo, y lamentablemente pasa, que una señora nos dijo que había denunciado y se habían demorado tres meses en que el fiscal la llamara”.

“Esa es una realidad ante la que no podemos taparnos los ojos, entonces se hacen acciones como esta que creo son fundamentales, como incorporar al Ministerio Público al CIF, que es bien increíble que no estuviera”, remata.

Así, Recabarren hace el llamado a que las mujeres que estén sufriendo de violencia, ocupen los canales de contacto, marcando el 1455 y al “Whatsapp silencioso” +569 9700 7000. “El objetivo no es solamente que hagan la denuncia, sino que lo hagan porque existe un apoyo”, puntualiza.

“Cuando hay una vulneración por parte de un agente del Estado, tenemos una mayor responsabilidad”

El 02 de febrero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó en Rancagua el informe de seguimiento de las recomendaciones que hizo el organismo autónomo a partir de las denuncias por vulneraciones a los DD.HH. a partir del estallido social.

En el informe se señala que hay casi 3 mil querellas y solo una condena, por el caso de Esteban Carter, quien resultó con una fractura de cráneo por el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza, lanzada por un carabinero en Rancagua. Sergio Micco, director del INDH, señaló en esa oportunidad que «hoy estaríamos más cerca de la impunidad que de la justicia» ¿Coincide con ese diagnóstico?

“El hecho de que hayan violaciones a los DD.HH. en un Estado de Derecho democrático, la obligación del Estado es investigar y sancionar. Y eso se hace a través de los canales institucionales. Hay problemas o ha habido complejidades, que no son parte de mis atribuciones y mandato, que han retrasado las investigaciones”.

En esa línea, la abogada apunta a que son “casos complejos, que se producen muchos de ellos en contextos de manifestaciones, por lo tanto la identificación de las pruebas o de los responsables son complejas. Los períodos de investigación se han alargado además por todo el período de pandemia de 2020 y si bien hoy efectivamente hay un caso que está sancionado con una resolución judicial, hay muchos otros que han empezado a pasar al proceso de formalización y otros que han sido cerrados”.

Por ello, Recabarren asegura que existe un compromiso del Gobierno en hacer el seguimiento a las recomendaciones que tanto le INDH como otras instituciones han hecho sobre estos casos.

“Efectivamente lo que uno quiere es que la justicia llegue. A veces se demora más de lo que uno espera, pero la justicia hoy está funcionando. La institucionalidad del sistema penal en Chile está funcionando, tenemos un Poder Judicial autónomo, un Ministerio Público autónomo y un INDH autónomo, con todos los espacios necesarios. Este año de hecho tienen más presupuesto para poder contratar abogados, llevar bien las querellas y eso solo ocurre en un Estado de Derecho democrático”.

Hay cierta sensación, que han señalado algunos sectores, respecto a los hechos de violencia que el Gobierno siempre sale a condenar, pero con un tono más duro cuando son ataques a Carabineros y con algo más de mesura cuando es a ciudadanos…

“Creo que el Gobierno siempre ha condenado la violencia. Siempre he escuchado al Presidente y al ministro (del Interior) Delgado que han condenado y lamentado con mucho más enfásis la muerte de una persona que otras consideraciones. Siempre va a estar por delante la vida y la integridad de las personas. Ya sea un funcionario del Estado o un civil”.

“Evidentemente cuando hay alguna denuncia o vulneración que se haya hecho por parte de un agente del Estado, tenemos como funcionarios una mayor responsabilidad. Pero me parece que ha sido una constante el hecho de condenar cuando hay violencia, porque creemos que no es el medio para poder explicitar las demandas en democracia”.

¿Cuál es la postura de la subsecretaría sobre una reforma, reformulación o refundación de Carabineros?  

Nosotros participamos desde un inicio, cuando se dio curso en 2018 a la mesa de Seguridad Pública y comenzó con la revisión de distintos ámbitos de las policías. No solo de Carabineros, por las situaciones que en ese entonces ya había en relación a estas instituciones, como el caso Huracán o problemas de corrupción que ya se habían conocido.

Recabarren señala que en estos casos también han tomado en cuenta distintas recomendacinoes, que tienen que ver desde los protocolos de Carabineros a la hora de actuar en manifestaciones pacíficas, a controlar el orden público y otras instancias internas.

“El ministro Delgado habló sobre esos 11 protocolos que han sido conversados con el INDH y la Defensoría de la Niñez y nosotros como subsecretaría hemos sido parte tanto del consejo de la reforma de Carabineros, que se creó con el ministro Gonzalo Blumel en su minuto, que tiene como cualidad haber integrado las recomendaciones que se están trabajando los informes de la mesa de seguridad pública y el informe que hizo el senador Felipe Harboe.

Hoy existe una comisión que está trabajando y lo mencionaba hace unos meses atrás el subsecretario Galli, en duplicar las horas académicas de formación de los Carabineros, que de un año se va a pasar a dos, incorporar en las mallas curriculares cursos de Derechos Humanos, transversalizando el enfoque de derechos y de género. Y nosotros creemos en esa reforma”.