Por: Fernando Ávila F.
En el Juzgado de Garantía de San Fernando se realizó este martes la formalización de dos ex concejales de la comuna de San Fernando, quienes fueron detenidos en el marco de la investigacion por el delito de fraude al fisco que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando, y que mantiene detenidos a dos ex alcaldes.
Se trata de Enrique Díaz Quiroz (PPD) y Pablo Orellana Rivas (Independiente), a quienes se les investiga por recibir supuestos sobornos y no perseverar en una denuncia por notable abandono de deberes que existía en contra del ex alcalde, Luis Berwart. En el caso del ex concejal, Alejandro Riquelme Calvo (UDI), existe una orden de detención en su contra la que no se ha materializado.
Los ex concejales, Enrique Díaz Quiroz y Pablo Orellana Rivas se presentaron de manera voluntaria ante la Policía de Investigaciones, formalizándolos la Fiscal, Fabiola Echeverría, en el caso de Díaz Quiroz, ex concejal de San Fernando, quien según la Fiscal en su ejercicio solicitó la suma de un millón de pesos mensuales por apoyar proyectos que presentaba el ex alcalde, Luis Berwart ante el concejo municipal, recursos que salieron del área salud y educación, pago mensual que se le entregó en sobre cerrado por funcionarios de la Corporación Municipal y el propio ex alcalde Berwart.
Además se contrató a dos de su hijos, sin que realizarán trabajos, emitiendo boletas de honorarios en el área de educación, por un monto de 36 millones de pesos. La hija del imputado también fue contratada para desarrollar un taller de karate en establecimientos educacionales, recibiendo más de 3 millones de pesos. Fue así como se le formalizó por delitos de cohecho reiterado y fraude al fisco.
Por su parte, Orellana Rivas, ex concejal de la comuna, también habría solicitado a cambio del apoyo púbico a los proyectos del alcalde que presentaba ante el concejo la suma de un millón de pesos, fondos que salían del área salud y educación, pago mensual en perjuicio del pago de sueldos e imposiciones del área educación y salud, aseguró la fiscal. Se le entregaba en sobre cerrado e incluso de manos del ex alcalde Berwart. Además logró que la Corporación contratara a su hermano como procurador y apoyo del Departamento Jurídico por un millón 200 mil pesos mensuales. Se le imputan los delitos de cohecho y fraude al fisco.
La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, ya que los delitos los cometieron estando en ejercicio de su función pública, así como su libertad obedece un peligro para la seguridad de las personas, petición a la que plegó el Consejo de Defensa del Estado y la Corporación Municipal de San Fernando en voz del abogado, Joseph Palomino.
Por su parte la defensa de Enrique Díaz, en voz del abogado, Iván Francini, adujo que no existe la comprobación que su representado haya recibido el dinero antes mencionado, no hay antecedentes que se hayan realizado dichos pagos, añadiendo que no se ha hecho ninguna investigacion efectiva, por ejemplo, si los nombrados anteriormente trabajaron o no en los cargos que fueron contratados, indicando que el Ministerio Público no posee documentos que puedan confirmar las imputaciones, aduciendo que acreditarán en juicio que, por ejemplo, las clases de karate si se realizaron, con logros concretos que se serán demostrados. Agregó que su representado nunca recibió pago alguno.
Por su parte el abogado, Francisco Javier Ubal, en defensa de Pablo Orellana, negó el pago de remuneración por prestar servicios o vender su voto, ya que asegura que siempre ha desarrollado una labor en favor de la comunidad, no posee antecedentes penales, recalcando que su representado no tiene vínculo con el ex alcalde, Luis Berwart. Pese a ello, indicó que su representado recibió un millón de pesos, pero solicitado por una dirigenta social para abrir una olla común en una población sanfernandina, específicamente en la población Santa Elena, millón de pesos que se depositó desde la cuenta personal del ex alcalde Berwart a la del ex concejal.
Tras la extensa formalización el magistrado, Fernando Feliú, decretó la prisión preventiva de ambos imputados en el Centro Penitenciario de Rancagua, dando un plazo de investigación de 90 días y, la prohibición de comunicación entre los imputados.
Auditoría al interior del municipio
Sobre el tema, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva, recordó que, en su calidad de concejal, fue el primero en presentar una querella durante el año 2016 y reafirmó el compromiso de su administración para esclarecer la verdad en este tema, para que nunca más la corrupción afecte a la comuna.
Además, la primera autoridad comunal adelantó que la próxima semana debería comenzar una auditoría financiera en el municipio y que se están creando las bases de licitación para una auditoría forense en la Cormusaf. Agregó que con el apoyo del Concejo Municipal poseen un equipo de abogados y profesionales contables que están ayudando a recabar mucha información la que están aportando a la Fiscalía lo que ha permitido tener los resultados que se han conocido en los últimos días. “Vamos a seguir trabajando, ya que tenemos la certeza que hay más involucrados y la idea es derrotar la corrupción que nos tiene presos por más de 20 años”, dijo el alcalde, quien agrego que se está transparentando esta situación para nunca vuelva a ocurrir este tipo de corrupción, recalcando que comenzará una auditoría financiera en el municipio que abarca todos los departamentos que conversan con el Departamento de Finanzas, la que abarcará hasta el mes de enero del año 2020. Será financiada por la Subdere. Agregó que con recursos municipales se está estudiando la posibilidad de realizar otra auditoría que abarque otros periodos de tiempo, que permita encontrar cualquier tipo de corrupción al interior de la municipalidad.
La Comisaria de la Policía de Investigaciones, Selene Silva, dio a conocer que en relación a detención de los ex concejales de San Fernando, se basa en los antecedentes que se han ido recabado, durante el proceso de la investigación, logrando la detención de dos ex concejales, trabajando en poder rencontrar a un tercera persona también concejal la que hasta el momento no sido detenida.
