Han pasado ya varias semanas desde que nueve trabajadores agrícolas -ocho bolivianos y un chileno- fallecieron producto de choque frontal entre furgón que los trasladaba a su espacio laboral y camión que transitaba por la Ruta de la Fruta. Un hecho que, actualmente es investigado penalmente y del cual incluso surgen teorías de un eventual delito de trata de personas. Sin embargo, la arista laboral está “muteada” de parte de las autoridades regionales competentes, según denuncia la Diputada electa del Distrito 15, Marcela Riquelme.
Para la parlamentaria electa, el accidente nuevamente dejó en evidencia las complejas y precarias situaciones laborales que aún viven miles de trabajadores y trabajadoras del mundo agrícola, quienes “al igual como hemos visto en otras ocasiones, están en absoluta desprotección. Este no es un hecho nuevo, ni en nuestra región ni en otras regiones del país. Me parece excelente que se investigue la trata de personas, pero hay una arista laboral de gran relevancia que, por lo visto aún no se ha investigado y eso me parece gravísimo”, afirmó.
Riquelme explica que “hoy, por la Ley de Accidentes del Trabajo, las familias de estos trabajadores fallecidos están protegidas, dado que hay un empleador. Probablemente, un contratista del cual no vamos a saber nada o no tenga patrimonio. Pero, la ley hace expresamente responsable al dueño de la Obra o Faena de esta acción o de esta omisión, ya sea en la revisión del vehículo, en las prestaciones que se debe dar a las y los trabajadores. La pregunta entonces es, ¿quién es el empleador de la empresa hacia donde se dirigían estas personas?, ¿quiénes son los que aprovecharon su trabajo y hoy día están en silencio? ¿Qué dice la Seremi del Trabajo y el Director del Trabajo? Aún no sabemos quiénes están detrás de estas muertes”, aseguró.
Para la -también- abogada laboralista, resulta preocupante que aún no existan respuestas claras frente a las preguntas que expuso y, frente a eso, exigió “como ciudadana” a las autoridades competentes, la información debida para conocer quiénes generan estas situaciones de incumplimientos y, con ello alertar a temporeras y temporeros de la región de O’Higgins.
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