Hace tan solo unos días, el presidente Gabriel Boric pedía con sumo ahínco al Congreso «todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y que al mismo tiempo fortalezca la institucionalidad”. Lo hacía en el marco del programa “Menos Armas, Más Seguridad”, apuntando a que el problema de seguridad pública estaba en la cantidad de armas circulantes, por ende, su supresión total sería una buena solución. Sin embargo, si se interioriza en aquello, es posible notar que el camino escogido para el fin, está errado.
Profundizando en lo antedicho y yendo a los datos duros, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) -rama del Ministerio de Defensa que, entre otras cosas, vigila y coordina el control de armas y explosivos-, manifestó que en los cuatro primeros meses de este año las armas inscritas han ido en aumento paulatino, pasando de 532 en enero, a 920 en abril. Asimismo, se registraban hasta hace un par de meses 765.817 armas inscritas activas, 22.635 más que en 2020. Este incremento no es azaroso, sino que responde a un actuar reactivo de parte de la población, pues conforme a la encuestadora Ipsos, el 52% de los chilenos tiene como principal preocupación la delincuencia, además de la presencia de mafias organizadas y el narcotráfico. Todos ellos, en los últimos años han elevado su poder de fuego tal como lo consagra el portal Small Arms Survey, quien ya en 2020 advertía que 1.456.818 de las armas circulantes en ese período eran ilegales, y casi la totalidad de estas estaba en poder de la delincuencia, bandas organizadas y el narcotráfico. Indagando más allá, la cantidad se elevaría al incluir aquellas modificadas y artesanales (hechizas), las que no están cuantificadas en ningún estudio al respecto.
Analizando los antecedentes entregados, la tenencia de armas debidamente inscritas no es el problema, al estar reguladas y cuantificadas, sino que lo son aquellas de carácter ilegal, así como también las hechizas y modificadas. Las recién mencionadas, junto con ser complejas de requisar por la inexactitud en cuanto al número, son las causantes de un actuar reactivo en los ciudadanos, quienes se aventuran a adquirir e inscribir su propia arma para defenderse, ya que ven como la delincuencia, el narcotráfico y las bandas criminales -cuyo poder de fuego es altísimo- actúan prácticamente desmedida e impunemente.
En base a lo señalado, para garantizar correctamente la seguridad pública no se le deben quitar las armas a quienes las tienen legalmente inscritas, sino que es necesario ir a la génesis del asunto, es decir, combatir y desarmar al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia, porque son ellos los detonantes de este incremento de civiles armados, los cuales solo buscan defenderse y proteger a su familia. Dicho de otra forma, si se elimina o disminuye sustancialmente la causa, el efecto se reduce, e incluso, puede desaparecer.
Javier Osorio O.
Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago
Estudiante de Derecho UAH