Con todo, en el mismo escrito reconocen que el material solo respondería “aproximadamente un 70% de las observaciones” hechas a la Cormusaf.

Por: Patricio Miranda Humeres

Como la confirmación de algo que han venido denunciando hace años. Así califica Magdalena Valenzuela, presidenta del Sindicato de Funcionarios de la Corporación Municipal de San Fernando (Sifucom), el informe de Contraloría que reveló millonarias irregularidades en la corporación municipal de dicha ciudad, respecto a dineros destinados a educación.

Y es que en el escrito, de 144 páginas y que comenzó a circular la tarde del jueves en medios de comunicación y redes sociales, se detallan gastos que fueron rendidos a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de O’Higgins, pero que la Cormusaf no logró acreditar, por un monto superior a los $1.400 millones, principalmente entre 2017 y 2018.

La respuesta de parte de la Corporación fue mediante una declaración pública, en la que afirman que “las auditorías realizadas a las áreas de Educación y Salud, no se ajustan a la realidad, considerando que no se tuvo a la vista de todos los antecedentes que se cuestionan”.

Esto porque, argumentan, la respuesta de la Cormusaf a los requerimientos que hizo Contraloría, no fue enviada correctamente, lo que explican como “un error de un funcionario de nuestra entidad, que lo envió a un correo electrónico inexistente o fuera de uso, lo que no permitió que la Contraloría Regional tuviera acceso a nuestros descargos”.

Los detalles del informe

El escrito de Contraloría señala, en concreto, que la Cormusaf no logró acreditar el gasto de $1.456.445.336.

En el desglose, se informa que $13 millones corresponderían a “trabajos de mantenimiento a los establecimientos educacionales, remuneraciones, consumo de electricidad, y rendiciones de gastos menores; $1.314.802.575 por pagos de remuneraciones en efectivo sin respaldo documental de su recepción conforme; $103.840.492 por falta de acreditación de otros pagos por adquisiciones y servicios realizados en efectivo; y $24.358.241 asociados a transferencias provenientes de la Municipalidad de San Fernando para solventar el pago a la Caja de Compensación La Araucana”.

El informe señala, además, otras subvenciones millonarias que recibió la corporación y que tampoco fueron rendidas ni respaldadas correctamente, habiendo diferencias entre dineros recibidos y rendidos. Por ejemplo, hubo una transferencia de $500 millones desde la Municipalidad de San Fernando hacia la corporación, de los que esta última solo rindió $365 millones.

Con todo, fue la misma corporación la que informó de saldos remanentes de subvenciones del Ministerio de Educación por casi $8 mil millones. Es decir, dineros que se habían recibido, pero que no se ocuparon.

A raíz de las irregularidades detectadas, el ente contralor inició procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas tanto a la Cormusaf, como a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, en tanto su rol fiscalizador.

Más de una década de auditorías e irregularidades

Este no es el único informe ni la única vez que la Corporación y la Municipalidad de San Fernando son cuestionadas y auditadas por dineros destinados a educación pública.

Este último reporte de Contraloría auditó desde el año 2017, año en el que tanto profesores como asistentes de la educación protagonizaron un paro que derivó en la toma de algunos recintos educacionales, como el icónico Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos de San Fernando (Incosaf), que estuvo ocupado por 29 días.

Ya en esa oportunidad, los trabajadores denunciaban lagunas en cotizaciones previsionales, licencias impagas y bonos que no fueron cancelados, como el de incentivo al retiro.

El escenario se había vuelto crítico, algunos profesores y asistentes incluso dejaron de recibir sus sueldos. La Cormusaf empezó a pagarlos en cuotas, lo que provocó que algunos trabajadores se encontraran con solo un 12% de su sueldo depositado al finalizar el mes.

Así, el 19 de junio de 2017, el alcalde de San Fernando, Luis Berwart, tuvo que ir a dar explicaciones a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a la que también asistió el Contralor Jorge Bermúdez.

En esa oportunidad, Berwart, quien hoy es candidato a la reelección, reconoció una deuda de más de $401 millones. Unos minutos después, Bermúdez arremetió con cifras totalmente diferentes.

Informes y auditorías realizadas desde 2009 evidenciaban una crisis financiera que se arrastraba desde hace tiempo: $1.700 millones en cotizaciones impagas en 2009; un déficit financiero que bordeaba los $4.500 millones en 2011 fueron solo el principio.

De ahí en más, parlamentarios de diversos sectores pidieron incluso la renuncia del jefe municipal. Se abrió incluso un proceso de destitución. Finalmente, todo quedó en nada.

Luis Berwart acusa que la resolución fue compartida de manera “negligente”

Mediante una declaración pública quien ha estado a la cabeza del municipio desde diciembre de 2012 y que ahora, va como candidato a la reelección, por un tercer período señaló que el informe fue compartido de manera “negligente” en el sitio de la Contraloría, “ya que el proceso aún se encuentra en curso a la espera de un dictamen final”.

Argumenta que “en noviembre de 2020, tras una solicitud de Contraloría General de la República, se presentaron los descargos ante el preinforme de la entidad fiscalizadora, los que fueron enviados al organismo por mail a una casilla habilitada para dichos fines, sin embargo, no fueron recepcionados”. Berwart asegura que La Contraloría “acogió mi solicitud para reenviar nuevamente los descargos, los cuales están siendo analizados. Mientras, estoy a la espera de un dictamen final, que en ningún caso corresponde al que fue difundido públicamente”, aseguró al mismo tiempo que señaló que debido “al daño a mi honor y honra ocasionado por la difusión de una resolución errada, me ha obligado a presentar, a través de mis abogados, un recurso de protección para dejar sin efecto el dictamen que, de manera arbitraria, no consideró nuestra respuesta y descargos”.

Finalmente el candidato a la reelección pidió investigar si envió errado de los descargos de la Corfusaf por un funcionario no identificado “responde a alguna intencionalidad de daño a mi persona en pleno período de elecciones”.

“Por último, he instruido a mis abogados para que estudien acciones penales contra todos quienes resulten responsables del daño a mi honor y honra, en caso de establecerse la existencia de acciones que puedan ser constitutivas de delito con un objetivo final de debilitar mi campaña política”, aseguró.

Ante estos dichos mediante otra declaración pública desde La Contraloría respondieron que el informe N° 295, sobre la auditoría a la Corporación Municipal para la Atención de Menores en las Áreas de Educación y Salud de San Fernando, fue elaborado con los más altos estándares de fiscalización con los que cuenta la Contraloría General de la República. En él se consideraron todos los antecedentes puestos a disposición de este organismo de control durante el proceso de indagatorio, además de los propios hallazgos detectados por los funcionarios a cargo de la investigación, con lo cual se establecieron las distintas irregularidades que señala el documento.

La Contraloría recibió, el 29 de marzo, formalmente la información de la Municipalidad de San Fernando, solicitando una reconsideración a dicho informe. Cabe destacar que los descargos del municipio fueron recepcionados en correo el informecontraloriarancagua@contraloria.cl, que es el canal oficial de comunicación que tiene la Contraloría con los servicios para estos efectos.

En relación con las eventuales acciones legales que se determinen contra la labor fiscalizadora de la CGR, este organismo no se referirá al respecto.

“Nosotros denunciamos y advertimos esto por años”

“Todo esto nosotros lo denunciamos y advertimos por años. Era ilógico y demasiado evidente que se postulara a proyectos para los niños, para mejorar la educación y que los dineros no llegaran a los establecimientos. Estábamos en el absoluto abandono”, recalca Magdalena Valenzuela, de la Sifucom.

Y es que los mismos docentes y asistentes debían comprar los insumos para los recintos, desde plumones para la pizarra a la tinta para las impresoras, porque no llegaban los recursos. Algunas docentes incluso señalaron que ponían de su dinero para poder pintar las salas.

“Esto va en perjuicio de muchos niños y jóvenes que han egresado con una calidad de la educación deficiente desde el punto de vista de los recursos, aquí se han robado la plata para los niños de San Fernando, dejaron la educación pública en ruinas”, postula la dirigente.

“Tuvimos miles de reuniones desde 2017 en adelante, hasta diciembre de 2020. Nos sentamos con un centenar, sin quedarme corta, desde ministros hacia abajo”, alega Valenzuela. “Y nadie movió nada, nadie hizo nada, incluso con los antecedentes que entregábamos”.

En esa línea, la presidenta de la Sifucom califica como “un insulto” la respuesta de la Cormusaf. “Es de la desfachatez más grande. Da rabia como subestiman y no cesan en su intento de embarrarla más, pareciera que lo practicaran todos los días”, reclama.

“Estamos hablando de un organismo contralor, que es el encargado de fiscalizar y cautelar los recursos públicos. No puede andar inventando cosas ¿o acaso se le inventó a la corporación esta montaña de irregularidades?”, señala con enojo. “Tiene que haber justicia para la educación pública. Tienen que formalizar al alcalde (Berwart) y él por dignidad, en su calidad de candidato, mínimo debería dar un paso al costado”.

“El Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía no han hecho absolutamente nada”

La diputada de la zona, Alejandra Sepúlveda (FRVS), fue una de las parlamentarias que tomó la palabra y cuestionó a Berwart en aquella sesión junto al contralor en la Cámara de Diputados.

“Este es un problema que hemos tenido hace bastante tiempo con la municipalidad y la corporación. Los profesores lo han dicho en todos los tonos, yo lo denuncié también en Contraloría varias veces y a otras autoridades complementarias y siempre los informes arrojaban exactamente lo mismo, que no se saben dónde están los recursos, los fondos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), del Programa de Integración Escolar (PIE) y otros más”, asevera la diputada.

Sepúlveda asegura que hubo varias denuncias interpuestas al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía, pero que no ha habido “absolutamente ningún resultado. Hay alrededor de cuatro o cinco cajas de estudio y papeles que tienen, pero no toman resoluciones, no hacen absolutamente nada”.

En ese sentido, la diputada es tajante. “Para la Corporación Municipal de San Fernando las instituciones no funcionan. La Contraloría hizo sus informes y los sigue emitiendo, pero aquellos que tienen que ponerle el cascabel al gato, como son el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía, no han hecho absolutamente nada”.

Respecto a la respuesta de la Cormusaf frente a los cuestionamientos de Contraloría, Sepúlveda lamenta la imagen con la que queda el municipio: “Desde 2017 que cometen errores en cómo digitar un correo electrónico, porque no han enviado nada desde hace tiempo, porque han sido permanentes los reparos que han tenido frente a recursos que se han perdido en la Corporación Municipal. Es tan así, que San Fernando se ha convertido en el niño símbolo de la corrupción”.

Superintendencia de Educación ha ejecutado más de 128 fiscalizaciones y 36 sanciones

Uno de los roles de la Superintendencia de Educación, es precisamente fiscalizar en materia financiera a los sostenedores.

Desde la institución, afirman que la Corporación Municipal de San Fernando “ha sido fiscalizada 218 veces por la Superintendencia entre los años 2017 y 2020”, llegando a un peak de 90 pesquisas en el año 2018.

De todas ellas, derivaron 47 procesos administrativos sancionatorios, que culminaron en 36 sanciones, las que “consisten principalmente en multas, privación de la subvención amonestación e incluso se llegó a la inhabilitación del sostenedor en el año 2017”.

Por otro lado, consultados respecto al procedimiento disciplinario anunciado por Contraloría hacia la Superintendencia, esta última respondió que en los procesos de fiscalización que realizan “se seleccionan muestras de sostenedores, de establecimientos educacionales y de documentos, a partir de criterios objetivos, que no necesariamente coinciden con la documentación que revisa la propia Contraloría General de la República”.

Así, aseguran, están “complementando la información ya entregada al ente contralor, a modo de responder sus observaciones”.