El abogado Eduardo Marchant Cabrera ha asumido el cargo de Seremi de Justicia y Derechos Humanos en la región de O’Higgins con el objetivo de representar al Ministerio de Justicia y contribuir al desarrollo del país a través de la modernización del sistema de justicia. Su principal tarea es promover normas y políticas públicas orientadas a facilitar el acceso y la protección de los derechos de las personas, la reinserción social y la seguridad ciudadana en un marco de respeto a los Derechos Humanos.
En sus primeras declaraciones, Marchant enfatizó la importancia de la coordinación con diversas instituciones como el Registro Civil, Servicio Médico Legal, Gendarmería, Defensoría Penal Pública, Corporación de Asistencia Judicial y Sename. Estos organismos son fundamentales para garantizar la cercanía con la comunidad y brindar un servicio de calidad.
El Seremi de Justicia destacó la labor del Registro Civil y la Corporación de Asistencia Judicial, que son los servicios más demandados por la ciudadanía. En cuanto a la renovación de cédulas de identidad, informó que se está implementando un programa intensivo para reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a través de acciones en las oficinas y plazas de justicia, acercándose a las comunas con menor acceso.
POLITICAS Y PROGRAMAS
En cuanto a los beneficios, políticas y programas del Ministerio de Justicia, Marchant señaló que cada servicio tiene planes de acción dirigidos a mejorar la gestión y reducir los tiempos de espera. El Registro Civil busca agilizar los trámites de cédula de identidad y avanzar en su digitalización. La Corporación de Asistencia Judicial busca ampliar su cobertura y mejorar sus instalaciones. El Servicio Médico Legal también cuenta con proyectos en carpeta –indicó- todos enfocados en acercarse más a las personas y brindar un servicio eficiente.
“Cada uno de los servicios cuenta con algún plan de acción dirigido. En el Registro Civil es reducir los tiempos de espera de la solicitud de cédula de identidad, digitalizar aún más. Corporación de Asistencia Judicial está tratando de ampliar su campo cobertura, tenemos ahí algunos proyectos sobre mejoramiento de algunas instalaciones, Servicio Médico Legal también tiene una serie de proyecto en carpeta, pero en general todos tratan de mejorar la gestión, reducir los tiempos y acercarse más hacia las personas”, expuso el Seremi de Justicia.
PRIORIDADES
Las prioridades para el periodo de gestión de Marchant incluyen resolver los nudos críticos que existen en las distintas instituciones del Ministerio de Justicia, como el hacinamiento en las cárceles a cargo de Gendarmería. Además, se buscará coordinar con otros ministerios y servicios para mejorar la gestión y establecer instancias de diálogo que permitan destrabar situaciones burocráticas.
“La prioridad es que en las distintas instituciones que depende del Ministerio Justicia conversen y tratamos de solucionar algunos nudos críticos que hay. El Ministerio de Justicia por ejemplo tiene a Gendarmería, ahí el tema manejar el hacinamiento que estamos bien pero excelente, aún no llegamos al tope, pero estamos cerca. Hay que mantener esos rangos. Tenemos una serie de situaciones que se tienen que realizar, por ejemplo, una reducción significativa de los pelotazos, estos lanzamientos que se producían desde la calle, hubo una gestión muy importante en la cárcel de Rancagua, se estableció una zanja, lo que redujo bastante la cantidad”.
Respecto a su expectativa como Seremi de Justicia y Derechos Humanos es “En términos generales lograr una mejor justicia, eso significa proteger los derechos de cada uno de los que intervienen, que ésta sea rápida y oportuna dentro de los que los procesos nos permiten. Ese sería mi ideal, una mejor justicia para todos”.
ALGO DE SU CURRICULUM
Eduardo Marchant Cabrera es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Arcis. Según su currículo cuenta con una vasta experiencia en Derecho Civil y Comercial. Ha trabajado como abogado en el Cementerio General de Santiago y en estudios jurídicos. Con una trayectoria laboral de 10 años, ha sido encargado de gestión de personas en la Delegación Presidencial Provincial de Talagante y abogado querellante en causas de víctimas de violaciones de Derechos Humanos. También ha trabajado en diversas ramas del derecho, como compras públicas, derecho laboral, derecho civil y derecho corporativo.