Según los resultados del informe realizado por la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) sobre la incorporación laboral de personas en situación de discapacidad, a propósito de la implementación de la Ley 21.015, casi un 60% de los encuestados declaró haber sido contratados bajo esta regulación. La efectividad de la normativa es evidente, pero ¿qué sucede con el otro 40%?
Se estableció que los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores deberán contar con al menos el 1% de personas con discapacidad en su dotación. Para aquellos que tienen razones fundadas de no hacerlo existen alternativas que benefician, por ejemplo, a fundaciones, cuya actividad se oriente a fomentar la inclusión laboral, lo cual tiene un resultado indirecto en la empleabilidad.
Si bien puede ser una medida oportuna, el efecto podría ser mucho más directo si empresas pequeñas pudiesen recibir este tipo de donaciones, y así ofrecer más opciones para que personas con discapacidad accedan al mercado laboral. En un ecosistema donde las micro y pequeñas empresas están en el centro del futuro nacional, es importante promover culturas corporativas inclusivas.
Por: Francisco Larraín, Socio en Addval.
