Del mismo modo que en otros aspectos de la realidad nacional, la desigualdad se expresa en el territorio y entre las regiones, como lo ha señalado la OCDE sobre Chile.
En ese sentido, el proceso de descentralización está fortaleciendo el papel de los gobiernos regionales y la capacidad de decidir sobre programas de inversión, lo que debiera permitir disminuir la brecha de desigualdad regional.
Alcanzar este objetivo, además requiere de las autoridades el fortalecimiento de una política pública sobre los criterios según los cuales el gobierno central asigna los recursos.
Un reciente estudio realizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) muestra que los gobiernos de los últimos 12 años han tendido a invertir más en infraestructura pública en las regiones que tienen más habitantes. El resultado práctico de este sistema de asignación es que las tres regiones de mayor población capturan la mayor parte de la inversión del gobierno central, con la excepción de La Araucanía donde el conflicto sociopolítico parece ser el elemento decisivo.
Desde el punto de vista del comportamiento de los ministerios, el MOP es el ministerio inversionista por excelencia, explicando cerca del 40% de toda la inversión del gobierno central en infraestructura de uso público. Sus decisiones son determinantes en los niveles de inversión de cada región del país.
Desde el punto de vista de la caracterización de las regiones, las extremas (Arica y Parinacota, Magallanes y Aysén) tienen poca población, generan muy poca producción con relación al resto del país y necesitan de apoyo del gobierno para sostenerse y desarrollar el área de turismo o nichos de producción. Las regiones mineras (Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo), tienen en general poca población, tienen un PIB estadísticamente alto y lo que requieren son bienes públicos para mejorar su calidad de vida. La zona centro-sur, que abarcaría desde Valparaíso a Los Lagos, es la zona más pobre del país. Desde el punto de vista de la inversión pública son regiones donde el Estado, directa o indirectamente, debe proveer la infraestructura y servicios que faciliten la producción con valor agregado y eleven su competitividad. Por último, la Región Metropolitana por su peso demográfico y económico es capaz de atraer grandes inversiones en infraestructura pública y privada.
Hay muchos otros criterios de asignación que sería conveniente que las autoridades analizaran, entre otros, para establecer su nivel de validación ciudadana. En particular, sería conveniente que la ciudadanía pudiera participar en una discusión sobre cuál o cuáles parecen ser los criterios de distribución de inversiones que cumplen con algún principio de justicia o equidad.
Por parte del gobierno, no hay una declaración sobre los criterios o principios que los diversos ministerios utilizan para invertir directamente en las regiones o para realizar transferencias que financien inversiones en las regiones.
En ausencia de una declaración política, las regiones se esfuerzan por promover sus necesidades de inversión sin tener una metodología de referencia, que permita objetivar la discusión con el gobierno central.
En consecuencia, en el contexto del proceso de descentralización que el país ha iniciado, y la natural competencia por recursos fiscales escasos, iniciar un debate sobre los criterios de asignación de fondos a las regiones que culmine en la definición una política pública con validación ciudadana, podría representar una importante contribución a un desarrollo mas equitativo de las regiones.
Catalina Binder
Abogada y consejera
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
