La Encuesta Nacional de Migraciones 2022 viene a confirmar las evidencias producidas hasta ahora por investigadores e instituciones y a ratificar que los extranjeros residentes representan un aporte a la economía local, lo que debería contribuir a desestigmatizar y descriminalizar la migración. Asimismo, corrobora que parte importante de las personas migrantes enfrentan barreras de acceso a derechos y servicios, falta de vínculo con la población local y situaciones de discriminación. Su novedad, en cambio, es que pone de manifiesto la existencia de diversas brechas al interior de la población migrante.
El propio informe de la encuesta enfatiza la presencia de la brecha de género en el acceso al trabajo, destacando que los hombres muestran una tasa de ocupación 15 puntos más alta (92%) que la de las mujeres (77%). Esta diferencia se observa en todas las nacionalidades, pero es llamativo que alcance 9 puntos entre venezolanos y 25 puntos entre haitianos, lo que ilustra uno de los hallazgos centrales de la encuesta: las brechas entre nacionalidades, sobre todo entre las dos referidas. Si bien ambos grupos comparten varias características, presentan notables diferencias en acceso a servicios, condiciones familiares, disponibilidad de redes de apoyo y discriminación, entre otras, cuestión que se resume en que mientras 4 de cada 5 venezolanos dicen estar satisfechos con su vida, esto se observa solo para la mitad de los haitianos.
De aquí que resulte necesario prevenirse del uso acrítico de los datos, puesto que, mirados en su globalidad, los resultados del estudio pueden resultar engañosos: la muestra total de la encuesta disimula las brechas entre nacionalidades, así como el peso estadístico de la población venezolana en ella (45%) ayuda a matizar los indicadores críticos de grupos como el haitiano o el boliviano. En efecto, los datos desagregados por nacionalidad permiten realizar consideraciones más “realistas” sobre la población migrante, pues identifican aspectos clave en las diferencias entre los procesos de integración según país de origen. Aun así, se requieren datos sobre otras dimensiones, tales como salarios, tareas de cuidado y acceso al suelo urbano, para construir una visión más completa sobre estos procesos de integración diversos.
En cualquier caso, la información de la encuesta basta para confirmar que los grupos con menos recursos económicos y educativos en origen son los más perjudicados con las brechas migrantes, lo que revela la desatención del Estado respecto a la inclusión de la población inmigrante. Aun cuando es cierto que la falta de políticas integrales es más bien generalizada en Chile, el diseño de la futura Política Nacional de Migración debiera considerar estas brechas para favorecer procesos de integración social más equitativos, los cuales, de todas formas, requerirán del conjunto de la comunidad nacional para alcanzar estándares mínimos de inclusividad.
Jorge Canales Urriola
Dr. en Política, Instituciones e Historia
Académico Universidad Autónoma
