Por Patricio Miranda Humeres / Fotos: David Fernando
Hasta altas horas de la noche del lunes, un grupo de menores de la residencia Catalina Kentenich del Sename, administrada por la fundación María Ayuda, seguía arriba de los techos del recinto.
La situación se prolongó incluso más allá del toque de queda, cuando vecinos y otras personas seguían llegando al lugar, para entregar ropa, alimentos y otros elementos a los niños y niñas. Carabineros, que custodiaba el lugar, se llevó detenidos a una decena de personas por no portar los permisos para transitar debido a la cuarentena.
Con el pasar de las horas, algunas madres llegaron a buscar a sus hijos, quienes continuaban en el techo y bajaban ocasionalmente saltando una pandereta y deslizándose por un poste. Una incluso lo hizo desde otra región. Otras personas que no tenían parentesco alguno con los menores también se los llevaron y acudieron a la PDI, para solicitar un permiso para poder tenerlos, hasta que les pudieran encontrar otro lugar de residencia. Al mismo tiempo, algunos individuos entraron al hogar a la fuerza, rompiendo una cámara y otros elementos.
Durante la tarde, solo habían llegado al lugar dos juezas de familia, pero no fue sino hasta eso de las 23:00 horas cuando autoridades recién se hicieron presentes. Primero llegó una abogada de la Defensoría de la Niñez y luego la directora regional del Sename, Jessica Ponce. Al salir del recinto, ninguna entregó declaraciones.
Finalmente, la residencia, en la que aún había cerca de 10 adultos y tres menores, fue evacuada con ayuda de Carabineros.
Este medio solicitó una entrevista con la dirección regional del Sename, liderada por Jessica Ponce, sin embargo se remitieron al envío de un comunicado, en el que señalan, entre otras cosas, que el servicio se constituyó en el lugar para constatar en terreno el estado de salud de los niños y niñas “que de manera intermitente se mantuvieron desregulados emocionalmente, debido a las manifestaciones que se realizaban al exterior de la residencia” y condenaron “toda la violencia ocurrida en la jornada del lunes”.
Agrupaciones de la sociedad civil, como la organización Rancagua Lucha Contra el Maltrato Infantil y otras seis firmantes, insistieron en la renuncia de Ponce, petición a la que se sumaron algunos parlamentarios.
Presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua: “Ya están todos los niños ubicados”
A raíz de lo ocurrido en la residencia, se convocó a una reunión en la que participaron la seremi de Justicia, Bárbara Perry, la directora regional del Sename, Jessica Ponce, dos juezas de familia y el ministro encargado de los temas de familia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Ricardo Pairicán.
Según Marcela de Orué, presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, detectaron que la situación se habría producido principalmente “por el alejamiento de los niños de sus familias de origen por las medidas sanitarias (…). Esta vuelta a estar de nuevo en una cuarentena total les significó un gran nivel de ansiedad y empezaron a tener ciertas conductas disruptivas”.
Respecto al paradero de los menores, de los que hubo tres que estuvieron perdidos por varias horas, además de aquellos retirados por sus padres o terceros sin ningún tipo de constancia o autorización, De Orué afirmó que todos fueron encontrados.
“Ya están todos los niños ubicados. Algunos fueron trasladados con su familia de origen o su familia extensa, porque hay que pensar que si un niño está en un hogar es porque no fueron capaces de darle la protección necesaria”, señaló. “Ahí hay un primer problema, que no es llegar y entregárselos a los padres”.
En esa línea, la presidenta de la C. de Apelaciones de Rancagua aseguró que en los casos en que se pudo ubicar a familiares, se intentó revincular a los niños y niñas con ellos. En el resto de los casos, los menores “fueron trasladados a otros hogares, sin perjuicio que hay que analizar la pertinencia de que puedan regresar a la residencia donde estaban”.
Con todo, uno de los puntos que llamó la atención fue cuando De Orué señaló que “no se visualizaron casos, efectivamente, ni de maltrato, ni de falta de alimentación, ni de falta de ropa. Si bien los niños aparecieron en videos sin toda su vestimenta, a pesar de estar en horas de la noche, eso fue producto que ellos se los sacaron. Pero los jueces constataron en el hogar que ellos contaban con su indumentaria”. La magistrada agregó además que los niños y niñas de la residencia tenían “el programa de comidas adecuado, incluso algunos (niños estaban) con sobrepeso, porque producto de la ansiedad, también ha aumentado la ingesta”
Aún así, De Orué señaló que el Ministerio Público abrió, de igual forma, “causas de oficio para investigar la arista penal, que eventualmente pudiera dar cuenta de alguna situación que fuera constitutiva de delito, pero no fue visualizada con la ida de las juezas al hogar”.
Defensoría de la Niñez había pedido antecedentes al hogar por presunto comercio sexual de menores en 2020
Un informe de la Defensoría de la Niñez, fechado el 20 de febrero de 2020, ya evidenciaba ciertas falencias en la residencia Catalina Kentenich.
Si bien se señalan algunas fortalezas del recinto, relacionadas la realización de asambleas mensuales con los niños y niñas; además de la elaboración de un manual de convivencia y buena alimentación, también se advierten nudos críticos.
En el escrito se establece que “con anterioridad a la visita, y según fue confirmado durante la misma, se tomó conocimiento de que existirían posibles situaciones de explotación sexual comercial que afectarían a niñas y adolescentes de la Residencia”.
Además, se “constató que existían insuficientes programas de formación continua, sobre todo en cuanto al refuerzo del buen trato y el manejo de la violencia entre pares, así como de apoyo y autocuidado para los funcionarios/as de la Residencia”.
También se señala la falta de acceso a la información sobre familiares y figuras significativas para los menores e insuficiente acceso a la información y que no se había incorporado registros de información relacionados a vulneraciones de derechos, situación educacional y derivaciones y tratamientos por consumo de alcohol y drogas.
Seremi de Justicia: “Estos hechos confirman la necesidad inminente de la separación del Sename en dos instituciones”
Consultada la Seremi de Justicia de O’Higgins, Bárbara Perry, sobre si tenían conocimiento del informe de la Defensoría de la Niñez; qué pasó con los protocolos en la residencia Catalina Kentenich; y qué acciones se tomarán con respecto a la institución colaboradora María Ayuda, la autoridad se limitó a responder por medio de mensajes de voz, sin abordar algunas de las preguntas.
“Por los desórdenes y actos violentos que se generaron tanto adentro como afuera de la residencia, se tomó la decisión de reubicar a los menores en coordinación con el Tribunal de Familia, con Sename y el Programa Mi Abogado”, señaló Perry. “Para intervenir a estos niños en situación de crisis, se requiere tener un vínculo para que ellos, a su vez, puedan acceder a lo que se les está solicitando. Por eso los educadores trataron de convencerlos de que bajaran de los techos, sumado a esto que muchas personas les empezaron a entregar dulces o golosinas y eso hizo que los niños se mantuvieran arriba del techo”.
La seremi también señaló que el Ministerio Público “inició las investigaciones de rigor para determinar si existieron hechos que podrían configurar tratos degradantes o malos tratos a los menores. Nuestra principal misión es la integridad física y psíquica de nuestros niños”.
En esa línea, Perry postula que “estos hechos, tan delicados, confirman la necesidad inminente de la separación del Sename en dos instituciones. Una ya aprobada por el Congreso, que es el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que establece residencias más amables, con menos cantidad de niños y profesionales adecuados”. Esto, sumado al otro servicio que se tramita en el Parlamento y que corresponde al Servicio de Reinserción Social Juvenil, que estará a cargo del Ministerio de Justicia.
