Por: Mariel Fernández Moris.
Desde el pleno invierno de 2021, es decir casi dos años, que miembros del condominio Nueva Esperanza de Butrón han estado esperando para conseguir respuestas certeras que logren aminorar su incertidumbre, una palabra que se traduce en el mal vivir por el que atraviesan actualmente y una calidad de vida que se emplaza en reuniones, instancias donde solo se han tomado medidas transitorias.
Al verse expuestos a una constante situación de precariedad habitacional, es que se reúnen con la empresa constructora ARMAS -responsable de la obra- ante lo cual se comprometieron a extender un año más la garantía de la instalación de las redes de agua esto solamente en los primeros pisos, situación que poco a poco iba afectando a todas las etapas del condominio social. Además, ARMAS, realizó un levantamiento de información de la cual los vecinos no estuvieron de acuerdo argumentando que “no era un proceso transparente” puesto que en un comienzo no hicieron llegar los resultados a la comunidad, aunque recién pudieron revisarlo detalladamente luego de su insistencia por ley lobby con nuevas reuniones con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Pero, las mesas de trabajo no quedaron en pausa, conversaron con el entonces exdirector Serviu Manuel Alfaro, lo que dio comienzo a una instancia de conversación entre todos los actores, tales como la comunidad, SERVIU e inmobiliaria. Tiempo después se continua en diálogo, pero esta vez con la exdirectora subrogante de SERVIU, Daniela Soto, quien se compromete a realizar un nuevo levantamiento, pero este finalmente no se realiza.
Luego entra el alcalde Juan Ramón Godoy y el director de Dirección de Obras Municipales (DOM), donde solicitaron un acta de reunión, pero no se les hizo entrega, lo que si se derivó el tema a Vivienda. Desde el municipio estuvieron junto a los vecinos y vecinas en dos reuniones, pero después no. Para después culminar en la oficina de la Seremía respectiva, ya que el problema se debe ver con mayor profundidad por la entidad.
LOS VECINOS
Mitzy Flores, miembro del Comité Condominio Nueva Esperanza etapa 4, menciona que “desde febrero terminó la garantía extendida en donde cada familia ha tenido que correr con su propio bolsillo la reparación de filtración, hay departamentos que ya llevan sus tres filtraciones y de verdad no hay bolsillo que aguante. Este condominio es de viviendas sociales, aquí hay familias que no les sobra el dinero para solventar la cantidad de filtraciones. Nosotros lo que queremos antes que hagan un mejoramiento que realicen un estudio completo de acá y que nos dé seguridad a las familias porque esto es una incertidumbre constante”.
DESDE EL SERVIU
El Rancagüino contactó al director de SERVIU O’Higgins, Omar Gutiérrez, quien respondió a través de un comunicado acerca de responsabilidad de los problemas de construcción y filtraciones que afectan a los vecinos del Condominio Esperanza de Butrón, señalando que “es completa y plena de la empresa constructora y de los profesionales autores del proyecto. Eso es lo que señala la ley y por lo tanto los vecinos tienen que hacer valer sus derechos donde corresponde que es en el Poder Judicial. Si los vecinos se organizan nosotros les podemos orientar en este proceso, pero no somos parte del problema del punto de vista jurídico”.
Sin embargo, Gutiérrez enfatizó que Serviu y el Ministerio de Vivienda “sí somos parte de la futura solución en el sentido de acompañar a los vecinos en cómo armar un proyecto para mejorar sus viviendas y poder postular a los subsidios que sí tiene el ministerio disponibles para ello, con los tiempos correspondientes y ocupando todas las posibilidades de postulación que puedan cada uno de los dueños de esas unidades habitacionales”.
El director de Serviu explicó que “en este caso se trata de lo que se conoce como problemas de construcción de post venta, es un proyecto que, si bien cuenta con subsidios, éstos son entregados en calidad individual, como postulantes y fue parte de un proceso de oferta a la demanda que desarrolló la Constructora Armas al postular a un fondo, que en este caso era un piloto, de integración social”.
Añadió que “la verdad es que los vecinos están molestos por la lentitud de la respuesta de la constructora en la solución a un problema en las redes internas de agua de los edificios y nosotros lo que podemos hacer dado que no somos parte en este proyecto, no fue un proyecto Serviu propiamente tal sino que contó con el financiamiento individual de cada vecino. Lo que podemos hacer y en eso hemos estado acompañando a los vecinos es orientarlos en los procesos de solución a través de una entidad patrocinante más conocidas como EGIS y poder desarrollar un proyecto de mejoramiento del problema que tienen y ver las condiciones de postulación. Les podemos acompañar en ese proceso”.
Por parte de la empresa constructora ARMAS no obtuvimos su versión, pese a la insistencia de los llamados no logramos respuesta.
Mientras el miedo latente con el que día a día miembros de este condominio tienen que lidear es el sentimiento que se apodera de un hogar inestable que opaca sus sueños y de tener una vivienda digna, misma que actualmente no cumple con lo esencial para vivir y una respuesta que tarda pero no llega, es hoy la realidad de cientos de personas que confiaron en un proyecto pero que en el camino no han podido disfrutarlo por el puño de irregularidades que tienen las viviendas sociales que esperaron por mucho tiempo.
Dato
De acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcción contempla que los plazos de prescripción son:
- Diez años en el caso de fallas o defectos que afecten a la estructura soportante del inmueble.
- Cinco años cuando se trate de fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones.
- Tres años si hubiesen fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o de acabado de las obras.
