Por: Ricardo Obando, editor.
La semana pasada, la fiscalía de alta complejidad de la región formalizó a un nuevo involucrado en el caso CORMUSAF, por delitos de fraude al Fisco.
El caso, que ya acumula más de 40 personas puestas a disposición de la justicia, entre ellas dos exalcaldes y exconcejales, ha pasado a ser quizás la investigación más grande que se lleve adelante en la región por mala utilización -o derechamente robo- de dineros públicos destinados a la educación de miles de niños de San Fernando.
Los días pasan y las pruebas se siguen recolectando para poder, dentro de un tiempo, iniciar el juicio en contra de todos los imputados y lograr las condenas respectivas.
Lo ocurrido en la capital provincial de Colchagua, debe ser una voz de alerta porque, no es nuevo, que se aproveche los deficientes procesos administrativos para lucrar con millones y millones de pesos que deberían estar invertidos derechamente en las aulas públicas.
En esa ciudad fueron años de malas administraciones. Varios gremios -de docentes y asistentes- sacaron la voz para denunciar, pero nadie creyó. Es más, si hasta autoridades educacionales del Gobierno anterior estaban también involucradas y recibieron suculentas comisiones por “hacer vista gorda”. Uno de ellos, hoy procesado en el caso.
Es decir, la corrupción en dicha ciudad escaló hasta niveles altos dentro de la administración pública colchagüina.
Solo queda esperar que, por los afectados, se haga justicia y se pueda reparar en algo todo el mal que se hizo en esta comuna. Lo dice un sanfernandino.
