Priscilla Brevis Académica Carrera de Derecho Universidad de Las Américas Sede Concepción
Recientemente hemos visto como tras un largo desgaste de sus instituciones, el Estado democrático de Derecho se rompe en Perú. Sea cual sea el color político o la forma del quiebre, estas son siempre oscuras noticias para Latinoamérica.
La democracia como concepto político no siempre se ha entendido de la misma forma. Desde su origen griego, cuando los partícipes en ella eran solo unos pocos hombres con cierto estatus, excluyéndose mujeres, esclavos y otras personas sin riquezas, hasta nuestros días, en que significa algo muy distinto, donde el quién y el cómo se toman las decisiones democráticas apunta al pueblo en procedimientos con voto universal, con ampliación de la participación ciudadana y donde la protección de los derechos fundamentales se ha convertido en la sustancia de las democracias, en palabras de Ferrajoli.
Así, la democracia se ha convertido, más allá de un procedimiento, en un principio. Se trata de una aspiración jurídica y política para la regulación de la convivencia en sociedades complejas y, por tanto, de un consenso social.
Una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) da cuenta que pese a la desconfianza en las instituciones, en Chile aún un 61% de personas cree que este sistema es preferible a cualquier otra forma de gobierno, aunque un 53% estima que la democracia chilena funciona de manera solo regular (Estudio Nacional de Opinión Pública, agosto 2022).
Sin embargo, hay que agregar que la democracia no es un principio o una forma teórica de gobierno, sino que es también un proceso social y político, que se perfecciona y profundiza en tanto se le atribuya un valor central en el espacio público. Por ello, la valoración que le dé la sociedad es clave. Distintas actitudes pueden ir socavándola, desde quitarle valor o cuestionar la elección democrática en la configuración de órganos generadores de consensos políticos hasta la valoración de la fuerza por sobre el diálogo.
La democracia como principio debe ser valorada en la esfera pública y como mecanismo institucional puede y debe ser profundizada, para evitar caer en la deriva de la deslegitimación de las instituciones y procesos democráticos.
