Por: Fernando Ávila Figueroa.
El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) analizó en su sesión plenaria las denuncias e informes de los graves daños detectados tras el reciente intento de instalar una antena de telefonía móvil en la cumbre del Cerro Grande La Compañía. En dicho sitio se encuentra- entre otros elementos- un pukará reconocido como Monumento Histórico desde 1992 y que a su vez es Monumento Arqueológico por el solo ministerio de la ley, el cual constituye una de las edificaciones más australes que se conservan del Imperio Inca.
El Subsecretario del Patrimonio Cultural y Presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, Emilio de la Cerda, llegó hasta el Pucará del cerro La Compañía, junto con una delegación del Ministerio de Cultura, y autoridades del Museo Regional y del Consejo de Monumentos Nacionales, además de Rubén Stehberg, arqueólogo experto del período Inca de la zona central de Chile, quien ha liderado la investigacion del Mapocho Incaico y, a fines de los años 80, lo mismo en el Pukará del cerro La Compañía, voz autorizada para apreciar los cambios y daños que ha tenido el lugar.
Además se contó con la presencia del propietario del cerro, donde según el subsecretario se comenzó la implementación del acuerdo que tomó el Consejo de Monumentos Nacionales, el que tiene la arista legal y como perseguir los incumplimientos en este caso, y también materializar la oferta de donación que el propietario del terreno le ha hecho al Estado para poder solucionar este conflicto, el que se arrastra desde hace décadas, ya que en los años noventa también se instaló una antena generando un conflicto similar al actual.
Es así como se llegó a apreciar el daño y dimensionar el tamaño y extensión del sitio arqueológico de La Compañía, ya que se estaría en presencia de un Pukará que se concentra en la cumbre del cerro, con algunas estructuras puntuales, sobre todo en los recintos amurallados, por lo que en ese supuesto, construir una torre de repetición de antena separada de esas estructuras será algo que afectaría al patrimonio arqueológico.
Agrega que este sitio arqueológico comprende casi el cerro completo, ya que existen tres anillos de muro perimetral. Se trata de un patrón Inca de un sistema fortificado en la base, intermedio y en la parte superior. Además entre medio de estos muros se encuentran otros hallazgos arqueológicos, y otras estructuras que serían incluso anterior al período Inca, asociados al universo mapuche. “Estamos hablando de un sitio arqueológico de una riqueza excepcional y probablemente el sitio Inca más importante de la zona central de Chile, y uno de los sitios más australes del imperio Inca, a más de 3 mil kilómetros del Cusco”, dijo el subsecretario.
Para la autoridad la protección de los sitios arqueológicos es muy robusta en términos legales, debido a que están protegidos por el simple hecho de existir y la pieza arqueológica es propiedad de Estado, independiente que esté en un sitio privado como en el caso en cuestión. Pese a ello, la legalidad robusta no ha ido acompañada, desde el año 1925, de medidas de investigación, educación, gestión y manejo de los sitios, en parte por el centralismo imperante en el Consejo de Monumentos, por una visón científica y monumental, lo que debe ser abordado mediante cambios legales que están impulsando en el Congreso.
En el caso del traspaso al Estado del cerro de La Compañía, a juicio del subsecretario es un paso muy importante, debido a que esta donación que se haga a Bienes Nacionales, permitirá que junto a la comunidad local y actores involucrados determinen cuál será la mejor entidad para administrar este sitio en un futuro cercano, donde cree que hay mucho por conocer, falta investigación, difusión, lo que es parte del problema. “Se necesita mucha protección, resguardo, investigación, control de acceso y ojalá una visitación controlada para que sirva conocer el Pucará, conocer su importancia, pero no para erosionarlo”, dijo el subsecretario, quien además asegura que se debe discutir el destino de las antenas que están arriba del cerro.
Aduce que están dando una pelea bastante decidida en el Congreso para cambiar la Ley de Monumentos Nacionales, ya que gran parte de la falta de conocimiento en los sitios, obedece al centralismo, falta de investigación, y tiene que ver con el marco normativo. “El Consejo ha operado en las competencias legales que le compete y en el alcance que puede, pero no podemos avanzar más si no tenemos una legislación distinta. No puede ser que sigamos teniendo un Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago que decide todo lo que pasa en Chile”, dijo la autoridad que adujo que el proyecto de ley propone estructuras regionales descentralizadas resolutivas, y ampliar la gestión del patrimonio, inyectar recursos, planes de salvaguardia, planes de gestión, mayor fiscalización e inventario del patrimonio, materias que actualmente no se pueden abordar sin cambios legales.
ENVIAR LOS ANTECEDENTES AL MNISTERIO PÚBLICO
En razón de todos los antecedentes analizados, el Consejo de Monumentos Nacionales acordó en forma unánime enviar los antecedentes al Ministerio Público, haciendo la denuncia por el delito de daño a Monumento Nacional establecido en el artículo 38 de la Ley 17.288; remitir el caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe las acciones judiciales pertinentes en representación del CMN contra quienes resulten responsables; y oficiar también a la Superintendencia del Medio Ambiente, realizando la consulta respecto del proyecto y el ingreso al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
En la sesión se informó que las obras de instalación de la antena fueron paralizadas por el CMN el 8 de junio, y que ya hay una investigación en curso ordenada por la Fiscalía de Graneros a cargo de la PDI. Adicionalmente, los consejeros analizaron en detalle el informe sobre los daños verificados en el sector, tanto por los trabajos de excavación para la colocación de la antena como por la afectación de elementos constitutivos del paisaje cultural.
Los consejeros recibieron en su sesión del miércoles 23 de junio al alcalde de Graneros, Claudio Segovia, quien formuló la primera denuncia por intervención no autorizada en el Monumento; a los arqueólogos María Teresa Planella y Rubén Stehberg, investigadores expertos en los sitios arqueológicos del cerro La Compañía; y a Luis Maldonado Croquevielle, representante de la Sociedad Agrícola Mesquihue Ltda., propietaria del cerro. El dueño -tras lamentar la afectación que ha sufrido el monumento- manifestó formalmente su voluntad de donar al Estado el sector en que se emplaza el Pucará y los demás rasgos arqueológicos asociados, por la vía de la conformación de una mesa de trabajo, al mismo tiempo que manifestó que se estudia iniciar acciones legales en contra de la empresa que arrendó el sitio y que sería la responsable de la construcción de la antena.
Al respecto, los consejeros valoraron la apertura de una vía de solución, y por eso acordaron “constituir una mesa de trabajo para avanzar en lo concerniente a la entrega del bien al Estado”. Además, se acordó abordar en dicha instancia la “delimitación, protección, reparación, recuperación arqueológica y ambiental y puesta en valor (del sitio), analizando las materias relevadas por la Comisión Asesora Regional de Monumentos Nacionales (como el retiro de antenas, educación, difusión y participación comunitaria), con participación del CDE y de las entidades regionales”.
Se informó que la mesa de trabajo y sus integrantes se definirán y constituirán en los próximos días.
PDI y Fiscalía realizaron diligencias
Luego de recibir antecedentes, a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la PDI, en los cuales se daba cuenta de un eventual daño al patrimonio arqueológico del Pucará del Cerro La Compañía, ubicado en la comuna de Graneros, la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y El Medio Ambiente (BRIDESMA) Metropolitana, efectuó una denuncia ante la Fiscalía Local de Graneros, quien ordenó a la Policía de Investigaciones realizar una serie de diligencias para constatar el estado del lugar.
Luego de recibir instrucciones de parte del Ministerio Público, el personal de la BRIDESMA Metropolitana, concurrió recientemente hasta el Pucará en cuestión, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Rancagua, además de funcionarios de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales y el director del Museo Regional de Rancagua, donde, en las ruinas que se atribuyen a la cultura pre incaica e Inca, se verificó la existencia de una excavación cercana, la cual habría tenido como finalidad la instalación de una antena de telecomunicaciones.
Asimismo, el camino que conduce hasta la excavación ubicada en la cima del cerro, también habría sido intervenido para permitir el tránsito de vehículos y maquinaria que habría participado en la obra que se encuentra paralizada.
De acuerdo a lo señalado por la PDI, las diligencias consistieron principalmente en fijaciones planimétricas y fotográficas del terreno, que es considerado como monumento nacional histórico y arqueológico por la ley 17.288 (Ley de Monumentos Nacionales), la cual lo reconoce como un área protegida.
