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Ex concejal de San Fernando se mantiene en prisión preventiva por delitos de cohecho y fraude al Fisco.

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El Juzgado de Garantía de San Fernando  mantuvo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al ex concejal de la Municipalidad local, Enrique  Díaz Quiroz, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de cohecho y fraude al Fisco. El Juzgado rechazó la solicitud planteada por la defensa.

Cabe recordar que está detenido  en el marco de la investigación por el delito de fraude al Fisco que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando. Se les investiga por recibir supuestos sobornos y no perseverar en una denuncia por notable abandono de deberes que existía en contra del ex alcalde, Luis Berwart.

Se acusa a Díaz Quiroz, que en el ejercicio de su cargo habría solicitado la suma de un millón de pesos por apoyar proyectos que presentaba el ex alcalde, Luis Berwart ante el concejo municipal, recursos que habrían salido del área salud y educación, pago mensual de un millón de pesos incluso en perjuicio de sueldos del área salud y educación, dinero que según la Fiscalía se le entregó en sobre cerrado por funcionarios de la Corporación Municipal y el propio ex alcalde Berwart.

Además se habría contratado a dos de su hijos, sin que realizarán trabajos, emitiendo boletas de honorarios en el área de educación, labores que nunca se hicieron, por un monto de 36 millones de pesos.  La hija del imputado también fue contratada para desarrollar un taller de karate en establecimientos educacionales, recibiendo más de 3 millones de pesos. Fue así como se le formalizó por delitos de cohecho reiterado y fraude al fisco.

La defensa de Enrique Díaz, abogado, Iván Francini, ha indicado que no existe la comprobación que su representado haya recibido el dinero antes mencionado, no hay antecedentes que se hayan realizado dichos pagos, añadiendo que no se ha hecho ninguna investigación efectiva, por ejemplo, si los nombrados anteriormente trabajaron o no en los cargos que fueron contratados, indicando que el Ministerio Público no posee documentos que puedan confirmar las imputaciones, aduciendo que acreditarán en juicio que, por ejemplo, las clases de karate si se realizaron, con logros concretos que se serán demostrados.

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