Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nico Carrasco y Patricio Miranda
Con una concentración en las afueras de las dependencias municipales en calle República, en Rancagua, comenzó la movilización convocada por el gremio de taxis colectivos la mañana del miércoles.
Pasadas las 11:30, apoyado de un megáfono, Eduardo Lillo, presidente de la Federación Regional de Taxis Colectivos (Feretacol) de O’Higgins, dio el vamos para el inicio de la caravana que llegó, desde dos flancos, hasta la Plaza de Los Héroes.
El objetivo era entregar una carta al Delegado Presidencial y al Gobernador Regional, donde el gremio expone su descontento ante dos grandes temas: las modificaciones que el Ejecutivo busca impulsar al Decreto 212, que regula el transporte público, y el precio del combustible.
“Nosotros convocamos a 300 autos, pero esto superó nuestras expectativas, porque llegaron más de 500”, aseguró Lillo.
En el documento entregado a las autoridades, los conductores manifiestan su “rechazo absoluto al nuevo reglamento de servicios nacionales de transportes públicos de pasajeros” en el que trabaja el Ministerio de Transportes y exigen que la discusión de la normativa se de el segundo semestre del próximo año, cuando asuma el próximo gobierno e involucrando tanto a los gremios como a autoridades locales electas, como gobernadores regionales y alcaldes.
“Ello dará los tiempos necesarios para trabajar una propuesta robusta que interprete a todos los sectores y regionales de Chile. Con diálogo efectivo, modernización democrática, respeto y consenso”, reza el escrito.
Respecto de la bencina, los conductores señalan que es necesario “intervenir el impuesto específico a los combustibles, con apoyo real del Ejecutivo (…). Siendo el anhelo del gremio su eliminación o rebaja permanente en forma focalizada para quienes dependen del combustible como su principal insumo para ejercer su labor”.
El documento también señala otras exigencias, como la “igualdad en condiciones con otros medios de transporte” respecto de la electromovilidad, que haya respeto “a la operación de otros modos de transporte” en la ley que busca regular las aplicaciones, entre otras.
Tras entregar la carta personalmente al Delegado Presidencial, Ricardo Guzmán, y a la administradora regional, Natalia Sánchez, el dirigente de los taxis colectivos se mostró conforme.
“Con el delegado conversamos hartos temas la verdad, sobre cómo podemos mejorar cada día más el servicio”, señaló Lillo. “Uno entiende que las soluciones no están aquí, pero el delegado es el puente para que transmita nuestras inquietudes y vimos toda la disposición”.
Por estar el gobernador regional, Pablo Silva, en terreno fuera de Rancagua, fue Sánchez quien recibió al dirigente.
“Estuvimos intercambiando algunas opiniones y vamos a trabajar algunos temas con su equipo de abogados donde vamos a explorar algunas presentaciones tanto en los tribunales como a la Contraloría, así que me pareció muy provechosa la reunión”, sostuvo Lillo.
La respuesta de las autoridades
Tras el encuentro, la administradora regional señaló que “es importante entender que estamos en un contexto país súper particular, donde la gente recién está empezando a reactivarse en sus funciones y, en el caso particular de los colectiveros, viene un decreto donde va a haber un cambio en las reglas del juego, donde tampoco tienen muchas certezas, entonces algo que los complica de sobremanera”.
La autoridad sostuvo que “básicamente se está vulnerando su derecho al trabajo, a la propiedad” y que entrar en la discusión de “un cambio de decreto al finalizar un gobierno no tiene mucho sentido, esto se debería discutir con el próximo”.
Así, se comprometieron a entregar asesoría legal al gremio. “Vamos a estudiar el decreto preliminar, porque todo lo que tenga que ver con vulnerar los derechos de cualquier organización ciudadana que también obedece a una fuente de trabajo, el gobierno regional va a estar a disposición para apoyarlos”, dijo Sánchez.
Por otra parte, el consejero regional y exseremi de Transportes, Mauricio Valderrama, también fue crítico del actuar del ministerio: “La incapacidad de diálogo que ha tenido el gobierno no permite que se pueda confiar. Aquí hay una crisis de confianza respecto de lo que está haciendo el Ejecutivo, en la medida que lo está haciendo a última hora”.
Valderrama apuntó que la situación es compleja “porque la ministra (Hutt) está queriendo amarrar cosas en un decreto que es el alma del transporte público y los decretos de última hora son los que más problemas han causado. Esto no se trata de quién impone más o menos fuerza, sino de escuchar a la gente y a los gremios”.
El delegado Ricardo Guzmán, en tanto, puso el foco en la amplitud de temas que pudieron conversar con los dirigentes.
“Principalmente les preocupa la modificación al Decreto 212 y también el impuesto específico, pero también tuvimos la oportunidad de conversar dificultades que tienen dentro de la región y cómo podemos mejorar esas circunstancias”, aseveró Guzmán.
“Quedamos con algunos desafíos dentro de la región, con el compromiso de representar a la ministra (de Transportes, Gloria Hutt) y al subsecretario (de Transportes, José Luis Domínguez), algunas de las problemáticas que nos han presentado”, señaló el delegado presidencial.
Por ahora, el presidente de la Feretacol O’Higgins, Eduardo Lillo, comentó que evaluarán la jornada de manifestaciones, que fue convocada a nivel nacional, para determinar cuáles serán los pasos a seguir del gremio.