Por: Fernando Ávila F.
Este miércoles se conoció una nueva acusación de acoso sexual y laboral que enfrenta el ex juez de Garantía de Rancagua, Luís Barría, esta vez que afecta a otra funcionaria del Poder Justicia. La denuncia fue acreditada por la Superintendencia de Salud a través de una resolución, donde se obliga a la Corporación Administrativa del Poder Judicial -como empleador de la víctima- y a la Corte Suprema como superior jerárquico de ellos, a realizar las medidas de mitigación, las que hasta ahora, y según la afectada no se han hecho.
Fue a comienzos del 2021 cuando se conocieron las primeras denuncias contra Barría. Fueron cuatro las funcionarias del Poder Judicial quienes señalaron haber sido víctimas de acoso sexual y laboral. El ahora relator fue sancionado sólo por dos, ya que las otras habían prescrito. Debido a esto, Barría fue suspendido de sus funciones y, posteriormente, trasladado a nuevas funciones como relator de la Corte de Rancagua. Sobre esta denuncia, también es antigua, pero no ha prescrito. La victima por temor no se había atrevido a realizarla antes.
Luego de realizar la denuncia, la mujer aseguró que también ha sido víctima de maltrato y hostigamiento por parte de otras y otros funcionarios del Juzgado de Garantía de Rancagua, hechos por los que se abrió un sumario administrativo y que también fueron acreditados por la Superintendencia de Salud, entidad que señaló que la víctima ha sufrido graves problemas de salud debido al ambiente laboral al que se ha tenido que enfrentar.
Ante esto, se ordenó a la corporación administrativa del Poder Judicial -y se solicitó a la Corte Suprema- realizar medidas de mitigación a partir del 19 de mayo -como el traslado de los agresores y el cambio de funciones del resto de los funcionarios para no tener contacto con la víctima- sin embargo, estas medidas no se han cumplido, ya que que Barría trabaja a menos de 800 metros de la víctima y el resto de los funcionarios implicados también siguen en los mismos cargos.
Según Francisca Millán, socia y abogada de AML Defensa de Mujeres, que lleva el caso, lo que está pasando en Rancagua “da cuenta de la falta de apoyo que existe dentro del sistema judicial ante casos de hostigamiento laboral y acoso sexual. Hoy nada resguarda a la víctima, porque en cualquier momento ella se podría encontrar laboralmente con ellos y así enfrentarse nuevamente con sus agresores”.
Por ahora, sostuvo Millán, “lo único que resguarda a la funcionaria, es que tiene la opción de tele trabajar, pero esto termina a finales de septiembre, por lo que a partir del 1 de octubre, ella tendrá que ir a la oficina y encontrarse con quienes la han hostigado laboralmente”.
Con todo, la víctima está siendo asesorada y acompañada por la Asociación de Magistradas Chilenas (MA_CHI), ya que está asociada a esa organización, a través de un mecanismo llamado “amparo de género”. Carola Rivas, presidenta de la agrupación, explicó que “un grupo de expertas analizó el caso y señaló varias medidas para asegurar el debido ejercicio de sus derechos y, a su vez, disponer de medidas cautelares urgentes, entre ellas la asesoría legal y el acompañamiento en la tramitación de sumarios, como también en la recuperación de su salud. Este es un mecanismo al que tienen acceso todas las asociadas, y es una herramienta de amparo de sus derechos, para enfrentar las denuncias y las largas tramitaciones que tienen las causas administrativas por acoso sexual en el Poder Judicial”.
¿QUÉ DICE LA CORTE DE APELACIONES?
Desde la Unidad de Comunicaciones de la Corte de Apelaciones de Rancagua, precisaron que se han adoptado oportunamente las providencias del caso, razón por la cual en la actualidad se está llevando a cabo un sumario investigativo por parte de una de las Fiscalías Judiciales del tribunal de alzada, cuyos resultados serán dados a conocer una vez concluido.
