Estadísticas de la OMS indican que 1 de cada 160 niños en el mundo tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA), sin embargo, en nuestro país su prevalencia es desconocida y solo existen estimaciones.
Las dificultades de participación en ámbitos sociales, educativos y laborales afectan la construcción de un ser humano sujeto de derechos, con capacidad jurídica y desarrollo de una vida autónoma, por lo que los desafíos son enormes. Es responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto generar las políticas, apoyos y ajustes necesarios que eliminen barreras que restringen la participación y limitan el desarrollo de actividades.
Debido a esto, toma relevancia lo ocurrido en la Convención Constitucional, donde se aprobó la incorporación de la neurodiversidad en el borrador de la nueva constitución, la cual señala que “el Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos, individuales y colectivos, reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes».
Todos quienes se ven involucrados en los desafíos de la inclusión social saben que este proceso es durante toda la vida, que involucra factores personales, familiares y contextuales. Por lo tanto, que la futura carta magna considere la neurodiversidad es un paso importante en la generación de nuevos pactos políticos y sociales en materia de inclusión.
Gerardo Hume Calderón
Académico de Vinculación con el Medio, Facultad de Ciencias para la Salud
Universidad San Sebastián
