Si hacemos mención a la cantidad de proyectos en la industria minera para los siguientes 10 años, se considera una inversión de alrededor de 70 mil millones de dólares, que corresponden a cerca de 90 mil concesiones mineras para explotación.
Ante este escenario potencial de desarrollo, la mayor preocupación es el segundo párrafo del artículo 145 de la propuesta constitucional que se votará el 4 de septiembre: “La exploración, la explotación y el aprovechamiento de estas sustancias se sujetarán a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”.
Lamentablemente, la propuesta de Constitución no brinda la certeza y la seguridad suficiente en lo que respecta a los derechos vigentes, y es sumamente delicado, porque esto puede impedir que se realicen inversiones para optimizar los procesos o para nuevas operaciones en la industria minera. Es cierto que se entrega una solución en la segunda de las disposiciones transitorias, especificando que los derechos mineros seguirán bajo la nueva regulación. Sin embargo, el goce, cargas y extinción se someterán a las nuevas disposiciones, otorgando plazo para cumplir los requisitos.
Gran falencia en cuanto a la vigencia de los derechos mineros y su transición a la nueva regulación; pareciese desconocerse el rol que aporta la industria minera al desarrollo del país. Esto es grave, ya que se pretende hacer muchas cosas con grandes anuncios de inversiones para el país, desde trenes, salud y educación gratis, aumento de beneficios sociales, etc. Y me pregunto: ¿de dónde saldrá el dinero? Da la impresión de que no tenemos claro que en Chile la minería juega un rol tremendamente importante en nuestro desarrollo.
La problemática mayor es el riesgo de que, por omisión o desconocimiento, el desarrollo del país no sea sostenible.
Dr. Julio Inda Fuenzalida
Director Nacional Escuela de Ingeniería
Universidad del Alba
