Por: Rodrigo Mayorga.
Director de Momento Constituyente
Con la elección de convencionales cada vez más cerca, las campañas de quienes aspiran a asumir estos cargos se encuentran ya totalmente desplegadas. En las calles, la franja televisiva y las redes sociales se multiplican rostros y nombres que desean convencernos de cuan bien nos representarán en la redacción de una nueva Constitución. Todos presentan sus eslóganes y las ideas y objetivos que defenderán en la discusión constituyente. Sin embargo, son escasos los candidatos y candidatas que han hecho explícitas sus posturas sobre un elemento a veces ignorado, pero de vital importancia en este proceso: el reglamento de la Convención.
Si bien la Convención Constitucional está “regulada” por la actual Constitución en algunos aspectos –como su duración o el quórum que requiere para aprobar las normas–, existen importantes ámbitos de su labor que no lo están. Preguntas cómo “¿Existirán comisiones dentro de la Convención?”, “¿Serán sus sesiones y lo que se discuta en ellas de conocimiento público o no?” y “¿Qué asignaciones monetarias recibirán sus integrantes para asesorías externas?”, entre otras, solo podrán ser respondidas por el reglamento de la Convención. Este reglamento no forma parte de los elementos predefinidos del proceso constituyente, sino que deberá ser propuesto y aprobado por los y las convencionales. La forma concreta en que funcionará la Convención dependerá entonces de cómo voten nuestros representantes al momento de definir su propio ordenamiento y reglamentación, lo cual tendrá enormes implicancias para la forma en que será escrito el texto constitucional y para el proceso constituyente en su conjunto.
Una de estas implicancias tiene que ver con la participación ciudadana en la redacción de la nueva Constitución. Si algo hemos aprendido en los últimos años, es que no sólo existe en la ciudadanía un deseo de un nuevo orden sociopolítico, sino que un anhelo de hacerse parte de su construcción. Es por ello fundamental que el proceso de redacción constitucional se haga bajo estándares de máxima transparencia y que incluya mecanismos de participación incidente que permitan a la ciudadanía –y especialmente a los grupos históricamente marginados– hacerse parte activa de este proceso. Que ello sea posible dependerá de lo que al respecto establezca el reglamento de la Convención. Es por esto que desde la Red Para la Participación –conformada por una veintena de organizaciones de la sociedad civil, como Momento Constituyente, Ahora Nos Toca Participar, Consti Tu+Yo, Corporación Humanas y ONG Leasur, entre otras– hemos venido realizando un trabajo de discusión y deliberación ciudadana durante los últimos meses. Este verá sus frutos en los próximos días con el lanzamiento de un Compromiso Por la Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente, un documento que propondrá criterios y mecanismos necesarios para garantizar una efectiva participación ciudadana en la Convención, y al cual podrán adscribir actores de la sociedad civil y candidatos y candidatas que quieran hacer público su compromiso con estos.
Es cierto que el reglamento de la Convención pareciera ser un tema más bien técnico y menos central que otros, como la definición de los derechos o el equilibrio de poderes entre el Congreso y el Presidente. Sin embargo, se trata de un aspecto clave del proceso constituyente en que estamos insertos. Cuando escojamos a nuestros convencionales –en abril, mayo o cuando sea –, nos debiera importar mucho la postura que ante este tema tenga el candidato o candidata a quien demos nuestro voto. No hay que perder de vista que una nueva Constitución que no sea reconocida como propia por la ciudadanía chilena, será una base endeble y frágil sobre la cual construir nuestro futuro como país.
