Por: Fernando Ávila F.
Este martes se realizó en el Juzgado de Garantía de San Fernando la formalización de C.M.H.V, ex jefe de finanzas del municipio colchagüino, donde el tribunal resolvió decretar su prisión preventiva por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, estableció un plazo de investigación de 60 días.
Al imputado, el Ministerio Público lo sindica como autor del delito consumado y reiterado de fraude al Fisco, ilícito cometido entre 2014 y 2021.
En la audiencia, la magistrada Rosa Cáceres Julio, consideró que, “se dan todos los requisitos del artículo 140, tanto los presupuestos materiales como la necesidad de cautela, por lo que se considera que la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público es la más proporcional para estos hechos considerando el bien jurídico afectado; esto es, la debida administración de estos fondos de la función que realizaba el imputado”.
Cáceres, agregó que “se privó de un lucro legítimo a un grupo de personas que dicen relación con salud y niños que están en educación, en poder beneficiarse con estos fondos públicos. De manera que el tribunal considera que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.
GESTIONABA SOBORNOS
Según el ente persecutor, entre 2014 y 2021, el imputado se dedicó a gestionar sobornos a concejales y dirigentes sindicales que se desempeñaban como asistentes del área de educación de la comuna, con el fin de arribar a contratos colectivos “negociados”; y desviar fondos asignados al municipio a Salud y Educación.
En el desfalco que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando (CORMUSAF), al imputado se lo sindica como uno de los responsables del fraude, indicando la fiscal de alta complejidad, Fabiola Echeverría, que en el desempeño de su cargo gestionó la creación de la Unidad de Recaudación y Cobranzas del municipio sanfernandino. Pese a ello, hasta este lunes seguía desempeñándose como jefe de finanzas de la repartición, siendo formalizado por fraude al Fisco, ya que se le investiga por desviar fondos de la educación, específicamente de la subvención escolar preferencial a favor del exalcalde Luis Berwart junto a otros imputados, pagándose incluso estudios profesionales personales, entre ellos diplomados, creando empresas ficticias para así desviar los fondos.
Según la defensa –del abogado Luis Cornejo-, lo anteriormente expuesto, era por imposición del alcalde Berwart, pues “debía cumplir con las órdenes”, asegurando el defensor que el ahora imputado no ha robado.
La fiscal Echeverría agregó que al ahora exjefe de finanzas del municipio de San Fernando se le imputa haber tenido acciones directas en el traspaso de recursos financieros desde la municipalidad hacia la Corporación Municipal y facilitar la salida de dineros para efectos distintos a los que indica la ley, y que estos dineros se justificaban con empresas de “papel” y documentos ideológicamente falsos, cerrando así el círculo de cómo los recursos llegaban a la CORMUSAF desde la municipalidad, siendo el imputado uno de los colaboradores estrechos del también imputado exalcalde Berwart, con una participación directa, por lo que se dispuso la prisión preventiva.
LA INDAGACIÓN
Se trata de una investigación en el marco de fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento privado que afectó a la CORMUSAF, diligencias que ya tienen a una treintena de imputados.
El trabajo que encabeza la Fiscalía de Alta Complejidad en manos de la fiscal Fabiola Echeverría, investiga delitos que se cometieron mediante diversas acciones, como la creación de sociedades utilitarias para fines delictivos (empresas fantasmas), utilización de sociedades reales que no prestaron los servicios pagados y otras como el cobro de dineros por funcionarios activos de la Corporación.
Es así como el Ministerio Público manifestó que están las condiciones para dar por acreditado el delito de fraude al Fisco (en calidad de autores) y falsificación de instrumento público (consumado y reiterado).
A la fecha por este caso se ha formalizado a 42 personas por diferentes cargos, entre ellos: fraude al fisco, malversación de caudales públicos, adulteración de instrumento público y privado, lavado de activos, emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas.
Entre los imputados figuran los exalcaldes Juan Paulo Molina (2004-2012) y Luis Berwart Araya (2012-2021), el primero con la cautelar de arresto domiciliario total; y el segundo, en prisión desde diciembre de 2021.
Hay que señalar que, al inicio de la audiencia, la magistrada prohibió la divulgación del rostro del imputado así como también su nombre, pese a que es de público conocimiento que se desempeñaba como encargado de finanzas del municipio de San Fernando.
Alcalde manifiesta su conformidad por resolución
El jefe comunal sanfernandino, Pablo Silva, expresó su conformidad por el curso de las indagatorias que permitieron formular cargos contra el funcionario municipal dada su presunta participación en el desvío de fondos de la CORMUSAF para otros fines, “tal como quedó acreditado en los informes de la Contraloría General de la República de los años 2016 y 2020 en que se detectó el desvío de fondos destinados al área educacional de la Corporación que corresponden al pago de cotizaciones, bonos incentivos al retiro de profesores y remuneraciones de los docentes”, aseguró.
El alcalde, a través de una declaración pública, sostuvo que tal como “lo comprometió al asumir la administración, se realizarán las gestiones judiciales pertinentes para sancionar los ilícitos detectados dado el serio daño patrimonial causado a San Fernando”.
Además, indicó que, en virtud de los antecedentes conocidos en la audiencia, se dispuso un sumario administrativo para determinar la eventual responsabilidad del imputado.
