Sr. Director,
Hace algunos días se hizo público que la Universidad de La República (ULARE) adeudaría cerca de 500 millones de pesos a una congregación religiosa por el uso de sus dependencias en el centro de Rancagua, las que debió abandonar. Esta es una señal más del profundo deterioro de la situación financiera y académica de esta institución, que llevó a la Superintendencia de Educación Superior a solicitar al Ministerio de Educación la revocación de su reconocimiento oficial, es decir, su cierre, en abril del 2021 y tras revisión de nuevos antecedentes, a insistir en ello en septiembre de 2022.
Según los antecedentes públicos que figuran en el registro de la Superintendencia, la Universidad de la República tenía, el 2020, un déficit de más de 1.800 millones, y más de 4.000 deudas previsionales con sus trabajadores.
Sin embargo, las actuales autoridades del Ministerio de Educación se han abstenido de actuar, aún teniendo los antecedentes a la vista y contando con facultades para hacerlo según la Ley de Educación Superior. Incluso han contradicho a la Superintendencia, que es la institución a cargo del tema. Esta es una omisión de grandes consecuencias, pues la inacción de la autoridad ha puesto en riesgo el derecho a la educación de los estudiantes de la ULARE, lo que se está manifestando concretamente en la región. El fantasma de los casos de la Universidad Arcis, o de la Universidad del Mar debieran habernos hecho aprender que la acción oportuna de la autoridad es clave para generar confianza en la educación superior.
Daniel Rodríguez
Director Ejecutivo de Acción Educar
