Pablo Marshall, Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile.
Eduardo Marchant, Doctorando en Derecho, Mención Constitucionalismo y Derecho de la Universidad Austral de Chile. Becario ANID.
Nos encontramos en un punto determinante para hacer historia en materia de derechos para las personas con discapacidad en Chile, ya que se podrían consignar por primera vez en nuestro texto constitucional una serie de garantías para más de 3 millones de personas que viven con discapacidad en nuestro país.
Desde la Comisión de Principios Fundamentales de la Convención Constitucional, se revisaron cuatro iniciativas de norma que resguardan y garantizan los derechos de las personas con discapacidad, y una de ellas, la presentada por la convencional Adriana Cancino fue la propuesta aprobada. Vale destacar que Cancino le imprimió a su propuesta su experiencia de vida, por ser la única convencional con discapacidad. Asimismo, ésta fue robustecida con dos importantes indicaciones (44 y 66), para ser ingresada esta semana al Pleno. De ser votada a favor, Chile se situaría a la vanguardia en la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad
La moción de Cancino tuvo como antecedente múltiples encuentros participativos y en el aporte de profesionales expertos en derecho constitucional, derechos humanos y discapacidad. Dicha moción original fue modificada y mejorada con diferentes convencionales, dando como fruto una norma que cuenta con patrocinantes de todos los sectores políticos.
En cuanto a su contenido, esta iniciativa de norma busca que la Constitución reconozca a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y que se establezcan lineamientos específicos, como la accesibilidad universal, inclusión sociolaboral, entre otros. Asimismo, define la creación de un Servicio Nacional para brindar apoyo personalizado e integral a las personas con discapacidad y sus familias, que coordinará y ejecutará políticas y programas para atender a sus necesidades. Por otra parte, también propone que el Estado asegure la representatividad de ellas en cargos de elección popular, a través del establecimiento de cuotas reservadas.
De ser aprobada, esta norma permitirá saldar una deuda histórica hacia el colectivo de las personas con discapacidad, y por ello es fundamental que el apoyo del pleno sea contundente y transversal. Ello permitirá posicionar la nueva Constitución chilena como una de las más robustas en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el mundo.
