Señor Director:
Concurrí a la Corporación Judicial de Pichilemu para solicitar ayuda legal por la instalación de juegos mecánicos en la Avda. Ortúzar de Pichilemu (mi carta del 19 de Diciembre)
Creí que un abogado de esa Institución podría orientarme para apelar, de alguna forma, por la contaminación acústica y el deterioro de la calidad de vida que significa el funcionamiento de tales juegos en pleno centro de la ciudad, rodeados de domicilios particulares y comercio.
Si bien fui atendido en horario establecido, el Trabajador Social que me recibió solo pudo dar excusas por no poder ayudarme. Simplemente no tienen recursos. «En veintiséis años que llevo en funciones no ha habido más de dos abogados, mientras, la ciudad ha seguido creciendo», afirmó. De tres abogadas que hubo, una termina ahora su contrato y «no tienen recursos propios para volver a contratarla». Mientras, la Abogada Jefe se reintegraría a mediados de Enero, por problemas de salud. En suma, no dan abasto para atender a la población.
Tampoco tienen sede propia, solo arriendan. En general, una sensación de precariedad que no se compadece con la demanda de asistencia que crece constantemente.
En palabras del funcionario, la CAJ «es la última parte del escalafón judicial» justo donde se requiere más apoyo para quienes se ven afectados en sus derechos, como ha sido mi caso.
Saluda atentamente a Usted,
Sergio Mateluna Miranda
