La creciente incidencia de delitos cometidos por menores exige una respuesta urgente y decidida de nuestra sociedad. Necesitamos redefinir nuestro enfoque, centrándonos en la prevención, la contención y la reinserción social efectiva al mismo tiempo que es necesario perseguir estos delitos.
Es que en nuestra sociedad contemporánea, resulta cada vez más preocupante el aumento de los delitos violentos perpetrados por menores de edad. Estos jóvenes, en muchos casos, se ven atrapados en un ciclo difícil de romper, caracterizado por la ausencia de contención familiar y social. La trágica realidad es que muchos de ellos terminan envueltos en la «escuela de la calle», donde adquieren malos hábitos y se sumergen en un mundo de drogas, complicando aún más su rehabilitación y reintegración.
Una cifra alarmante revela que alrededor del 20% de los menores infractores son reincidentes refractarios, es decir, van configurando trayectorias delictivas cada vez más violentas. Comienzan con delitos de hurto y, gradualmente, avanzan hacia crímenes graves contra personas, como robos con intimidación e incluso homicidios. Este preocupante fenómeno se ve alimentado por la estrategia de las bandas criminales y el narcotráfico, que utilizan a niños para cooptar a la comunidad. La presencia de un menor relacionado con el crimen dentro de una banda criminal coarta la colaboración de la comunidad con las autoridades, dejando al niño secuestrado por este entorno peligroso. Además, esta dinámica traspasa la responsabilidad penal hacia el menor, quien, en muchos casos, es inimputable o recibe sanciones menos severas que los adultos.
Es innegable que debemos asegurarnos de que los delitos no salgan impunes. La justicia debe prevalecer y enviar un mensaje claro de que las acciones delictivas tienen consecuencias. Es esencial que los menores comprendan que sus actos no pueden pasar desapercibidos y que la ley no puede ser vulnerada impunemente. Esto implica una labor eficiente de las autoridades y una aplicación rigurosa de las medidas judiciales correspondientes.
Este año marca el décimo quinto aniversario de la Ley 20.084, que estableció un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes, considerando la aplicación de penas diferenciadas en función de su edad y la urgente necesidad de promover su reinserción social. Entre estas penas se encuentra la internación en centros especializados, donde los jóvenes infractores son privados de libertad para someterse a programas y tratamientos que apuntan a su reescolarización y preparación para el trabajo digno. Sin embargo, la realidad nos muestra que son pocos los que acceden a estas instancias de rehabilitación.
Debemos reconocer que el sistema judicial de menores se enfrenta diariamente a las realidades más crudas y complejas que afectan a estos jóvenes y niños, pero lamentablemente carece del reconocimiento social y el apoyo institucional necesarios para generar un cambio significativo.
Es momento de que, como sociedad, asumamos la responsabilidad compartida en el abordaje de esta problemática. Lejos de las contiendas electorales y enfocados en lo que realmente importa, los gobiernos y la sociedad en su conjunto debemos brindar igualdad de oportunidades a estos jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es fundamental que se promueva una intervención temprana, que se proporcionen programas de contención familiar y social, y se implementen medidas de prevención efectivas. La reinserción de estos jóvenes no debe ser solo una utopía, sino una meta alcanzable que requiere un esfuerzo conjunto.
Es imprescindible reconocer el valioso trabajo que realizan los profesionales del sistema judicial de menores, quienes se enfrentan diariamente a las situaciones más desafiantes y desgarradoras. Sin embargo, su labor se ve obstaculizada por la falta de apoyo y recursos necesarios para llevar a cabo intervenciones significativas. Es hora de que se les brinde el reconocimiento merecido y se les proporcione el respaldo institucional necesario para abordar de manera efectiva esta problemática.
Además, es fundamental que la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad de construir oportunidades reales para estos jóvenes. Debemos dejar de lado la indiferencia y actuar enérgicamente para garantizar su reinserción social y su desarrollo integral. Esto implica crear programas educativos y laborales que les brinden las herramientas necesarias para un futuro prometedor.
La igualdad de oportunidades es un derecho fundamental que debemos asegurar a todos los miembros de nuestra sociedad, incluidos los menores infractores de la ley. No podemos permitir que su destino sea determinado por la desesperanza y la exclusión. Es hora de unirnos como sociedad y enfrentar este desafío con empatía, solidaridad y responsabilidad.
Luis Fernando González V.
Sub Director.
