Las aguas políticas han estado profundamente agitadas en el último tiempo a raíz del plebiscito venidero, donde se decidirá aprobar o rechazar la propuesta constitucional. Al respecto, tras conocerse una nueva encuesta que posiciona al “Rechazo” como triunfador, en los últimos días se firmó un acuerdo entre los partidos oficialistas para realizar reformas constitucionales en caso de ganar el “Apruebo”, dando señales de que el texto, a diferencia de creencias pasadas, es perfectible, o, dicho de otra forma, no es del todo bueno como lo creía y defendía la Convención Constituyente. Esta “jugada política” permite no solo dar certidumbre sobre algunos puntos que causaban ruido en los votantes, al prometer cambiarlos, sino también modera el escrito y atrae adherentes no tan a la izquierda del barómetro político.
Lo anterior sonaba prometedor y bastante positivo, empero, fue Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista (PC) -fundamental en el gobierno- quien a menos de una hora tras firmado el acuerdo del que formó parte, señaló: “No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque tendrá que haber debate popular”. Al señalar aquello, reabre las incertidumbres y desconfianzas en la población, quien hasta cierto punto podía ver con buenos ojos este acuerdo, pues reconoce que no hay certeza de cumplir su propia palabra, dejando entrever la génesis del acuerdo: Solo fue un maquillaje moderador de la propuesta constitucional, pero tras el plebiscito este se limpia y -en caso de ganar el “Apruebo”- la Constitución naciente no se modificaría, sino quedaría tal como está, sin cambio alguno.
Tras los dichos de Teillier, los socialdemócratas y también miembros del gobierno reavivaron las críticas al proceso, manifestando la falta de compromiso por querer una Carta Magna unificadora, que diera certezas al país y seguridad a todos los chilenos, dando cuenta de divisiones al interior del propio oficialismo, ya que unos quieren definir desde ya las modificaciones, mientras otros señalan que puede ser posteriormente, pero no garantizan cumplir con su palabra. Continuando con el timonel del PC, meses atrás señaló lo siguiente: “No sé qué le podemos mejorar a la nueva Constitución, yo creo que es un texto completo”. Si se recoge tal frase, es posible notar el nulo interés por reformar posteriormente la propuesta constitucional, motivo por el cual no parece extraño que tras la firma del acuerdo reconozca que no hay garantía de cumplirlo, evidenciando el deseo de ganar a como dé lugar, aunque sea mintiéndole a todo un país con falsas reformas.
Por si lo ocurrido tras el acuerdo aludido no fuese lo suficientemente caótico, el pasado viernes 12 la Contraloría General de la República notificó al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), para comunicarle que se constató la falta a la prescindencia que tuvo el ministro Giorgio Jackson de cara al Plebiscito. Esto se traduce en que él, quien de seguro instruyó a sus subordinados para que también lo hicieran, favoreció a una de las opciones votadas el futuro 04 de septiembre, siendo específicamente el “Apruebo” la beneficiada, existiendo así un claro intervencionismo electoral cuya condena fue nula y el evento pasó prácticamente sin pena ni gloria. El motivo es simple: Todo el gobierno hace lo mismo. Sin ir muy lejos, a finales de abril la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejos, ratificó que el Ejecutivo no será neutral frente al proceso constitucional, lo que fue respaldado por la ministra Izkia Siches, quien en fechas similares dijo: “no nos corresponde ser neutrales en este proceso”. De igual forma, recientemente el SEREMI de Salud del Biobío expresó: “Nosotros como gobierno estamos disponibles para el “Apruebo” y lo vamos a impulsar”, junto con reconocer ser mandatado por Gabriel Boric para aquello.
El grave problema de lo expuesto, es que pareciera hacerse todo lo necesario para ganar a como dé lugar, primero maquillando descaradamente la propuesta constitucional y reconociendo que es solo eso, una “máscara captadora de votos” al prometer reformarla, pero sin garantizar su ejecución; Y segundo, usando el poderío del gobierno para inclinar la balanza hacia un bando, pasando por alto la neutralidad que toda administración estatal debe tener en cada votación, pues no puede involucrarse en decisiones de los votantes ni tampoco sujetar su agenda gubernamental al escrutinio, ya que los coacciona y a su vez deja en evidencia la carencia de un plan B ante imprevistos, exponiendo la poca preparación e idoneidad para el cargo.
Javier Osorio O.
Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago
Estudiante de Derecho UAH
