Por: Tomás Arcas
Fotos: Marco Lara
Con el objetivo de “suplir la falta de oficinas regionales con giras permanentes”, el consejo directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) llevó a cabo la primera sesión del pleno fuera de sus dependencias. La semana pasada, en la Escuela Especial Juan Tachoire Moena de Machalí, el organismo atendió consultas y explicó a la comunidad educativa el rol de la transparencia en la calidad de la democracia, en una instancia que forma parte de una campaña de difusión y contacto del Consejo.
El presidente del CPLT, Francisco Javier Leturia Infante, comentó los desafíos que enfrenta su institución en la actualidad y profundizó acerca del valor del derecho de acceso a la información. Muy satisfecho por el resultado de la actividad realizada en suelo machalino, el abogado de la Pontificia Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca se dispuso a la entrevista, disponible en El Rancagüino TV en YouTube.
– El Consejo nace en 2008 con la creación de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. ¿Cuál es la relevancia de esta ley y qué derechos le entrega a la ciudadanía?
– Lo que hay detrás es el derecho de la gente de estar informada. Tú y yo tenemos que estar informados para poder tomar buenas decisiones. ¿Cómo podemos votar, por ejemplo, si no sabemos quiénes son los candidatos, sus virtudes y sus defectos, sus propuestas y cómo se ponen en juego con las de los otros? ¿Cómo sabemos qué barrio es más peligroso, o está más contaminado, o hasta qué pasta de dientes comprar si no tenemos información? En una sociedad moderna, la información es tan importante como el agua potable. Lo que hacemos nosotros es facilitar ese derecho a la gente a estar informada, de ese trabajo depende la calidad de la democracia, la toma de decisiones diarias de la gente, el control de las autoridades, disminuir los espacios de corrupción, favorecer el buen gobierno y un montón de otras cosas.
– El Portal de Transparencia no solamente sirve para solicitar información financiera de las instituciones públicas, sino que también se puede acceder a datos relacionados, por ejemplo, a la seguridad pública.
– La pregunta de fondo es: ¿qué tenemos derecho a saber? Yo creo que tenemos derecho a saber todo lo que tiene un interés general; si en Chile los asesinatos están aumentando o disminuyendo, cuántas armas hay registradas, todo lo que pueda ayudarnos a tomar decisiones a nosotros, como personas, pero también a las autoridades, a tomar buenas decisiones de política pública. (…) Lo primero que necesitamos es tener información, para que no nos metan el dedo en la boca y poder exigirle a las autoridades que actúen mejor.
– De todas maneras, el Consejo señala que el derecho de acceso a la información no es ilimitado y que la ley establece cierta información como reservada. ¿Por qué es importante también establecer límites al acceso a los datos?
– Ningún fanatismo es bueno y en el CPLT eso también vale. Creo que es de sentido común que los secretos militares, son secretos militares. No vamos a estar publicando cuándo fue la última vez que actualizamos nuestros misiles o cuántos tenemos. Hay información que es muy íntima y personal, las fichas clínicas, si alguien se tomó la píldora del día después y cuántas veces, son cosas que la gente tiene derecho a mantener bajo reserva. Cuando comenzó la pandemia y el presidente decía que éramos de los primeros países en conseguir vacunas, algunas personas pidieron los contratos, pero éstos tenían una cláusula de reserva. Nosotros leímos los contratos y entendimos que, si no les respetábamos la cláusula, los contratos se caían y nos quedábamos sin vacunas. Hoy, que hay un acceso mucho más fácil a las vacunas, quizás tendríamos un criterio distinto, pero en ese momento la salud de la población era muchísimo más importante que la urgencia por revelar los contratos.
– Se ha establecido como uno de los elementos gatillantes del estallido social y del proceso constituyente a la desconfianza generalizada hacia las instituciones del país. En ese sentido, ¿qué esfuerzo está haciendo el Consejo para reparar esa relación entre la ciudadanía y el Estado?
– Comienzo respondiendo al revés, diciendo que la desconfianza no es mala, porque la confianza hay que ganársela. Si las autoridades y las instituciones no se la ganan, es normal que la gente les exija más. La transparencia permite que esa confianza se gane cuando se merece ganar, porque si gracias a la transparencia sabemos que en un hospital la lista de espera es de mil casos y en otro hospital casi idéntico en circunstancias no tiene lista de espera, hay alguien que tiene que llevarse un coscacho, que no va a merecer confianza. Si sabemos que hay un médico que se le mueren la mitad de los pacientes, está bien que no confiemos en él. La transparencia obliga a las autoridades a portarse mejor, a ponerse pila, a no gastar plata en cosas inútiles. Cuando las autoridades saben que las están mirando, que las van a criticar o incluso remover por su mala gestión, se preocupan de hacer las cosas mejor y, por esa vía, se va renovando la confianza. Creo que cuando hay oscuridad todos sospechamos, cuando alguien tiene algo que ocultar es porque hay algo feo; cuando la transparencia es máxima, se muestra lo bueno y lo malo, pero se incentiva mucho a que la gente profundice en lo bueno.
– A nivel nacional, se ha registrado un aumento del 24% de los casos o reclamos que han sido presentados ante el Consejo. ¿A qué responden estos reclamos, qué significan y cómo interpreta esta cifra?
– Nos tiene muy contentos, porque significa, a propósito de la confianza, que la gente conoce más al CPLT y confía en él. Cuando tú no confías en Carabineros o en el almacén de la esquina que te arregla la bicicleta, no vas donde él, vas a las instituciones donde hay confianza. Hemos estado haciendo un esfuerzo, estar aquí, haber venido a Machalí y estar en los lugares más apartados de Chile es una muestra del esfuerzo que estamos haciendo por darnos a conocer, por llegar a la comunidad y enseñarle a la gente todos los derechos que tiene, cómo utilizarlos y sacarles partido. Este momento es el fiel reflejo de ese mayor conocimiento de la gente de sus derechos y de cómo utilizarlos, y también de una ciudadanía más empoderada, que no le gusta que le pasen gato por liebre y que es más exigente, que quiere saber cuánta plata gastó el concejal en el viaje que hizo, qué resultados tuvieron los profesores del colegio en la prueba que hizo el MINEDUC y que una vez que obtenga esos resultados va a pedir más cosas.
– Por último, ¿cómo proyecta el trabajo que se viene para el Concejo? Me imagino que con iniciativas, como ya lo adelantaba, similares a la de Machalí a lo largo de todo el país.
– Sí, eso lo vamos a seguir haciendo, estando en la parte de la comunidad, con la gente, pero también se nos va a venir una época de cambios normativos y regulatorios. El proceso constituyente captó mucho la atención de la gente e hizo que el parlamento se ralentizara en reformas que eran muy importantes. (…) Hoy, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Banco Central, algunas corporaciones de municipios, que han sido polémicas estos últimos días, no están bajo la ley de transparencia. Para mí es algo que es constitucional de una democracia, aunque esté en una ley, que todas sus instituciones estén sometidas a la misma ley de transparencia y sigan las mismas exigencias. Ya hemos conversado con el Gobierno desde que asumió y hay una lista de reformas a la ley de transparencia que están muy claras y acordadas. Esperamos que ahora, que ya pasó el huracán emocional que significó el tema del plebiscito, nos podamos volver a poner las pilas como país y empezar a sacar las leyes que son urgentes. Esos serían unos cambios tremendos, si ya la transparencia sirve mucho, con esas reformas va a servir seis o siete veces más, va a llegar incluso a algunos ámbitos del sector privado y creo que va a ser un cambio muy revolucionario en la forma de entender la transparencia y ojalá sea pronto, en los próximos meses.
