Chile ha entrado, desde hace un tiempo ya podríamos decir, en un proceso de discusión de reformas complejas. Reformas que intentan resolver, por cierto, problemas que a su vez son cada vez más difíciles de abordar. Claramente, no podemos soslayar estas discusiones, todo lo contrario, tenemos que asegurarnos de que éstas ocurran, pero que a la vez se realicen sobre la base de antecedentes objetivos y confiables.
Así, hoy queremos avanzar en dimensiones por donde muchos países ya han transitado, con diferentes grados de éxito, dicho sea de paso. Esto para nosotros es información valiosa, y a la cual debemos atender. Más aún, muchas políticas públicas implementadas en otras partes del mundo han generado valiosos datos a partir de los cuales se han publicado artículos científicos en reputadas revistas internacionales; es interesante destacar que esto ha sido posible en parte porque muchos de estos programas incorporaron desde el principio una estrategia de evaluación de impacto.
Localmente también tenemos evidencia sobre la cual reflexionar, y hoy podemos mirar hacia atrás y sacar importantes aprendizajes de lo realizado. Más aún, las reformas tributarias que hemos llevado a cabo en el pasado también nos aportan evidencia respecto de cuáles han sido sus efectos, y por tanto qué esperar para el futuro. El actual proyecto de RT debiera atender con cuidado a esta evidencia.
Hoy necesitamos “objetivar” la discusión, por así decirlo. En este sentido, podríamos pensar en un rol más protagónico de la Oficina de Presupuestos del Congreso (OPC), puesto allí se llevan a cabo las discusiones más relevantes en temas de política pública. Por ello urge que los congresistas cuenten con datos objetivos y confiables respecto de las distintas iniciativas que ahí se discuten.
Otro organismo que también puede aportar en este mismo sentido es el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que tiene por objeto contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central. Por ello, cuando se discute una iniciativa con impacto fiscal, el CFA debiese generar evidencia y estudios que muestren -desde una posición más neutral- los efectos de las políticas propuestas, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Para que esto pueda ocurrir, y que organismos como la OPC y el CFA tengan más protagonismo (así como otros centros e institutos) se requiere que todos tengamos acceso a los mismos datos, cuestión que hoy no ocurre.
Si somos capaces de avanzar en fortalecer nuestra institucionalidad según lo planteado en estas líneas, entonces, se hará realidad la famosa frase: “dato mata relato”.
Rodrigo Montero
Decano de la Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma
