El robo de cables es un delito que se ha vuelto cada día más común, afectando fuertemente a las instalaciones eléctricas y a la calidad y continuidad del servicio para clientes de amplias zonas del país.
Según datos de CGE, entre enero y diciembre de 2022 se registraron 854 eventos de robo de cables en redes de Baja y Media Tensión a lo largo de su zona de concesión.
De este total, 564 casos corresponden a la región de O’Higgins, donde las bandas delictuales se han apropiado ilegalmente de más de 40 kilómetros de cable de cobre. Esta situación, resaltan desde la empresa, afectó directamente la continuidad de suministro eléctrico de más de 70 mil clientes, en su mayoría de Rancagua, comuna que registró 549 casos de robo de cables el 2022. Otras comunas afectadas, pero en menor medida, fueron Machalí, Marchigüe, Chimbarongo, Doñihue, Graneros, Malloa, Mostazal, Navidad, Rengo, San Vicente y San Fernando.
“El robo de conductores afecta a toda la comunidad, ya que provoca interrupciones en el suministro eléctrico, y puede afectar la seguridad de la población, causando accidentes, incluso con resultados de muerte, para las personas que manipulan las instalaciones sin autorización. Estas son bandas organizadas que cuentan con elementos, equipos y tecnología, y su accionar tiene un impacto negativo en la calidad del suministro eléctrico de las personas”, señaló Alex Lobos, Gerente Zonal Rancagua-Cachapoal de CGE.
Panorama nacional
Junto a la región de O’Higgins, las regiones que registran un mayor número de incidentes -medido por la cantidad de metros de cable robado- son la región de Coquimbo, con más de 65 mil metros de cable sustraído en los últimos 12 meses; Arica-Parinacota y Tarapacá (25.700 metros), Maule (14.300 metros de cable); Atacama (9.700 metros robados); Biobío (3.500 metros robados), y la región Metropolitana, con 2.200 metros de cable robado.
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, señaló agregó Alex Lobos.
Pero no solo los clientes de CGE han sido afectados. En 2022, siete personas han fallecido intentando realizar estos delitos en las comunas donde la compañía presta servicio, demostrando el peligro de intervenir las redes eléctricas y el accionar de las mafias que están tras este ilícito, los cuales presionan a personas vulnerables para concretar estos delitos.
El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de al empresa, realizamos la denuncia ante Carabineros y Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos ilícitos”, concluyó.
