Nélida Ramírez Naranjo PhD, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule en Curicó.

La reforma tributaria presentada por el actual Gobierno al parlamento, el cual rechazó la idea de legislar, buscaba responder en parte a la pregunta ¿Cómo puede nuestro país sostener y ampliar los importantes avances económicos y sociales alcanzados en las últimas décadas en un contexto de desaceleración, alta volatilidad internacional e inflación como el actual?

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la respuesta a esta encrucijada pasa por la construcción de acuerdos nacionales en torno a diversos ámbitos del desarrollo, con un solo principio ético normativo y objetivo último: la igualdad de derechos de las personas.

El éxito de las reformas tributarias, que son necesarias a fin de mejorar la provisión de bienes públicos y reducir la desigualdad de ingresos, dependerá de la capacidad de las autoridades para establecer relaciones virtuosas de reciprocidad con la ciudadanía. El corolario de la ampliación de los recursos fiscales es, por tanto, la necesidad de una transformación de la gestión pública, que apunte a renovar la rendición de cuentas y mejorar la calidad de las finanzas públicas. En este sentido, el éxito de las reformas tributarias, que son necesarias a fin de mejorar la provisión de bienes públicos y reducir la desigualdad de ingresos, dependerá de la capacidad de las autoridades para establecer relaciones virtuosas de reciprocidad con la ciudadanía.

Las ideas fuerza de la reforma propuesta, incluían una reestructuración del impuesto a la renta con un sistema moderno semi-dual, estimularía la inversión de las empresas lo cual incentiva directamente acciones destinadas a aumentar su productividad. La combinación del nuevo régimen de tributación de ingresos del capital, el aumento de las tasas del impuesto global complementario que gravan los ingresos más altos del trabajo y la creación de un impuesto a la riqueza aumentarían la progresividad del sistema, elevando el aporte de las personas de mayores recursos 3% de la población, mientras que el 97% de los contribuyentes no pagarán más impuestos.

A lo anterior se suma un conjunto de medidas que buscaban reducir las exenciones tributarias, eliminar intersticios que facilitan la elusión, robustecer la capacidad para combatir la evasión de impuestos, y proporcionar el cumplimiento tributario de los buenos contribuyentes, incluyendo impuestos correctivos, orientados a promover la preservación del medio ambiente, reducir emisiones, el desarrollo de una vida sana y un desarrollo territorial equilibrado, incluyendo subsidios para promover conductas responsables.

La reforma tributaria propuesta se sustentaba en 8 principios ordenadores: (1) Progresividad y equidad; que cada persona pague los impuestos que corresponden en función a su posición económica, que dos rentas similares tengan tratamiento tributario similar y exista equidad territorial. (2) Transparencia y eficiencia; la ciudadanía debe conocer el origen y destino de los recursos recaudados. El Estado debe hacer un bueno uso de ellos. (3) Compromiso con el cumplimiento tributario; debe existir un pago íntegro y oportuno de los impuestos dentro del marco y espíritu de las leyes tributarias. (4) Simplicidad; el sistema debe facilitar el proceso y entendimiento de las obligaciones tributarias. (5) Educación y asistencia al contribuyente; la ciudadanía debe estar informada y recibir orientación sobre el pago de impuestos. (6) Corresponsabilidad; el sistema tributario contiene obligaciones para todos los actores, lo que se traduce en la formalización de beneficios y deberes. (7) Estabilidad y certeza; se deben evitar movimientos o interpretaciones contradictorias dentro de períodos breves. (8) Adaptabilidad; considerar la evidencia nacional e internacional para el diseño de nuevos impuestos que ayuden a enfrentar los nuevos desafíos.

El componente de tributación de las personas permitía el financiamiento de la ampliación de derechos sociales como salud, pensiones y la ampliación del sistema nacional de cuidados. Mientras tanto, los recursos que se podrían obtener por la limitación de exenciones y reducción de la evasión y la elusión tenían por objeto contribuir a la inversión en diversificación productiva e innovación. Finalmente, parte de los recursos del Royalty y la recaudación por impuestos correctivos sería utilizada para apoyar el proceso de descentralización, aumentando los recursos a las regiones. Todo esto, bajo una política fiscal responsable, transparente y eficiente.  Dado que la propuesta no contó con el apoyo en el parlamento, el ejecutivo deberá esperar hasta el próximo año para presentar una nueva propuesta.