El Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya, instruyó la designación de un interventor y de una auditoría externa a la Corporación El Libertador, con la finalidad de investigar sus procesos financieros y administrativos, e iniciar su proceso de cierre.
Al respecto, el Gobernador fue enfático en señalar que “semanas antes de asumir el cargo, fui informado por el ex Intendente Guzmán sobre graves irregularidades en la Corporación El Libertador. El ex Intendente se comprometió a tomar una decisión de cierre antes de que yo llegara al cargo. Ahora, me encuentro con un problema muy serio, sueldos impagos, arriendos impagos, dejándome con la responsabilidad de finiquitar a las personas e investigar las irregularidades. Nosotros seremos muy transparentes en nuestra gestión, desde el primer día. Nos aseguraremos que los recursos hayan sido utilizados de acuerdo a la ley”, aseguró Pablo Silva Amaya.
Como interventor, el Gobernador designó al encargado del Departamento de Transparencia, Gestión Documental, Gobierno Electrónico y Oficina de Partes del Gobierno Regional, Ricardo González, quien trabajará con la funcionaria Fabiola Prieto. Asimismo, el auditor interno del Gobierno Regional, Mauricio Rojas, estará encargado de realizar la auditoría financiera a la Corporación El Libertador.
La Administradora Regional, Natalia Sánchez manifestó que “nos toca heredar una situación de la cual no tenemos mayores antecedentes. Es importante señalar que en su oportunidad, nosotros también pedimos que se nos entregara un informe del estado de la situación de ambas corporaciones, particularmente de la Corporación del Libertador, porque ya teníamos antecedentes de lo que estaba ocurriendo, y mientras el Gobernador asumió su cargo no tuvimos ese envío de información, por lo tanto hoy día lo que nos toca es actuar de manera ágil, pero también de una forma muy responsable para saber de qué se trata, para saber dónde está el problema; y en definitiva lo que corresponda pagar, principalmente con lo respecto a los trabajadores; que es algo que al Gobernador le genera una importancia prioritaria, pero obviamente antes de hacer eso, tenemos que tener la claridad de qué es lo que estamos hablando”.
Natalia Sánchez agregó que “hoy día el mandato que tenemos es poder resolver esto a la brevedad desde el punto de vista de los trabajadores, pero paralelamente también hacer una indagación profunda a través de una auditoría, para saber a ciencia cierta cuál es el estado de la Corporación, cómo poder darle el término de la manera más ágil administrativamente, pero también con la responsabilidad pública que nos convoca que sea un proceso que se cierre de buena manera en términos administrativos y financieros”.
La investigación administrativa y la auditoría se llevarán a cabo en un plazo breve, según instruyó el Gobernador Regional.
Los antecedentes de este caso están siendo investigados por la Fiscalía Regional.
