Álgido ha estado el debate por las subdivisiones de predios rústicos, para lo cual es bueno tener a la vista algunas cifras: según diversas fuentes de información, más del 95% de la superficie de Chile es rural y menos de un 5% es urbana. Sin embargo, según el Censo 2017, más del 90% de la población vive concentrada en sectores urbanos.
Entonces, ante esta situación, la pregunta es: ¿cómo pretende el Gobierno descentralizar el país y potenciar las regiones, considerando además, que ésta fue una de sus grandes promesas de campaña?
El actual Ministerio de Agricultura ha tenido que buscar formas, durante las últimas semanas, para frenar las subdivisiones, utilizando medidas administrativas e instructivos que para algunos no solo son ilegales, sino que también inconstitucionales, y producen un directo impacto en el sueño de muchos de los chilenos de tener un lugar para vivir inmerso en la naturaleza.
Lo ideal, más bien, sería ir por la vía legislativa, para generar una regulación apropiada, con mayor planificación regional, y no con medidas por igual para todos los territorios, entendiendo que cada uno enfrenta realidades diferentes.
También es necesario incorporar nuevos usos del suelo, como la preservación y los parques rurales, para resguardar el suelo agrícola, incentivar actividades forestales no maderables y democratizar la conservación. Asimismo, es importante aumentar la fiscalización y someter más proyectos al Servicio de Evaluación Ambiental, para evitar iniciativas con mala planificación.
Pero más allá de la necesaria regulación, actualmente los proyectos de tierras no son el problema en sí, sino que más bien lo son los desarrolladores inmobiliarios que, sin criterio alguno, consumen a gran velocidad ecosistemas y el patrimonio natural de nuestro país, ofreciendo proyectos que fragmentan y colapsan territorios, y además, están lejos de lo que prometen ser en sus avisos de redes sociales.
Entonces, si vamos a avanzar –por mientras- por la vía administrativa, desde el punto de vista jurídico, y analizando el detalle de la medida anunciada, no basta con la mera sospecha para suspender estos procedimientos, debe escucharse a las dos partes y atender a la realidad de cada proyecto. Solo así se puede garantizar el debido proceso, la bilateralidad de la audiencia, los derechos de los interesados y la igualdad ante la ley.
Por todo ello, habrá que poner atención al desenlace de estas revisiones, que esperamos avancen a favor de una visión de futuro basada en la ruralidad como forma de vida, que evite la privatización de la tierra en manos de pocos y no intervenga el legítimo derecho de las personas de ser parte de un entorno natural.
Porque descentralizar Chile implica potenciar los pueblos intermedios, la conservación y la naturaleza como proyecto de vida, con todas las ventajas que trae para la salud, felicidad y calidad de vida de las personas. Y esto, sin dudas, no se puede frenar.
Diego Varela
Socio fundador de Biósfera Austral
Gestores de proyectos de conversación rural
