Dr. Cristhian Almonacid Díaz, director del Magister en Ética y Formación Ciudadana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule.
La defensa acérrima de la libertad de expresión a toda costa, y bajo todos los costos es sumamente compleja porque no todo lo dicho, por el simple hecho de ser dicho, contribuye a la conformación de lo político. Sabemos que, en sociedades fuertemente liberales, la reafirmación del individuo y su libertad de expresión es la piedra angular del engranaje político, sin embargo, al poco andar esa piedra angular manifiesta fragilidades que es necesario pensar.
Para Aristóteles, la Política se sostiene gracias al Logos. Esto es, la Palabra es el medio a través del cual se manifiesta lo conveniente y lo dañino, lo justo y lo injusto, y todas aquellas apreciaciones que convienen para vehiculizar la participación de la comunidad como fundamento de la ciudad. Es decir, la palabra entendida como un mero ejercicio individual dentro de la esfera pública no tiene ningún sentido si es que no contribuye a la construcción de lo común. La palabra así entendida, está acompañada por un ejercicio reflexivo y un uso del pensamiento. Conectar el pensamiento razonable y la palabra manifestada es resorte de individuo y, por ende, una responsabilidad personal. En la ligazón razonamiento y palabra se juega la libertad de expresión en plenitud. Dicho de otra manera, la libertad incluye sopesar las consecuencias de los propios dichos y buscar el equilibrio pulsional que favorezca una correcta contribución a la edificación de los bienes comunes.
En consecuencia, el ejercicio de la libertad de expresión tiene sentido si se hace dentro un desenvolvimiento racional. Por ello, en política, no caben palabras que no poseen razonabilidad: no caben palabras de insultos, palabras discriminatorias ni palabras que promueven el odio, la intolerancia o la sedición política por el puro capricho compensatorio causado por unas elecciones presidenciales perdidas.
El atomismo de la palabra y la defensa de la libre expresión como derecho absoluto es una cuestión hasta peligrosa en la esfera pública. Decir lo que se me ocurra, sin reflexión, puede convertirse en una libertad de expresión destructiva. Tal vez la libertad de expresión sin límite es el resultado de la ilusión de un individuo que se piensa como un punto válido por sí mismo dentro del espacio, sin referencias exteriores ni dirigido interdependientemente hacia otros. Sin embargo, una libertad de expresión que instrumentaliza los engranajes políticos y olvida esta dimensión intersubjetiva, nos pone en riesgo a todas y todos dentro de la sociedad que construimos. La responsabilidad es el límite del ejercicio de la palabra porque es el deber que obliga a todos los ciudadanos a pensar bien sobre lo que decimos cuando ello tiene consecuencias para la vida de los demás.
