Por: Tomás Arcas
Este miércoles 30 de marzo, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, firmó en la Universidad Estatal de O’Higgins un convenio de cooperación institucional en materias de transparencia e integridad pública con el gobernador regional, Pablo Silva.
En la instancia, de la Fuente realizó una charla a alcaldes, equipo directivo del Gobierno Regional y profesionales de entidades públicas, donde abordó la idea de un ecosistema de transparencia y probidad, conformado por instituciones y normativas como la Ley de Transparencia, la Ley de Lobby, la Ley de Probidad y otras regulaciones destinadas a aumentar los estándares de transparencia en el sector público. Por su parte, Pablo Silva declaró que “creemos que esta región merece mucha más transparencia y probidad, por lo tanto, este es el primer paso que estamos dando; hay que ir un poco más allá de lo que dice la norma y lograr una cultura de transparencia”.
En conversación con El Rancagüino, la presidenta del CPLT comentó que “lo que nos trajo hasta el estallido social y el proceso constituyente es una profunda desconfianza en las instituciones y una sensación de impunidad respecto a abusos de poder cometidos”. “Estamos obligados como país a dar una respuesta contundente a eso, que exista igualdad de condiciones en el trato de las personas y persecución de delitos tan graves como los de corrupción”, aseguró.
En esa línea, de la Fuente afirmó que “tenemos que avanzar de manera sustantiva en la reconstrucción del vínculo entre el Estado y el ciudadano”. “La tecnología ha avanzado tanto que el problema hoy no es tener una plataforma para dar información, sino cómo uno la hace disponible para las personas. Nuestra aspiración como Consejo es que el principio sea la transparencia activa y el lenguaje claro”, expuso.
Asimismo, la cientista política manifestó que, en general, la rendición de cuentas de las autoridades a nivel social “encuentra un aliado muy importante en los medios de comunicación, que han aprendido a usar muy bien el derecho al acceso a información pública”. Por lo mismo, argumentó que los medios son actores claves en la sociedad y que “hay que cuidar la libertad de expresión y de prensa porque son un activo de la democracia”.
CIFRAS REGIONALES
De acuerdo a estadísticas del Consejo para la Transparencia, el año con la mayor cantidad de solicitudes de información en su portal en la Región de O’Higgins fue el 2020, con 8.425 requerimientos. Mientras que el 2021 se totalizaron 7.855 peticiones, en el presente año, hasta el 18 de marzo, se registraron 1.766 solicitudes a nivel regional, siendo los organismos que han recibido la mayor cantidad de solicitudes de acceso a información las municipalidades de Pichilemu (119), Rancagua (97), Doñihue (95), Nancagua (75) y la SEREMI de Salud de O’Higgins (75).
Desde el inicio de su registro, en 2013, es la Municipalidad de Pichilemu la institución más solicitada en O’Higgins, con 3.520 requerimientos en el Portal de Transparencia, seguida por la Municipalidad de Rancagua (3.046), la SEREMI de Salud de O’Higgins (2.031), la Municipalidad de Navidad (1.811) y la Municipalidad de Machalí (1.492).
Asimismo, en el historial del 2013 al 2022, O’Higgins se ubica como la quinta región con la mayor cantidad de solicitudes de información del país, con 46.194, siendo superada por la Región Metropolitana (819.797), Valparaíso (93.901), Biobío (59.126) y La Araucanía (51.642).
Por otra parte, históricamente se han ingresado 2.290 casos ante el Consejo para la Transparencia contra instituciones de la región, siendo estas las cuartas más reclamadas de las regiones del país. Desde el 2013 a la fecha, la institución con más casos ingresados en O’Higgins es la Municipalidad de Navidad, con 274, seguida por la Municipalidad de Rancagua (167) y el Servicio de Salud de O’Higgins (119).
Además, en su informe regional, el Consejo para la Transparencia comunicó que en 2021 se impulsó un proceso de fiscalización en corporaciones y asociaciones municipales, del cual se desprendió que se advirtieron infracciones en el 30% de las instituciones investigadas. En ese sentido, el CPLT precisó como organismos que presentaron desajustes en materias de derecho de acceso y/o transparencia activa a las corporaciones municipales de Rancagua, San Fernando y San Vicente, además de la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins.
