Por: Tomás Arcas
Fotos: Marco Lara
En mayo del 2021, el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) para Material Particulado 2,5 elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) fue ingresado a la Contraloría General de la República para la toma de razón. Sin embargo, a la fecha, el proyecto aún se encuentra en proceso de revisión por parte del ente fiscalizador, algo que urge en el Ministerio del Medio Ambiente.
Así lo dio a conocer la seremi del ramo en la Región de O’Higgins, Giovanna Amaya (PS), quien comentó que aún están expectantes a la resolución de la Contraloría: “Esperamos tener noticias prontamente. Este es un tema urgente que ya se ha subido al Ministerio para darle la urgencia que necesita”.
El material particulado fino corresponde a moléculas contaminantes muy pequeñas, con una medida máxima de 2,5 micrómetros, que suspendidas en el aire significan un riesgo para la salud de la población. El MP2,5 proviene, principalmente, de la combustión realizada en automóviles, fábricas y quemas agrícolas, entre otros.
“Somos un Gobierno que está pensando en la transición socioecológica justa y estamos viendo la posibilidad de revisar el plan de descontaminación”, declaró Amaya, añadiendo que si bien no se plantean formular nuevamente el plan, sí pretenden “tener la certeza de que las medidas que están involucradas estén mirando al resguardo de la salud de las personas”. “Queremos estar en sintonía, saber qué es lo que se ingresó y también que nuestra ministra (Maisa Rojas) esté completamente de acuerdo con las medidas que se van a implementar”, expuso.
Por otra parte, la seremi del Medio Ambiente se refirió al inicio de la Gestión de Episodios Críticos (GEC), que estará vigente entre el 1 de abril y el 31 de agosto en ocho regiones del país y que forma parte del PDA para MP10. En O’Higgins, particularmente, aplicará a 17 comunas ubicadas en la zona saturada: Rancagua, Graneros, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.
En una situación de episodio crítico (con alerta, preemergencia o emergencia ambiental declarada), solo pueden ser utilizados calefactores a leña que posean el sello de certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Además, los establecimientos educacionales deberán realizar sus clases de educación física en gimnasios cerrados. Al respecto, Amaya aseguró que tienen que sostener una conversación con la SEREMI de Educación, ya que -producto del COVID-19-, “los colegios por un tema de evitar los contagios preferían hacerlo al aire libre”.
Cabe explicar que la fijación de las fechas entre las que funcionará la GEC responde a la temporada de invierno, “donde la gente busca resguardarse del frío”, dijo la ingeniera en administración agroindustrial. “En estas 17 comunas, la gente tiene muy arraigada la utilización de la leña, por necesidad. La cantidad de artefactos a leña que existe en esta región es bastante significativa, el último estudio hablaba de entre 90 y 100 mil estufas”, afirmó la seremi del Medio Ambiente.
La fiscalización del correcto funcionamiento del PDA recae en la Superintendencia del Medio Ambiente, que “en su plena facultad puede citar a los servicios que tienen competencias fiscalizadoras”, precisó Amaya. En ese sentido, la SEREMI de Salud está encargada de vigilar la utilización de artefactos de combustión a leña, el Servicio Agrícola Ganadero junto a CONAF supervisan las quemas agrícolas (el 30% de la contaminación existente en estas 17 comunas de O’Higgins proviene de la combustión de biomasa) y la Superintendencia de Medio Ambiente fiscaliza la venta de leña.
