Por: Damaris Abarca
Ajedrecista tetracampeona chilena de la disciplina
Candidata a constituyente por el Distrito 15
Las terribles imágenes que hemos conocido a través de redes sociales que muestran la agresión a un niño de 13 años en un hogar del Sename oprimen el corazón, y deben hacernos reflexionar y movilizarnos. Como candidatas y candidatos a la Constituyente tenemos la obligación ética y política de poner este tema en el centro de la discusión durante la próxima Convención.
En los últimos años, la administración del presidente Piñera ha sostenido hasta el cansancio la necesidad de “poner a los niños primero en la fila”, pero han hecho precisamente lo contrario en estos tres años. Han militarizado la Araucanía, agrediendo a niños inocentes en operativos cargados de racismo y violencia; han sido indolentes ante las brechas que ha evidenciado la pandemia en la educación; por último, han menospreciado a más de ochocientos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia policial desde el Estallido Social hasta la fecha, responsabilizando a sus padres por no tenerlos vigilados y en sus casas.
Un denominador común inspira estas actitudes conservadoras. Para la actual administración, los derechos de los NNA están enteramente circunscritos a la esfera familiar tradicional, la familia “bien constituida” heteronormativa y despolitizada. Más allá de esos límites, los niños, niñas y adolescentes se vuelven incómodos, no tienen derechos, pueden ser peligrosos y deben ser vigilados por los organismos estatales o por colaboradores privados, abriendo un mercado de instituciones cuidadoras. El nuevo servicio que reemplaza a Sename se sostiene en esta misma lógica, que lejos de montar un sistema de garantías que vea a los niños como sujetos de derechos, los concibe como objetos de protección y les ofrece un cuidado focalizado a través de los vouchers, incentivo perverso para la institucionalización prolongada.
En este paradigma, un niño de trece años que arrastra problemas conductuales producto de las agresiones de su pasado no es visto como un sujeto de derechos integrales, sino como una realidad incómoda que debe tratarse mediante el control y la vigilancia.
La discusión constituyente debe cambiar radicalmente esta forma de ver las cosas. La Nueva Constitución debe ser explícita en consagrar, que si bien los padres tienen una potestad primordial sobre la educación y cuidado de los NNA, estos cuentan con una autonomía progresiva que va desarrollándose a lo largo del tiempo y que les garantiza derechos y capacidades para actuar como sujetos sociales y políticos. El Estado debe promover y garantizar que esto ocurra y cuando no pueda hacerlo, tiene la obligación de proveer de un servicio público, integrado en una red más amplia de cuidados, que se haga cargo de aquellos NNA que han visto vulnerados sus derechos, desde una lógica de colaboración con las familias, que no reproduzca prejuicios de ningún tipo y que no distinga entre niños buenos, sujetos de protección y cuidado de niños malos, que deben ser vigilados y reprimidos. Solo así dejaremos de ver estas imágenes horrendas y tomaremos realmente en serio el futuro de la infancia y la adolescencia de nuestro país.
