A través de una declaración pública, el senador de nuestra región y presidente nacional de la UDI, Javier Macaya, se pronunció sobre la acusación que pesa contra su padre, Eduardo Macaya Zentilli, de 71 años.
En el comunicado, el legislador afirmó tener «la convicción de que se trata de una acusación falsa». Además, mencionó que su padre se presentó voluntariamente ante el Tribunal de Garantía de San Fernando para ofrecer su colaboración en la investigación y acreditar su inocencia en las instancias correspondientes. En este sentido, el senador hizo un llamado al respeto de la presunción de inocencia y expresó su confianza en que el rol público de uno de sus hijos no se convierta en una excusa para agregar una carga adicional a su padre, traspasando las barreras de la dignidad y el derecho a la privacidad de todas las partes involucradas, incluyendo a las personas denunciantes.
Prisión preventiva y 90 días de investigación.
Eduardo Macaya Zentilli, de 71 años, fue formalizado por el presunto delito de abuso sexual infantil. Se investigan actos de connotación sexual que habrían afectado a tres adolescentes, entre ellas una menor de 12 años.
La formalización tuvo lugar en el Juzgado de Garantía de San Fernando luego de que la familia de una menor presentara una denuncia en Santiago, siendo la PDI de la capital quien lleva adelante la investigación.
En este contexto, personal policial se trasladó al Fundo Elena en la noche del martes, donde no se encontraba Macaya. Sin embargo, el acusado se entregó voluntariamente ante el Tribunal de Garantía de la capital de Colchagua la mañana del miércoles.
Durante la audiencia de control de detención, la defensa de Macaya enfatizó que su representado nunca estuvo detenido y se presentó voluntariamente, permaneciendo en la sala de espera del tribunal hasta la formalización. Durante el desarrollo de la audiencia, que se realizó de manera remota, se dispuso que la prensa se desconectara, permitiendo su ingreso solo al finalizar la audiencia para conocer el resultado. Esto se debió a que el Ministerio Público argumentó que se mostraría material sensible que involucraba a menores de edad, por lo que era necesario proteger su privacidad.
Tras la formalización, el tribunal decretó la prisión preventiva del acusado, quien fue trasladado a la cárcel de Rancagua. La defensa solicitó su ingreso al hospital penal de la cárcel, y el tribunal accedió a la solicitud para su evaluación médica. Se estableció un plazo de 90 días para llevar a cabo la investigación debido a la existencia de diligencias pendientes, incluyendo pericias y otras diligencias de gran importancia, según informó la fiscal Javiera Oro.
