Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile
La conmemoración de un año más del Golpe de Estado en Chile podría haber sido diferente este año; pues teníamos la posibilidad de haber enterrado la Constitución de 1980, uno de los principales legados de la dictadura de Pinochet, pero no fue así. El pueblo de Chile en una votación masiva se pronunció de manera clara por el rechazo hacia la propuesta de nueva constitución que elaboró la Convención Constitucional.
Si bien la ciudadanía no aprobó la propuesta constitucional, hay que mencionar que se ha comprobado en innumerables ocasiones que la actual Constitución obstaculiza los cambios necesarios para conseguir un país más justo, por lo que resulta imprescindible continuar los esfuerzos por cambiarla. Además, no podemos olvidar que en el plebiscito de entrada casi un 80% votó a favor de tener una nueva Constitución, por lo que la necesidad de contar con un Estado capaz de acoger y proteger a todos sus habitantes sigue intacta. Ahora lo que corresponde es abrir un camino que lleve a ese resultado.
Pero, además de que sigue pendiente tener una nueva Constitución, también debemos recordar las deudas que se arrastran para avanzar en verdad, justicia, reparaciones integrales y garantías de no repetición respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo de la dictadura. Después de la última cuenta pública del presidente Boric, desde Amnistía Internacional valoramos los anuncios sobre la recuperación de sitios de memoria y el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas. Esto último es coherente con el deber del Estado de intensificar los esfuerzos de búsqueda de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada en dictadura y en democracia, garantizando su identificación y la restitución de sus restos en condiciones dignas. Es importante que se vayan dando pasos más claros para concretar esos anuncios.
Por último, también es el momento de recordar las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social y los desafíos que el Estado de Chile sigue teniendo respecto a ellas. En este caso, hemos valorado el proceso participativo en que se está involucrando a las víctimas en el diseño de las políticas de reparación. No obstante, también es importante tener presente el escenario de impunidad en el que estamos, pues de 10.954 denuncias solo se han alcanzado hasta el momento 14 sentencias condenatorias. Es necesario avanzar en justicia y, tal como lo hemos dicho reiteradamente, esclarecer la responsabilidad que tuvieron los altos mandos de Carabiner
En definitiva, este 11 de septiembre es el momento de reafirmar la necesidad de terminar con el legado de un texto constitucional elaborado bajo el régimen de Pinochet y de saldar todas las deudas que tiene el Estado de Chile respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto durante la dictadura como en el estallido social. Tenemos la convicción de que para poder mirar adelante y construir entre todas las personas una cultura respetuosa de los derechos humanos, debemos hacernos cargo de nuestras deudas.
